Antonio Sánchez, presidente de AEMA: "Sí va a haber una asfixia financiera bastante grave para algunas empresas"
 |
| Empresa marmórea en Macael. |
ALMERÍA HOY / 24·07·2018
Los empresarios del mármol almeriense denunciaban la pasada semana el "peligro" que corre el sector -y 1.200 empleos del Almanzora- ante el cambio de criterio de la administración andaluza en la aplicación de la normativa sobre garantías financieras de restauración que, hasta ahora, las explotaciones macaeleras venían cumpliendo. Ante esto, la Junta mostró su "sorpresa" ya que, según apunta, no hay "ningún empleo en riesgo", algo que no comparte en absoluto Antonio Sánchez, presidente de los Empresarios del Mármol de Almería (AEMA).
Así se expresa Sánchez en declaraciones a ALMERÍA HOY: "Nos dice que no hay riesgo para el empleo. Nosotros no hemos expresado ninguna opinión, estamos dando datos objetivos desde el principio; entendemos que va a haber un estrangulamiento financiero, siempre hablando del cambio de criterio de la Junta de Andalucía. Entendemos que las empresas están cumpliendo con la normativa en base a la aplicación de la instrucción que fue emitida por la Dirección General de Industria y Minas, en 2015, una interpretación del Real Decreto del año 2009, y entendemos que estrangulamiento financiero sí que va a haber".
En ese sentido, indica que que ha leído "alguna declaración del delegado sobre los avales de las empresas hablando de que hay avales no superiores a 400.000 euros; a mí los datos objetivos que me constan son de avales por empresa de más de 600.000 euros en algún caso sólo para una explotación; imagínese si esa empresa tiene más de una explotación".
"Sí va a haber una asfixia financiera -insiste- bastante grave para algunas empresas, pero sobre todo hablemos de números globales; los 18 millones de euros del plan de restauración aprobado en 2011, estaríamos hablando que eso supondría más de 13 millones de euros de garantía financiera adicional. Eso es un dato objetivo que va a obligar a una empresa a tener que estrangular financieramente su cuenta de resultados, el endeudamiento y la capacidad de financiación".
Por último, Antonio Sánchez pone un ejemplo: "Imagínese una empresa que tenga que aportar más de 600.000 euros de aval, y otro más pequeño que aporte más de 200.000 euros; ya tiene casi un millón de euros de aval, y al final esa empresa al final de los 30 años va a tener un 70% más de gasto financiero, que merma su capacidad de acción y de competitividad. Además, si esa empresa va a necesitar endeudarse, imagínese, todo el mundo sabe que las empresas viven momentos de liquidez diferentes, si tiene que hacer frente a algún tipo de financiación por cualquier necesidad, puede ser mermada de una forma objetiva. No es discutible que se pone en riesgo el empleo y la viabilidad de las empresas. Con datos objetivos, sí que va a haber un riesgo firme para las empresas, y por tanto, para el empleo".
Papel del delegado de Economía
"Llevamos un año manteniendo distintas reuniones -apunta al ser preguntado por los encuentros mantenidos con la administración a cuenta de este problema-. Siempre hemos advertido de que ese cambio de criterio puede provocar un grave riesgo. Las competencias de minería están atribuidas a la Delegación de Economía, y el delegado Miguel Ángel Tortosa, si no resuelve a favor de lo que estamos diciendo, porque él tiene informes jurídicos suficientes como para poder resolver para mantener el criterio que se viene estableciendo, que es lo que venimos pidiendo todos estos años, si él resuelve apoyando el cambio de criterio que criticamos, a pesar de ir en contra del propio criterio que establece la Dirección General de Industria, Energía y Minas, pues lógicamente, el procedimiento administrativo funciona por recurso de alzada ante la Dirección General".
