Galasa y el PP los presentarán para que la empresa pública siga prestando servicio en la localidad garruchera
ALMERÍA HOY / 21·05·2018
El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y 'número 2' del PP almeriense, Javier A. García (PP), ha adelantado en declaraciones a ALMERÍA HOY que Galasa y el Partido Popular van a interponer sendos contenciosos-administrativos contra dos ayuntamientos de la provincia; contra Vera —gobernado por el PA, será interpuesto por el PP en solitario— y Garrucha —gobernado por el PSOE, lo interpondrán tanto PP como Galasa— para que la empresa mixta Codeur no pueda presentarse a la licitación del Consistorio garruchero de cara a prestar el servicio de suministro de agua.
«Vamos a recurrir el acuerdo plenario de Vera en el que se da permiso a Codeur para ir a la licitación», ha señalado García añadiendo que «estamos preparando un contencioso con abogados especialistas en este tema para que Codeur no pueda presentarse a la licitación de Garrucha; también estamos trabajando en el contencioso con el Ayuntamiento de Garrucha para ayudar a los garrucheros a que nadie, ningún político, le quite la potestad de ser dueño de su agua». «Trabajamos para que sea Galasa la que siga prestando el servicio en Garrucha».
Al preguntarle directamente sobre las opciones que tiene Codeur de optar a la licitación, explica que «todas las lenguas del Levante dicen que será para Codeur, yo no lo sé». «Espero y deseo que no haya tráfico de influencias ni prevaricación; que no se produzcan ese tipo de delitos que ya se están comentando en el Levante almeriense por el agua de Garrucha. No solamente le quieren quitar a los vecinos la potestad de controlar su agua y ser dueños de la empresa pública: también se está hablando de una serie de intereses ocultos que no sabemos si al final serán o no serán, pero que ahí están».
«Aquí tengo el real decreto que dice que las empresas públicas prestan servicio dentro de su término municipal. Por ley, no puede salir a prestar servicio público. Codeur es una empresa mixta, el 51% es público y el 49% privado, pero al tener capital público no puede salir a prestar servicio fuera de Vera (...) A parte de eso, hay una sentencia que dice que ninguna empresa pública donde miembros del consejo sean políticos pueden participar en una licitación pública. Es una sentencia de una empresa que prestaba servicio a la Diputación de Almería, y que pertenece al Gobierno de Navarra. El TSJA ha dicho que una empresa cuyos consejeros son cargos públicos no pueden ir a ninguna licitación. Codeur cumple ambas cosas: es pública y es de Vera».
«El PSOE lleva muy mal perder y no controlar. Cuando perdieron la Mancomunidad de Servicios del Almanzora, buena parte de los municipios socialistas se salieron de la Mancomunidad. Cuando perdieron el Consorcio de Residuos del Almanzora-Levante-Vélez, buena parte de ellos anunciaron que se iban. Antes de todo esto, cuando perdieron la mayoría de las diputaciones, Rubalcaba anunció que desaparecerían las diputaciones. Ahora que no controlan Galasa, los socialistas tratan de salirse. Se salen de todo lo que no controlan para montar otra empresa, consorcio, entidad paralela que haga lo mismo. Sólo participan cuando controlan y manejan, y tienen el poder», ha afeado el también 'número 2' del PP almeriense.
Sobre esa anunciada salida del Consorcio de residuos, Javier A. García apunta que «la democracia la llevan muy mal, y por eso quieren romper las reglas de juego en mitad del partido, y por eso dicen de salirse del Consorcio, que por cierto, anunciaron que salían, y no se han salido, y le digo más: no se pueden salir, a pesar de que han dado múltiples ruedas de prensa acerca del Consorcio». «No pueden consorciarse al estar en un plan de saneamiento financiero, y por tanto la ley no se lo permite. No se ha salido ni uno ni se pueden salir», mantiene.
Volviendo a Galasa, el vicepresidente de la Diputación afirma que «nos la encontramos totalmente en quiebra». «Desde que nosotros gobernamos y controlamos Galasa, buscamos un pacto con el PSOE porque entendemos que hay que ponerla en regla, y empezamos a negociar con ellos para subir las tarifas y, paralelamente, dar agua potable. Mientras que la Diputación trabajaba en dar agua a todos los municipios, también negociábamos con el PSOE para recordar que el agua potable significa agua desalada, y la desalada es más cara. Ni la Diputación ni Galasa quieren ganar un solo céntimo, simplemente que cualquier vecino, cuando abra el grifo, pague el precio justo». En ese sentido, aclara que «estudios económicos elaborados por técnicos señalan lo que cuesta el agua, a cómo está el metro cúbico que hay que cobrar en los recibos».
«El PSOE al principio se sentaba con nosotros y decía que sí, que aquello había que hacerlo. Es más, el secretario general del PSOE (Sánchez Teruel) ha negociado este tema con el presidente (Amat). También se ha negociado con el portavoz socialista en la Diputación (Lorenzo) y con los alcaldes del PSOE, pero cada vez que nos sentamos, su respuesta a nuestra propuesta era dar una rueda de prensa en la sede de los socialistas. Sólo querían dilatar el pacto y sacar rédito político del agua».
