Es el dinero correspondiente al IBI que no se cobra por no actualizar el catastro
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| Martín Morales (IU) en imagen de archivo. |
ALMERÍA HOY / 07·03·2018
«El Ayuntamiento de Turre deja de ingresar 500.000 euros al año en concepto de IBI», ha declarado a RADIO ACTUALIDAD el primer teniente de alcalde Martín Morales Fuentes (IU-Somos Turre). «La mayor parte corresponde a parcelas urbanizables en Cabrera, Cortijo Grande y La Pilica —explica el edil—, pero también hay terrenos en esa situación en el núcleo del pueblo».
La causa, según Morales, está en que no se corresponde la titularidad de las propiedades con la que figura en el catastro y, por tanto, no se puede cobrar el impuesto en vía ejecutiva.
«Estamos hablando de una cantidad muy importante, más aún para un municipio como Turre, con las cuentas intervenidas en la práctica por el Ministerio de Hacienda», asegura. «Sólo a las cien mayores parcelas se les podría reclamar un total de 660.000 euros por el año en curso y los tres ejercicios anteriores que permite la ley».
«La situación tiene su origen —afirma Morales— en la picaresca de unos promotores que compraron el suelo pero no cambiaron la titularidad del mismo en el catastro, pero ha contado con la complicidad, por inacción, de todos los gobiernos municipales que nos han precedido. Nosotros pusimos en marcha el año pasado una campaña por la que ya hemos recuperado 160.000 euros y 40.000 para todos los años que vengan. Ahora seguiremos para acabar con una situación tan injusta como ésta. Los propietarios de esas parcelas se están aprovechando de los mismos servicios que la mayoría de los turreros, que cumplen religiosamente con sus obligaciones tributarias».
La causa, según Morales, está en que no se corresponde la titularidad de las propiedades con la que figura en el catastro y, por tanto, no se puede cobrar el impuesto en vía ejecutiva.
«Estamos hablando de una cantidad muy importante, más aún para un municipio como Turre, con las cuentas intervenidas en la práctica por el Ministerio de Hacienda», asegura. «Sólo a las cien mayores parcelas se les podría reclamar un total de 660.000 euros por el año en curso y los tres ejercicios anteriores que permite la ley».
«La situación tiene su origen —afirma Morales— en la picaresca de unos promotores que compraron el suelo pero no cambiaron la titularidad del mismo en el catastro, pero ha contado con la complicidad, por inacción, de todos los gobiernos municipales que nos han precedido. Nosotros pusimos en marcha el año pasado una campaña por la que ya hemos recuperado 160.000 euros y 40.000 para todos los años que vengan. Ahora seguiremos para acabar con una situación tan injusta como ésta. Los propietarios de esas parcelas se están aprovechando de los mismos servicios que la mayoría de los turreros, que cumplen religiosamente con sus obligaciones tributarias».
