ALMERÍA HOY / 05·06·2018
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, competente en materia de industria, ha ordenado el cese de actividad de ocho talleres de reparación de automóviles de la provincia por encontrarse en situación de ilegalidad al no haber presentado la necesaria declaración responsable. Para ello ha contado con la colaboración de la Policía adscrita a la Comunidad Autónoma, que ha realizado labores de información y comprobación de la continuidad de la actividad de los talleres.
Actualmente, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo está tramitando 20 expedientes relacionados con la situación ilegal de otros tanto talleres mecánicos. De éstos, dos han regularizado su situación y por tanto pueden continuar abiertos, mientras que ocho no lo han hecho y por tanto se ha procedido a ordenar su cese de actividad.
Los establecimientos que no cumplen la normativa perjudican gravemente al resto que sí lo hacen al suponer una competencia desleal para el sector y un menoscabo a las arcas públicas, ya que no pagan las tasas e impuestos correspondientes y vulneran los derechos de los consumidores. Además, el tratamiento incorrecto de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividades es un riesgo para el medio ambiente y para la seguridad de las personas.
Según recoge el Decreto 9/2003 de 28 de enero por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan los derechos de consumidores y usuarios, antes de la apertura de un taller la persona física o jurídica que quiera ejercer esta actividad debe presentar una declaración responsable conforme a lo establecido en la orden de 20 de febrero de 2013, por la que se aprueba la tramitación telemática de los procedimientos para la expedición de las habilitaciones profesionales y para la presentación de declaraciones y comunicaciones en materia de industria, energía y minas.
En dicha declaración responsable debe figurar la clasificación del taller y manifestarse que se cumplen determinados requisitos, que se dispone de la documentación que así lo acredita, que el promotor se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que establece la legislación. La administración puede requerir a posteriori la documentación acreditativa y realizar labores de comprobación de que lo manifestado es cierto.
Si no se presenta la declaración responsable o la documentación acreditativa, o si la información reflejada en ella es inexacta, falsa o está incompleta, no se puede seguir ejerciendo la actividad. En estos casos, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo lo comunica al interesado, le da trámite de audiencia y le concede 10 días desde la notificación para que pueda alegar y presentar la documentación que regularice su situación. En caso contrario, la Delegación procede a apercibirle y si sigue sin cerrar el taller voluntariamente, inicia la ejecución forzosa del cese de actividad, para lo que solicita la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que realiza la clausura del taller.
En la mayoría de ocasiones, son la Policía Autonómica y la Guardia Civil, en sus labores de vigilancia del adecuado tratamiento de residuos tóxicos que se generan en los talleres (aceites usados y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las persona), quienes detectan la existencia de talleres de reparación de automóviles que carecen de la declaración responsable y lo comunican a la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a los efectos oportunos. Es ésta la que inicia los procedimientos antes explicados.
Actualmente, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo está tramitando 20 expedientes relacionados con la situación ilegal de otros tanto talleres mecánicos. De éstos, dos han regularizado su situación y por tanto pueden continuar abiertos, mientras que ocho no lo han hecho y por tanto se ha procedido a ordenar su cese de actividad.
Los establecimientos que no cumplen la normativa perjudican gravemente al resto que sí lo hacen al suponer una competencia desleal para el sector y un menoscabo a las arcas públicas, ya que no pagan las tasas e impuestos correspondientes y vulneran los derechos de los consumidores. Además, el tratamiento incorrecto de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividades es un riesgo para el medio ambiente y para la seguridad de las personas.
Según recoge el Decreto 9/2003 de 28 de enero por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan los derechos de consumidores y usuarios, antes de la apertura de un taller la persona física o jurídica que quiera ejercer esta actividad debe presentar una declaración responsable conforme a lo establecido en la orden de 20 de febrero de 2013, por la que se aprueba la tramitación telemática de los procedimientos para la expedición de las habilitaciones profesionales y para la presentación de declaraciones y comunicaciones en materia de industria, energía y minas.
En dicha declaración responsable debe figurar la clasificación del taller y manifestarse que se cumplen determinados requisitos, que se dispone de la documentación que así lo acredita, que el promotor se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que establece la legislación. La administración puede requerir a posteriori la documentación acreditativa y realizar labores de comprobación de que lo manifestado es cierto.
Si no se presenta la declaración responsable o la documentación acreditativa, o si la información reflejada en ella es inexacta, falsa o está incompleta, no se puede seguir ejerciendo la actividad. En estos casos, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo lo comunica al interesado, le da trámite de audiencia y le concede 10 días desde la notificación para que pueda alegar y presentar la documentación que regularice su situación. En caso contrario, la Delegación procede a apercibirle y si sigue sin cerrar el taller voluntariamente, inicia la ejecución forzosa del cese de actividad, para lo que solicita la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que realiza la clausura del taller.
En la mayoría de ocasiones, son la Policía Autonómica y la Guardia Civil, en sus labores de vigilancia del adecuado tratamiento de residuos tóxicos que se generan en los talleres (aceites usados y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las persona), quienes detectan la existencia de talleres de reparación de automóviles que carecen de la declaración responsable y lo comunican a la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a los efectos oportunos. Es ésta la que inicia los procedimientos antes explicados.
