C’s Huércal Overa acusa a Lázaro de quedarse en 2010 con fondos que nunca debieron pagarse al PAL

La formación naranja mete también en la querella al actual alcalde, el popular Domingo Fernández, por abonar 12.122 euros a un grupo político que ya estaba disuelto




ALMERÍA HOY / 30·04·2018

Los concejales del Grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huércal Overa, José López y Ginés Navarro, han presentado ante el Juzgado de Huércal Overa una querella criminal contra el alcalde de la Villa, Domingo Fernández, y su teniente de alcalde Antonio Lázaro, ambos del Partido Popular.

Los querellantes acusan al regidor de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a un ente público, mientras que a Lázaro le imputan los de tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y fraude a un ente público.

Los hechos que motivan la querella tienen sus raíces en el mandato anterior a la llegada del Partido Popular al gobierno de Huércal Overa, cuando, tras las elecciones municipales de mayo de 2007, entre otros, se constituyó el Grupo Municipal del Partido por Almería (PAL), integrado por los concejales Isabel Zurano y el ahora querellado Antonio Lázaro, Grupo que se disolvió el 5 de febrero de 2010, pasando sus dos integrantes a formar parte del Mixto con la condición de no adscritos.

Ahora, los ediles de C’s, que cuenta con un miembro que también lo fue del PAL, aseguran haber advertido una serie de presuntas «irregularidades» relacionadas con el pago de subvenciones por parte del Ayuntamiento al Grupo Municipal del PAL.

Por un lado, cuentan los querellantes, no han encontrado los decretos que ordenan el pago de las citadas subvenciones; por otro, tampoco han hallado justificantes de gastos ni seguimiento de la subvención por parte de Intervención. «Y ni rastro de informe alguno del interventor» para efectuar las mencionadas transferencias.

Además, los ediles de Ciudadanos advierten en su escrito que esa subvención únicamente puede destinarse a gastos de funcionamiento del Grupo Municipal, y el del PAL dejó de existir, como ya hemos dicho, el 5 de febrero de 2010, no obstante, continuó otorgándose hasta el final del mandato ingresándose en la cuenta bancaria del partido, si bien apuntan que Antonio Lázaro «dispuso del dinero» de esa cuenta, en la que figura como uno de los tres claveros el ahora concejal de C’s, José López.

Precisamente, el abono de esas cantidades por el citado concepto a partir del 5 de febrero de 2010 es la conducta que los querellantes entienden que pudiera ser constitutiva del delito de malversación de caudales públicos.


Cuatro pagos bajo sospecha


Los concejales de C’s han identificado cuatro pagos presuntamente irregulares, que habrían sido realizados los días 4 de marzo de 2011, por importe de 1.378 euros; 12 de abril de 2011, de 2.756 euros; 29 de octubre de 2011, de 4.134 euros; y 11 de septiembre de 2012, por 3.674 euros. En total, 12.122 euros.

López y Navarro indican al juez que Lázaro habría cometido un delito de tráfico de influencias porque en 2011 pasó a formar parte del equipo de gobierno bajo el mando de Domingo Fernández, en quien «influye» para que el regidor, «a sabiendas de su ilegalidad, ordene el pago de las cantidades correspondientes a las subvenciones de los años 2010 y 2011 que el Grupo PAL no podía percibir».

Ése sería el motivo de los querellantes para acusar a Fernández por un delito de prevaricación, al haber ordenado la transferencia del importe de las subvenciones «a sabiendas de su injusticia y de la ilegalidad de su pago».

También extraen López y Navarro, como conclusión, la posible comisión por parte de Antonio Lázaro de un delito de apropiación indebida por haber dispuesto presuntamente de esos importes como representante de un Grupo Municipal disuelto y haberlos «distraído de sus fines», lo que también podría alcanzar la calificación jurídica de malversación de caudales públicos y de fraude a un ente público.

Estos dos últimos delitos, malversación y fraude, serían también extensivos para el alcalde Domingo Fernández, por «haber distraído dinero público con el objetivo de abonar las subvenciones irregulares, todo ello para beneficiar a un concejal de su equipo de gobierno».

Aparte de lo hasta ahora descrito, los concejales querellantes de C's suplican al Juzgado que exija a los demandados una fianza de 30.000 euros para cubrir sus posibles responsabilidades, incluyendo esa cifra el importe de las subvenciones, así como los daños y perjuicios que pudieran haber ocasionado a las arcas municipales y los intereses generados.


Intervención no objetó los pagos

El alcalde, que asegura conocer la querella únicamente por la prensa, confiesa que, cuando llegó a la alcaldía el 10 de junio de 2011, «firmé los pagos pendientes que me presentaron con los correspondientes informes de existencia de partida que los respaldara y que no contaban, como en el caso que nos ocupa, de reparos ni observaciones por parte de los funcionarios».

«Entre esos pagos —añade Fernández—, es cierto que figuraban asignaciones a los distintos grupos municipales arrastradas del mandato anterior que, insisto, contaban con todos los requisitos y bendiciones de Intervención».

Por su parte, Antonio Lázaro también asegura conocer «únicamente lo que circula por Facebook y algún comentario que alguien me dice haber escuchado en RADIO ACTUALIDAD». Sin embargo, a diferencia del alcalde, Lázaro ha rehusado hacer declaración alguna. «Hablaré con el juez, si es que admite a trámite la querella. Tengo la impresión de que C’s quiere conseguir en los tribunales lo que no se siente capaz de obtener en las urnas».

«Lo que no alcanzo a entender –šse pregunta el alcalde— es por qué no aparece, además, en la querella, como demandado, Luis García Collado [PSOE], el alcalde que me precedió en el cargo, porque de los cuatro pagos que usted me dice que son el objeto de la denuncia contra mí, dos de ellos se hicieron en marzo y abril de 2011, y yo no tomé posesión hasta el mes de junio, por lo que tuvo que firmarlos él. Tampoco entiendo por qué no denuncian, además, al interventor por no poner reparos al pago de esas subvenciones».