"Nosotros en todo este tiempo hemos mantenido conversaciones con él, y hemos buscado todo el apoyo jurídico, pero si no resuelve el problema habrá que pasar la pelota a Sevilla, que entiendo que es lo que va a ocurrir si él no resuelve como delegado territorial en favor de lo que venimos trabajando".
Comunicado de la Delegación de Economía
El delegado territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, mostraba mediante un comunicado su "sorpresa" por el llamamiento que hace AEMA aludiendo a un bloqueo “que no existe, por lo que no hay ningún riesgo de pérdida de puestos de trabajo”, ha señalado Tortosa, que ha explicado que el procedimiento está abierto y no se han agotado las vías administrativas.
El Servicio de Minas de la Delegación Territorial ha redactado un informe técnico que se basa en el artículo 42 del Real Decreto 975/2009, que establece el deber de los explotadores de derechos mineros de constituir un aval o equivalente para garantizar que se cumple la obligación de restaurar el suelo que se ve afectado por la actividad minera. "Se trata, pues, de asegurar que haya fondos suficientes para acometer la restauración de la sierra de Macael cuando cesen las explotaciones de mármol".
"Desde que se iniciaron las negociaciones con AEMA se han ofrecido desde la Junta facilidades, en forma y en plazos, para que las empresas puedan depositar los avales que exige el Real Decreto 975/2009 al tiempo que se mantiene la viabilidad de las explotaciones de mármol. Aquellas empresas que tengan dificultad para depositar los avales, siempre han tenido las puertas de la Delegación Territorial abiertas para buscar fórmulas que garanticen el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo hagan viable la su continuidad".
"El apoyo de la Junta de Andalucía al sector del mármol es indudable: desde 1995 el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 60 millones de euros en diversas líneas de incentivos al sector; desde Extenda, se vienen organizando varias acciones para promover su presencia y crecimiento en el mercado internacional (los sucesivos Encuentros Internacionales de la Piedra Natural, el programa Embajadores del Mármol para Estados Unidos, la presentación de la Marca Macael en Nueva York en 2017, etc.); además, se forma a los futuros trabajadores y trabajadoras en la Escuela del Mármol respondiendo a las necesidades de las empresa. En definitiva, el Gobierno andaluz apoya la minería sostenible, respetuosa con el entorno y con la ley y responsable con la sociedad del futuro. La intención de la Junta es ayudar a las empresas, siempre dentro del marco de la ley", argumentan.
Así se expresa Sánchez en declaraciones a ALMERÍA HOY: "Nos dice que no hay riesgo para el empleo. Nosotros no hemos expresado ninguna opinión, estamos dando datos objetivos desde el principio; entendemos que va a haber un estrangulamiento financiero, siempre hablando del cambio de criterio de la Junta de Andalucía. Entendemos que las empresas están cumpliendo con la normativa en base a la aplicación de la instrucción que fue emitida por la Dirección General de Industria y Minas, en 2015, una interpretación del Real Decreto del año 2009, y entendemos que estrangulamiento financiero sí que va a haber".
En ese sentido, indica que que ha leído "alguna declaración del delegado sobre los avales de las empresas hablando de que hay avales no superiores a 400.000 euros; a mí los datos objetivos que me constan son de avales por empresa de más de 600.000 euros en algún caso sólo para una explotación; imagínese si esa empresa tiene más de una explotación".
"Sí va a haber una asfixia financiera -insiste- bastante grave para algunas empresas, pero sobre todo hablemos de números globales; los 18 millones de euros del plan de restauración aprobado en 2011, estaríamos hablando que eso supondría más de 13 millones de euros de garantía financiera adicional. Eso es un dato objetivo que va a obligar a una empresa a tener que estrangular financieramente su cuenta de resultados, el endeudamiento y la capacidad de financiación".
