El Consejo de Seguridad Nuclear ha propuesto extraer sólo la mitad de la tierra infectada por plutonio en la áreas reservadas para uso residencial. Justifica que afectaría exclusivamente a los obreros de la construcción
ALMERÍA HOY / 20·06·2018
Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Nacional que requieran al CSN para que aporte el informe 'completo' que aprobó en 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados en Palomares, porque cree que «esconde» información. El Gobierno estaría ocultando los motivos para reducir a la mitad la cantidad de suelo a descontaminar de material radiactivo. El regulador atómico sugiere al gobierno excluir el rescate de parte del área destinada a residenciales, porque «los individuos más expuestos a la radiación serían [sólo] los trabajadores de la construcción».
Los abogados de Ecologistas en Acción han puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional que el documento aportado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no es el que ellos habían solicitado en la demanda que interpusieron contra el citado organismo regulador atómico para obligarle a ejecutar la rehabilitación del suelo que aún permanece envenenado con plutonio en Palomares desde 1966.
El letrado de la asociación, José Ignacio Domínguez, desvela que sólo se les ha aportado un «anexo» del informe aprobado en julio de 2015. «Y nosotros queremos una copia completa y certificada». La intención es comprobar las diferencias que existen con otro informe realizado en 2010, que ya consta en poder del magistrado y que contemplaba una limpieza integral de Palomares.
Domínguez asegura que, además, el anexo de 2015 facilitado por el Consejo de Seguridad Nuclear está «sin firmar, sin portada y sin fecha». Más aún, el abogado señala que el documento enviado por el CSN es «un resumen» del solicitado, «donde obviamente se recogen exclusivamente las tesis mantenidas por la Abogacía del Estado en su contestación a la demanda».
Aún así, en el escrito remitido por el CSN se puede leer algo sorprendente: el ente estatal, con el pretexto de que la calificación de una parte de los terrenos contaminados es la de suelo residencial, decidió en julio de 2015 que el plutonio que contienen podría permanecer ahí. Así se desprende de la lectura del primer párrafo de la página 7: en el futuro, cuando esos suelos se desarrollen «los individuos más expuestos a la radiación serían [sólo] los trabajadores de la construcción».
De esa forma, el organismo estatal atómico estaría, según los letrados del grupo conservacionista, poniendo en peligro a un sector de la población y, al mismo tiempo, escondiendo los verdaderos motivos para cambiar el criterio original de 2010 de limpiar todo, con el fin de ceder a las exigencias de los norteamericanos de cara a la firma del protocolo entre ambos países que se llevó a cabo tres meses más tarde, en octubre de 2015.
Por todo ello, los ecologistas han solicitado a la Audiencia Nacional que «aperciba» al CSN y le requiera que aporte una copia certificada del informe original de julio de 2015 y cotejarlo con el anterior de 2010, ya que estiman que el órgano regulador atómico está «ocultando» información tanto a ellos como al Tribunal.
El informe pedido por la asociación ‘verde’ es el que establecía los últimos criterios radiológicos aplicables para la restauración de las tierras afectadas por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares.
Ese documento es «fundamental», según los letrados de Ecologistas en Acción, para poder demostrar que España contemplaba en principio una restauración íntegra de Palomares, pero por alguna razón rebajó esta exigencia para llegar a un acuerdo con EE UU, dejando varias áreas fuera de la recuperación.
En el escrito presentado ahora por el CSN, y cuestionado por el colectivo conservacionista, el regulador atómico «admite que se ha reducido el volumen de tierra contaminada con radioactividad que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EE.UU», explica José Ignacio Domínguez, «pero no precisa en cuánto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010, que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo».
Cambio de criterio
En ese sentido, el representante de Ecologistas en Acción afirma que «el CSN oculta los motivos por los que ha modificado los criterios radiológicos que dio por buenos en 2010, para entregar, en su lugar, un documento de autor anónimo elaborado presuntamente con el único objeto de ser aportado a la presente causa».
