El portavoz de la Mesa del Agua reclama a Acuamed que compre la desaladora y la gestione
ALMERÍA HOY / 12·07·2018
"Los agricultores de Rambla Morales han sido engañados por promotores que querían campos de golf y urbanizaciones". Así opina José Antonio Fernández, portavoz de la Mesa del Agua de Almería, al ser preguntado por ALMERÍA HOY sobre la situación de dichos agricultores tras la "pésima" gestión realizada a la hora de construir la única desaladora de iniciativa privada de la provincia, que sigue paralizada y judicializada.
Fernández apuesta, pues, por "estatalizarla, hacerla pública", y para ello sólo contempla una vía posible: "Creemos que hay que ponerla ya en el circuito de agua ante las necesidades que padece esta provincia. Que la rescate Acuamed, no hay otra fórmula".
Desde la Mesa del Agua de Almería trasladan que "si los agricultores entran ahí después de la experiencia vivida sería un error", y apuntan que "también tendrá que haber un precio pactado para ese agua desalada". Fernández recuerda que la desaladora de Rambla Morales tiene capacidad para unos 15 hectómetros cúbicos: "No servirá para paliar todo el déficit, pero sí una buena parte".
En ese sentido, habla de qué zonas se beneficiarían las primeras. "Posiblemente toda la zona de Níjar. También creo que sería bueno una dotación para el Bajo Andarax, y también falta agua en el Almanzora, así que lo que no haga falta en Níjar podría ir para allá. ¿Cómo? Hay conducción de agua de Carboneras con el Almanzora, sería sólo un intercambio".
En cualquier caso, el portavoz de la Mesa del Agua no se corta a la hora de expresar su opinión sobre lo sucedido en Rambla Morales: "Los agricultores de Rambla Morales han sido engañados por promotores que querían campos de golf y urbanizaciones, y como excusa metieron a los agricultores de 'conejillos de indias' para justificar la inversión".
"Se hicieron infraestructuras que venían muy bien para construir muchas urbanizaciones residenciales y campos de golf. En aquella fecha, para convertir una zona rústica en urbana tenías que justificar el agua, y estos se estaban adelantando con una desaladora para después introducir los cambios de uso de suelo. En definitiva, a los agricultores los han dejado tirados".
Por todo lo anterior, pide al Gobierno que intervenga. "Pedimos que sean ellos los que entren, porque está claro que como iniciativa privada la desaladora de Rambla Morales no sale adelante", sentencia.
Opinión coincidente con COAG y Asaja
Días atrás, este medio conversaba de este y otros temas con Andrés Góngora, secretario de COAG-Almería, y esto es lo que opinaba al respecto. "Fue una iniciativa privada, aunque contó con subvenciones públicas. Es un proyecto de un grupo de agricultores desgraciadamente asesorados e influidos por un grupo de empresarios, sobre todo empresarios inmobiliarios, y que sigue judicializada. Es un proceso muy difícil de resolver. Con la necesidad de agua que tenemos, esa desaladora tenía que ponerse en marcha. Había un préstamo de La Caixa de por medio, y realmente es la entidad financiera la que tiene que tomar una decisión de qué hacer con esa planta desaladora".
"Mientras tanto, los agricultores afectados siguen en una situación de dificultad y no saben qué va a pasar con su tierra porque ese prestamos está avalado en parte por las tierras de los propios regantes. Esperemos que se resuelva lo mejor posible y que La Caixa comprenda que esa situación no se puede mantener. Y que sobre todo, la Administración colabore con la solución. Creemos que esa desaladora tiene que entrar a formar parte de la red de desaladoras del Estado y liberar de la deuda a los propietarios".
Tres meses atrás, le preguntábamos también al que fuera presidente provincial de Asaja, Paco Vargas, fallecido recientemente, y nos decía esto: "Las propuestas que había en 2002 para traer agua se resumían básicamente en el trasvase del Ebro. Entonces, la Junta de Andalucía propuso hacer actuaciones en materia hídrica, y propuso una desaladora de iniciativa privada con subvención de la UE. Se hizo el proyecto, se pasó un listado de comuneros donde decían que recibirían agua:, pero al final el proyecto se disparó en costes. Creo recordar que eran 125 millones euros entre la desaladora y las redes. Cuando se terminó la obra, se informó a los agricultores cuánto tenían que pagar, y vieron que era inasumible, así que renunciaron a su derecho de agua y se quedó sin comuneros. Después se judicializó todo, y ahora mismo se debe ese dinero a La Caixa mientras está pendiente de resolución judicial. Mientras tanto, se está estudiando si con pequeñas modificaciones en esa infraestructura se pueden abaratar costes para poder usarla".
