La sentencia, que no es firme, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio de Arquitectos de Almería
ALMERÍA HOY / 12·04·2018
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio de Arquitectos de Almería contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Berja que aprobaba una modificación puntual de las normas subsidiarias. La sentencia, a la que ha accedido ALMERÍA HOY, no es firme, por lo que cabe recurso del Consistorio virgitano.
Antonio Álamo, arquitecto y concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Berja, explica a este medio que el acuerdo municipal anulado por el TSJA se aprobó en el año 2013 y consistía básicamente en cambios de uso de suelo de rústico a urbano. Según Álamo, para tomar una decisión así «se necesita la titulación de arquitectura», mientras que los técnicos municipales que dieron el visto bueno serían aparejadores, motivo éste por el que se ha personado en la causa el Colegio de Arquitectos.
«El Colegio actuó de forma inmediata en defensa de la profesión que representa, y gracias a su gabinete jurídico la sentencia da un varapalo a los caprichos y vaivenes del concejal de Urbanismo y alcalde, Antonio Torres (PP), que prefirió ir a juicio antes que rectificar a tiempo a sabiendas de que las costas procesales de sus desatinos los pagan todos los virgitanos, ya que se estima el recurso con expresa imposición de costas procesales a la Corporación local», sentencian desde la formación magenta.
Antonio Álamo, arquitecto y concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Berja, explica a este medio que el acuerdo municipal anulado por el TSJA se aprobó en el año 2013 y consistía básicamente en cambios de uso de suelo de rústico a urbano. Según Álamo, para tomar una decisión así «se necesita la titulación de arquitectura», mientras que los técnicos municipales que dieron el visto bueno serían aparejadores, motivo éste por el que se ha personado en la causa el Colegio de Arquitectos.
«El Colegio actuó de forma inmediata en defensa de la profesión que representa, y gracias a su gabinete jurídico la sentencia da un varapalo a los caprichos y vaivenes del concejal de Urbanismo y alcalde, Antonio Torres (PP), que prefirió ir a juicio antes que rectificar a tiempo a sabiendas de que las costas procesales de sus desatinos los pagan todos los virgitanos, ya que se estima el recurso con expresa imposición de costas procesales a la Corporación local», sentencian desde la formación magenta.
