Las vías de influencia de los poderes fácticos se dibujan a través de los principales medios de comunicación, en especial los que constituyen «grupos». Cuenta mucho también las movilizaciones populares. Para todo ello se necesitan ingentes cantidades de dinero. Suelen obtenerse a través de subvenciones públicas
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AMANDO DE MIGUEL
La locución «poderes fácticos», un pleonasmo irónico, surgió en los últimos tiempos del franquismo, más bien por parte de las posiciones críticas u opositoras al régimen. La tesis, un tanto conspirativa, era que los que en realidad mandaban no eran tanto las instituciones (el Movimiento, las familias del régimen, el propio Franco) como unos oscuros y difusos poderes fácticos. Se pensaba sobre todo en la Iglesia, el Opus Dei, el Ejército, los grandes empresarios y banqueros.
De forma intuitiva la tesis conspiratoria es tan atractiva como difícil de demostrar. En una democracia se hace aún más arduo pensar en el poder oculto o poco conocido de esas fuerzas misteriosas. Se impone un sistema de publicidad de los distintos intereses, de los varios partidos, de las ideologías dominantes.
No obstante, hemos llegado a un momento en que se necesita apelar a la tesis de los poderes fácticos, aunque ya no se llamen así. Lo que está más claro es que el Ejército o la Iglesia cuentan mucho menos que en el pasado como sujetos de influencia política. En cambio, se ha reforzado mucho el poder en la sombra de los grandes empresarios, no solo los banqueros, sino los que se hallan al frente de empresas multinacionales con sede en España. Parece claro, por ejemplo, que la reciente crisis de Gobierno la han precipitado con notorio éxito los poderes económicos.
La novedad de estos tiempos es que el equivalente de los poderes fácticos lo forman ahora dos difusos movimientos: el feminista (que incluye el animalista y el homosexual) y el ecologista. Han adquirido tanta ascendencia que deben contar con ellos todos los partidos y todos los Gobiernos, no solo los de la izquierda y los mal llamados «autonómicos». Su poder es sobre todo de veto. Es decir, no se proponen legislar de acuerdo con sus respectivas tesis. Su objetivo es mucho más difuso y efectivo: ningún grupo parlamentario puede oponerse a los intereses del feminismo o del ecologismo. Tampoco es fácil que esas opiniones críticas se puedan difundir con naturalidad.
Las vías de influencia de los poderes fácticos se dibujan a través de los principales medios de comunicación, en especial los que constituyen «grupos». Cuenta mucho también las movilizaciones populares. Para todo ello se necesitan ingentes cantidades de dinero. Suelen obtenerse a través de subvenciones públicas.
No cabe una consideración moral sobre los poderes fácticos. Lo más sencillo es reconocer su existencia. Es más, una democracia moderna no puede prescindir de la actividad de los poderes fácticos, que aparecen como grupos de presión. Quizá la crítica que merecen es que no hallan bien regulados por leyes y reglamentos. Por eso trabajan «en la sombra». Lo cual los hace políticamente irresponsables.
De forma intuitiva la tesis conspiratoria es tan atractiva como difícil de demostrar. En una democracia se hace aún más arduo pensar en el poder oculto o poco conocido de esas fuerzas misteriosas. Se impone un sistema de publicidad de los distintos intereses, de los varios partidos, de las ideologías dominantes.
No obstante, hemos llegado a un momento en que se necesita apelar a la tesis de los poderes fácticos, aunque ya no se llamen así. Lo que está más claro es que el Ejército o la Iglesia cuentan mucho menos que en el pasado como sujetos de influencia política. En cambio, se ha reforzado mucho el poder en la sombra de los grandes empresarios, no solo los banqueros, sino los que se hallan al frente de empresas multinacionales con sede en España. Parece claro, por ejemplo, que la reciente crisis de Gobierno la han precipitado con notorio éxito los poderes económicos.
La novedad de estos tiempos es que el equivalente de los poderes fácticos lo forman ahora dos difusos movimientos: el feminista (que incluye el animalista y el homosexual) y el ecologista. Han adquirido tanta ascendencia que deben contar con ellos todos los partidos y todos los Gobiernos, no solo los de la izquierda y los mal llamados «autonómicos». Su poder es sobre todo de veto. Es decir, no se proponen legislar de acuerdo con sus respectivas tesis. Su objetivo es mucho más difuso y efectivo: ningún grupo parlamentario puede oponerse a los intereses del feminismo o del ecologismo. Tampoco es fácil que esas opiniones críticas se puedan difundir con naturalidad.
Las vías de influencia de los poderes fácticos se dibujan a través de los principales medios de comunicación, en especial los que constituyen «grupos». Cuenta mucho también las movilizaciones populares. Para todo ello se necesitan ingentes cantidades de dinero. Suelen obtenerse a través de subvenciones públicas.
No cabe una consideración moral sobre los poderes fácticos. Lo más sencillo es reconocer su existencia. Es más, una democracia moderna no puede prescindir de la actividad de los poderes fácticos, que aparecen como grupos de presión. Quizá la crítica que merecen es que no hallan bien regulados por leyes y reglamentos. Por eso trabajan «en la sombra». Lo cual los hace políticamente irresponsables.