Fernández apuesta, pues, por "estatalizarla, hacerla pública", y para ello sólo contempla una vía posible: "Creemos que hay que ponerla ya en el circuito de agua ante las necesidades que padece esta provincia. Que la rescate Acuamed, no hay otra fórmula".
Desde la Mesa del Agua de Almería trasladan que "si los agricultores entran ahí después de la experiencia vivida sería un error", y apuntan que "también tendrá que haber un precio pactado para ese agua desalada". Fernández recuerda que la desaladora de Rambla Morales tiene capacidad para unos 15 hectómetros cúbicos: "No servirá para paliar todo el déficit, pero sí una buena parte".
En ese sentido, habla de qué zonas se beneficiarían las primeras. "Posiblemente toda la zona de Níjar. También creo que sería bueno una dotación para el Bajo Andarax, y también falta agua en el Almanzora, así que lo que no haga falta en Níjar podría ir para allá. ¿Cómo? Hay conducción de agua de Carboneras con el Almanzora, sería sólo un intercambio".
En cualquier caso, el portavoz de la Mesa del Agua no se corta a la hora de expresar su opinión sobre lo sucedido en Rambla Morales: "Los agricultores de Rambla Morales han sido engañados por promotores que querían campos de golf y urbanizaciones, y como excusa metieron a los agricultores de 'conejillos de indias' para justificar la inversión".
"Se hicieron infraestructuras que venían muy bien para construir muchas urbanizaciones residenciales y campos de golf. En aquella fecha, para convertir una zona rústica en urbana tenías que justificar el agua, y estos se estaban adelantando con una desaladora para después introducir los cambios de uso de suelo. En definitiva, a los agricultores los han dejado tirados".
Por todo lo anterior, pide al Gobierno que intervenga. "Pedimos que sean ellos los que entren, porque está claro que como iniciativa privada la desaladora de Rambla Morales no sale adelante", sentencia.
Opinión coincidente con COAG y Asaja
Días atrás, este medio conversaba de este y otros temas con Andrés Góngora, secretario de COAG-Almería, y esto es lo que opinaba al respecto. "Fue una iniciativa privada, aunque contó con subvenciones públicas. Es un proyecto de un grupo de agricultores desgraciadamente asesorados e influidos por un grupo de empresarios, sobre todo empresarios inmobiliarios, y que sigue judicializada. Es un proceso muy difícil de resolver. Con la necesidad de agua que tenemos, esa desaladora tenía que ponerse en marcha. Había un préstamo de La Caixa de por medio, y realmente es la entidad financiera la que tiene que tomar una decisión de qué hacer con esa planta desaladora".
"Mientras tanto, los agricultores afectados siguen en una situación de dificultad y no saben qué va a pasar con su tierra porque ese prestamos está avalado en parte por las tierras de los propios regantes. Esperemos que se resuelva lo mejor posible y que La Caixa comprenda que esa situación no se puede mantener. Y que sobre todo, la Administración colabore con la solución. Creemos que esa desaladora tiene que entrar a formar parte de la red de desaladoras del Estado y liberar de la deuda a los propietarios".
Tres meses atrás, le preguntábamos también al que fuera presidente provincial de Asaja, Paco Vargas, fallecido recientemente, y nos decía esto: "Las propuestas que había en 2002 para traer agua se resumían básicamente en el trasvase del Ebro. Entonces, la Junta de Andalucía propuso hacer actuaciones en materia hídrica, y propuso una desaladora de iniciativa privada con subvención de la UE. Se hizo el proyecto, se pasó un listado de comuneros donde decían que recibirían agua:, pero al final el proyecto se disparó en costes. Creo recordar que eran 125 millones euros entre la desaladora y las redes. Cuando se terminó la obra, se informó a los agricultores cuánto tenían que pagar, y vieron que era inasumible, así que renunciaron a su derecho de agua y se quedó sin comuneros. Después se judicializó todo, y ahora mismo se debe ese dinero a La Caixa mientras está pendiente de resolución judicial. Mientras tanto, se está estudiando si con pequeñas modificaciones en esa infraestructura se pueden abaratar costes para poder usarla".