En ese documento remitido a la Audiencia Nacional, el Consejo de Seguridad Nuclear admite que el volumen de suelo a retirar en una de las zonas es «menor que el previsto inicialmente», y lo achaca a la toma en consideración «de otros escenarios y vías de exposición» a la radiación.
En concreto, el informe aportado indica, como ya hemos dicho, en el primer párrafo de la página 7 que, al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo sólo en el uso residencial, «los individuos más expuestos a la radiación serían los trabajadores de la construcción». En eso se basa el CSN para ser menos exigente con los niveles de contaminación que ahora permite que puedan quedar en ese suelo, concretamente, cuatro veces menos exigente, lo que significa que, en esa área, se descontaminaría sólo la cuarta parte de los previsto en los primeros estudios.
Ecologistas en Acción sostiene en la demanda que dio inicio a este procedimiento para obligar a que se ejecute la limpieza de la zona, que el cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido «a instancias» del Department of Energy (DOE) de EEUU, lo que invita a pensar que los cambios efectuados son el resultado de las negociaciones a la baja entre España y Estados Unidos.
Esa sería la verdadera razón, para los conservacionistas, de la sustancial rebaja en los criterios de descontaminación que tuvieron lugar en julio de 2015, apenas tres meses antes de la firma del protocolo entre el secretario de Estado norteamericano Kerry y el entonces ministro de Exteriores español García Margallo.
Secreto oficial
Por su parte, el CSN se acogió a la normativa sobre secretos oficiales para negar el informe completo que exigen los ecologistas.
En ese sentido, el ente estatal comunicó a la Audiencia Nacional que el informe requerido por Ecologistas en Acción posee un contenido cuyo conocimiento “puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses de España, así como las relaciones diplomáticas con EE.UU». Así queda justificada el acceso a los documentos por parte de los ecologistas y el magistrado instructor de la causa.
Sin embargo, ese argumento no satisface al abogado de la asociación verde. José Ignacio Domínguez advierte que «alegaremos indefensión y vulneración de la Ley de secretos oficiales de 1960, que sólo admite esa reserva de información para aquellos asuntos que puedan afectar o poner en riesgo la defensa y la seguridad de España».
«Si hacemos caso al criterio esgrimido por el abogado del Estado, nadie podría informar sobre una plaga de medusas en la playa de Quitapellejos, porque estaría poniendo en peligro los intereses de los chiringuitos y establecimientos de hostelería de esa zona y, por tanto, los de una parte del sector turístico de la Nación».
Los abogados de Ecologistas en Acción han puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional que el documento aportado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no es el que ellos habían solicitado en la demanda que interpusieron contra el citado organismo regulador atómico para obligarle a ejecutar la rehabilitación del suelo que aún permanece envenenado con plutonio en Palomares desde 1966.
El letrado de la asociación, José Ignacio Domínguez, desvela que sólo se les ha aportado un «anexo» del informe aprobado en julio de 2015. «Y nosotros queremos una copia completa y certificada». La intención es comprobar las diferencias que existen con otro informe realizado en 2010, que ya consta en poder del magistrado y que contemplaba una limpieza integral de Palomares.
Domínguez asegura que, además, el anexo de 2015 facilitado por el Consejo de Seguridad Nuclear está «sin firmar, sin portada y sin fecha». Más aún, el abogado señala que el documento enviado por el CSN es «un resumen» del solicitado, «donde obviamente se recogen exclusivamente las tesis mantenidas por la Abogacía del Estado en su contestación a la demanda».
Aún así, en el escrito remitido por el CSN se puede leer algo sorprendente: el ente estatal, con el pretexto de que la calificación de una parte de los terrenos contaminados es la de suelo residencial, decidió en julio de 2015 que el plutonio que contienen podría permanecer ahí. Así se desprende de la lectura del primer párrafo de la página 7: en el futuro, cuando esos suelos se desarrollen «los individuos más expuestos a la radiación serían [sólo] los trabajadores de la construcción».