En cualquier caso, García traslada que los alcaldes socialistas «eran mucho más coherentes que la dirección del PSOE». «De hecho, los alcaldes del PSOE aprobaron la propuesta que se puso encima de la mesa, y la han aprobado en sus plenos. Esto es una orden de partido que llegaba a los alcaldes para crear polémica permanentemente con el tema del agua».
«Vamos a recurrir el acuerdo plenario de Vera en el que se da permiso a Codeur para ir a la licitación», ha señalado García añadiendo que «estamos preparando un contencioso con abogados especialistas en este tema para que Codeur no pueda presentarse a la licitación de Garrucha; también estamos trabajando en el contencioso con el Ayuntamiento de Garrucha para ayudar a los garrucheros a que nadie, ningún político, le quite la potestad de ser dueño de su agua». «Trabajamos para que sea Galasa la que siga prestando el servicio en Garrucha».
Al preguntarle directamente sobre las opciones que tiene Codeur de optar a la licitación, explica que «todas las lenguas del Levante dicen que será para Codeur, yo no lo sé». «Espero y deseo que no haya tráfico de influencias ni prevaricación; que no se produzcan ese tipo de delitos que ya se están comentando en el Levante almeriense por el agua de Garrucha. No solamente le quieren quitar a los vecinos la potestad de controlar su agua y ser dueños de la empresa pública: también se está hablando de una serie de intereses ocultos que no sabemos si al final serán o no serán, pero que ahí están».
«Aquí tengo el real decreto que dice que las empresas públicas prestan servicio dentro de su término municipal. Por ley, no puede salir a prestar servicio público. Codeur es una empresa mixta, el 51% es público y el 49% privado, pero al tener capital público no puede salir a prestar servicio fuera de Vera (...) A parte de eso, hay una sentencia que dice que ninguna empresa pública donde miembros del consejo sean políticos pueden participar en una licitación pública. Es una sentencia de una empresa que prestaba servicio a la Diputación de Almería, y que pertenece al Gobierno de Navarra. El TSJA ha dicho que una empresa cuyos consejeros son cargos públicos no pueden ir a ninguna licitación. Codeur cumple ambas cosas: es pública y es de Vera».
«El PSOE lleva muy mal perder y no controlar. Cuando perdieron la Mancomunidad de Servicios del Almanzora, buena parte de los municipios socialistas se salieron de la Mancomunidad. Cuando perdieron el Consorcio de Residuos del Almanzora-Levante-Vélez, buena parte de ellos anunciaron que se iban. Antes de todo esto, cuando perdieron la mayoría de las diputaciones, Rubalcaba anunció que desaparecerían las diputaciones. Ahora que no controlan Galasa, los socialistas tratan de salirse. Se salen de todo lo que no controlan para montar otra empresa, consorcio, entidad paralela que haga lo mismo. Sólo participan cuando controlan y manejan, y tienen el poder», ha afeado el también 'número 2' del PP almeriense.
Sobre esa anunciada salida del Consorcio de residuos, Javier A. García apunta que «la democracia la llevan muy mal, y por eso quieren romper las reglas de juego en mitad del partido, y por eso dicen de salirse del Consorcio, que por cierto, anunciaron que salían, y no se han salido, y le digo más: no se pueden salir, a pesar de que han dado múltiples ruedas de prensa acerca del Consorcio». «No pueden consorciarse al estar en un plan de saneamiento financiero, y por tanto la ley no se lo permite. No se ha salido ni uno ni se pueden salir», mantiene.
Volviendo a Galasa, el vicepresidente de la Diputación afirma que «nos la encontramos totalmente en quiebra». «Desde que nosotros gobernamos y controlamos Galasa, buscamos un pacto con el PSOE porque entendemos que hay que ponerla en regla, y empezamos a negociar con ellos para subir las tarifas y, paralelamente, dar agua potable. Mientras que la Diputación trabajaba en dar agua a todos los municipios, también negociábamos con el PSOE para recordar que el agua potable significa agua desalada, y la desalada es más cara. Ni la Diputación ni Galasa quieren ganar un solo céntimo, simplemente que cualquier vecino, cuando abra el grifo, pague el precio justo». En ese sentido, aclara que «estudios económicos elaborados por técnicos señalan lo que cuesta el agua, a cómo está el metro cúbico que hay que cobrar en los recibos».
«El PSOE al principio se sentaba con nosotros y decía que sí, que aquello había que hacerlo. Es más, el secretario general del PSOE (Sánchez Teruel) ha negociado este tema con el presidente (Amat). También se ha negociado con el portavoz socialista en la Diputación (Lorenzo) y con los alcaldes del PSOE, pero cada vez que nos sentamos, su respuesta a nuestra propuesta era dar una rueda de prensa en la sede de los socialistas. Sólo querían dilatar el pacto y sacar rédito político del agua».
En cualquier caso, García traslada que los alcaldes socialistas «eran mucho más coherentes que la dirección del PSOE». «De hecho, los alcaldes del PSOE aprobaron la propuesta que se puso encima de la mesa, y la han aprobado en sus plenos. Esto es una orden de partido que llegaba a los alcaldes para crear polémica permanentemente con el tema del agua».