Por último, Antonio Sánchez pone un ejemplo: "Imagínese una empresa que tenga que aportar más de 600.000 euros de aval, y otro más pequeño que aporte más de 200.000 euros; ya tiene casi un millón de euros de aval, y al final esa empresa al final de los 30 años va a tener un 70% más de gasto financiero, que merma su capacidad de acción y de competitividad. Además, si esa empresa va a necesitar endeudarse, imagínese, todo el mundo sabe que las empresas viven momentos de liquidez diferentes, si tiene que hacer frente a algún tipo de financiación por cualquier necesidad, puede ser mermada de una forma objetiva. No es discutible que se pone en riesgo el empleo y la viabilidad de las empresas. Con datos objetivos, sí que va a haber un riesgo firme para las empresas, y por tanto, para el empleo".
Papel del delegado de Economía
"Llevamos un año manteniendo distintas reuniones -apunta al ser preguntado por los encuentros mantenidos con la administración a cuenta de este problema-. Siempre hemos advertido de que ese cambio de criterio puede provocar un grave riesgo. Las competencias de minería están atribuidas a la Delegación de Economía, y el delegado Miguel Ángel Tortosa, si no resuelve a favor de lo que estamos diciendo, porque él tiene informes jurídicos suficientes como para poder resolver para mantener el criterio que se viene estableciendo, que es lo que venimos pidiendo todos estos años, si él resuelve apoyando el cambio de criterio que criticamos, a pesar de ir en contra del propio criterio que establece la Dirección General de Industria, Energía y Minas, pues lógicamente, el procedimiento administrativo funciona por recurso de alzada ante la Dirección General".
"Nosotros en todo este tiempo hemos mantenido conversaciones con él, y hemos buscado todo el apoyo jurídico, pero si no resuelve el problema habrá que pasar la pelota a Sevilla, que entiendo que es lo que va a ocurrir si él no resuelve como delegado territorial en favor de lo que venimos trabajando".
Comunicado de la Delegación de Economía
El delegado territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, mostraba mediante un comunicado su "sorpresa" por el llamamiento que hace AEMA aludiendo a un bloqueo “que no existe, por lo que no hay ningún riesgo de pérdida de puestos de trabajo”, ha señalado Tortosa, que ha explicado que el procedimiento está abierto y no se han agotado las vías administrativas.
El Servicio de Minas de la Delegación Territorial ha redactado un informe técnico que se basa en el artículo 42 del Real Decreto 975/2009, que establece el deber de los explotadores de derechos mineros de constituir un aval o equivalente para garantizar que se cumple la obligación de restaurar el suelo que se ve afectado por la actividad minera. "Se trata, pues, de asegurar que haya fondos suficientes para acometer la restauración de la sierra de Macael cuando cesen las explotaciones de mármol".
"Desde que se iniciaron las negociaciones con AEMA se han ofrecido desde la Junta facilidades, en forma y en plazos, para que las empresas puedan depositar los avales que exige el Real Decreto 975/2009 al tiempo que se mantiene la viabilidad de las explotaciones de mármol. Aquellas empresas que tengan dificultad para depositar los avales, siempre han tenido las puertas de la Delegación Territorial abiertas para buscar fórmulas que garanticen el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo hagan viable la su continuidad".
"El apoyo de la Junta de Andalucía al sector del mármol es indudable: desde 1995 el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 60 millones de euros en diversas líneas de incentivos al sector; desde Extenda, se vienen organizando varias acciones para promover su presencia y crecimiento en el mercado internacional (los sucesivos Encuentros Internacionales de la Piedra Natural, el programa Embajadores del Mármol para Estados Unidos, la presentación de la Marca Macael en Nueva York en 2017, etc.); además, se forma a los futuros trabajadores y trabajadoras en la Escuela del Mármol respondiendo a las necesidades de las empresa. En definitiva, el Gobierno andaluz apoya la minería sostenible, respetuosa con el entorno y con la ley y responsable con la sociedad del futuro. La intención de la Junta es ayudar a las empresas, siempre dentro del marco de la ley", argumentan.