De esa forma, el organismo estatal atómico estaría, según los letrados del grupo conservacionista, poniendo en peligro a un sector de la población y, al mismo tiempo, escondiendo los verdaderos motivos para cambiar el criterio original de 2010 de limpiar todo, con el fin de ceder a las exigencias de los norteamericanos de cara a la firma del protocolo entre ambos países que se llevó a cabo tres meses más tarde, en octubre de 2015.
Por todo ello, los ecologistas han solicitado a la Audiencia Nacional que «aperciba» al CSN y le requiera que aporte una copia certificada del informe original de julio de 2015 y cotejarlo con el anterior de 2010, ya que estiman que el órgano regulador atómico está «ocultando» información tanto a ellos como al Tribunal.
El informe pedido por la asociación ‘verde’ es el que establecía los últimos criterios radiológicos aplicables para la restauración de las tierras afectadas por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares.
Ese documento es «fundamental», según los letrados de Ecologistas en Acción, para poder demostrar que España contemplaba en principio una restauración íntegra de Palomares, pero por alguna razón rebajó esta exigencia para llegar a un acuerdo con EE UU, dejando varias áreas fuera de la recuperación.
En el escrito presentado ahora por el CSN, y cuestionado por el colectivo conservacionista, el regulador atómico «admite que se ha reducido el volumen de tierra contaminada con radioactividad que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EE.UU», explica José Ignacio Domínguez, «pero no precisa en cuánto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010, que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo».
Cambio de criterio
En ese sentido, el representante de Ecologistas en Acción afirma que «el CSN oculta los motivos por los que ha modificado los criterios radiológicos que dio por buenos en 2010, para entregar, en su lugar, un documento de autor anónimo elaborado presuntamente con el único objeto de ser aportado a la presente causa».
En ese documento remitido a la Audiencia Nacional, el Consejo de Seguridad Nuclear admite que el volumen de suelo a retirar en una de las zonas es «menor que el previsto inicialmente», y lo achaca a la toma en consideración «de otros escenarios y vías de exposición» a la radiación.
En concreto, el informe aportado indica, como ya hemos dicho, en el primer párrafo de la página 7 que, al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo sólo en el uso residencial, «los individuos más expuestos a la radiación serían los trabajadores de la construcción». En eso se basa el CSN para ser menos exigente con los niveles de contaminación que ahora permite que puedan quedar en ese suelo, concretamente, cuatro veces menos exigente, lo que significa que, en esa área, se descontaminaría sólo la cuarta parte de los previsto en los primeros estudios.
Ecologistas en Acción sostiene en la demanda que dio inicio a este procedimiento para obligar a que se ejecute la limpieza de la zona, que el cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido «a instancias» del Department of Energy (DOE) de EEUU, lo que invita a pensar que los cambios efectuados son el resultado de las negociaciones a la baja entre España y Estados Unidos.
Esa sería la verdadera razón, para los conservacionistas, de la sustancial rebaja en los criterios de descontaminación que tuvieron lugar en julio de 2015, apenas tres meses antes de la firma del protocolo entre el secretario de Estado norteamericano Kerry y el entonces ministro de Exteriores español García Margallo.
Secreto oficial
Por su parte, el CSN se acogió a la normativa sobre secretos oficiales para negar el informe completo que exigen los ecologistas.
En ese sentido, el ente estatal comunicó a la Audiencia Nacional que el informe requerido por Ecologistas en Acción posee un contenido cuyo conocimiento “puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses de España, así como las relaciones diplomáticas con EE.UU». Así queda justificada el acceso a los documentos por parte de los ecologistas y el magistrado instructor de la causa.
Sin embargo, ese argumento no satisface al abogado de la asociación verde. José Ignacio Domínguez advierte que «alegaremos indefensión y vulneración de la Ley de secretos oficiales de 1960, que sólo admite esa reserva de información para aquellos asuntos que puedan afectar o poner en riesgo la defensa y la seguridad de España».
«Si hacemos caso al criterio esgrimido por el abogado del Estado, nadie podría informar sobre una plaga de medusas en la playa de Quitapellejos, porque estaría poniendo en peligro los intereses de los chiringuitos y establecimientos de hostelería de esa zona y, por tanto, los de una parte del sector turístico de la Nación».
