El presunto agresor se encuentra detenido en dependencias policiales y podría ingresar en prisión
ALMERÍA HOY / 11·05·2018
Vecinos, personal de Sanidad y representantes municipales encabezados por el alcalde de Abla, Antonio Oliva, han protagonizado este mediodía una concentración a las puertas del centro de salud del municipio en señal de repulsa por la agresión sufrida el pasado jueves por dos profesionales sanitarios, una técnico de radiodiagnóstico y un médico.
En la concentración se ha condenado el episodio de violencia vivido en el ambulatorio y se ha mostrado el apoyo incondicional a los agredidos. También se ha incidido en la necesidad de respetar la labor diaria que llevan a cabo los profesionales sanitarios en beneficio de la salud de los ciudadanos.
El centro de salud de Abla, dependiente de la Unidad de Gestión Clínica Río Nacimiento, forma parte del Distrito Sanitario Almería de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en cuyos centros y consultorios también se han organizado concentraciones de repulsa.
El presunto agresor se encuentra detenido en dependencias policiales y podría ingresar en prisión, puesto que la agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial, viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, dictándose sentencias en estos casos, y castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
En la concentración se ha condenado el episodio de violencia vivido en el ambulatorio y se ha mostrado el apoyo incondicional a los agredidos. También se ha incidido en la necesidad de respetar la labor diaria que llevan a cabo los profesionales sanitarios en beneficio de la salud de los ciudadanos.
El centro de salud de Abla, dependiente de la Unidad de Gestión Clínica Río Nacimiento, forma parte del Distrito Sanitario Almería de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en cuyos centros y consultorios también se han organizado concentraciones de repulsa.
El presunto agresor se encuentra detenido en dependencias policiales y podría ingresar en prisión, puesto que la agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial, viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, dictándose sentencias en estos casos, y castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
