CC.OO, UGT, CSIF y Sindicato Libre preparan movilizaciones y no descartan una huelga general // Correos cuenta hoy en la provincia con 150 empleados menos que nueve años atrás
ALMERÍA HOY / 19·03·2018
CC.OO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, organizaciones sindicales que suman el 85% de la representación de los trabajadores de Correos, han anunciado movilizaciones durante los próximos meses ante la «ausencia clara de iniciativas del Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa pública y del servicio que presta a millones de ciudadanos».
Los sindicatos denuncian el recorte de dos tercios en la financiación del Servicio Postal Universal (servicio público a la ciudadanía) en 2017, «que lo ha reducido a la irrisoria cantidad de 57 millones de euros, el bloqueo por parte del Gobierno del Plan Estratégico, la destrucción de 15.000 puestos de trabajo desde 2008, 150 en la provincia, y la implantación de un modelo de empleo precario, con un peso cada vez mayor de la contratación temporal y a tiempo parcial».
Así y «ante la falta de respuesta a las demandas y propuestas sindicales tanto del Gobierno, como de SEPI —de quien depende Correos—, ante la previsible pérdida de 30.000 puestos de trabajo en todo el Estado a medio plazo, 200 a nivel provincial (calculado sobre 2/3 de la plantilla actual), los cuatro sindicatos han adelantado un calendario de movilizaciones que se iniciará en mayo y que será gradual y creciente en el tiempo, sin descartar la huelga general, en tanto no se dé respuesta a la exigencia de medidas para garantizar la continuidad de la mayor empresa del sector postal público».
Por otro lado, explican que el mercado postal viene transformándose en los últimos años como consecuencia de la sustitución del correo tradicional —con descensos del 5% anual— por comunicaciones electrónicas, de un lado, y de otro, por el incremento de la paquetería a raíz del desarrollo del comercio electrónico —con incrementos del 25% anual—. Ante esta situación, todos los grandes Correos europeos, con el apoyo de sus Gobiernos, han optado por ampliar su actividad logística y de paquetería ante el progresivo descenso de la carta tradicional, al tiempo que han mantenido su Banco Postal. «Correos es una preocupante excepción —denuncian— al depender de la carta en un 85% de sus ingresos y verse por tanto con una disminución de ingresos, envíos gestionados y beneficios. La necesaria apuesta por la diversificación, entrando de lleno en la paquetería, los servicios financieros o la restitución del Banco Postal, es la gran cuenta pendiente de Correos, así como la aprobación de un Plan Estratégico que Hacienda, propietario de la empresa pública, mantiene incomprensiblemente bloqueado y que impide su modernización y adaptación a la actual realidad del sector».
El empleo es el tercer elemento que los sindicatos denuncian como motivo del conflicto. Los sindicatos han señalado la destrucción de 15.000 empleos en los últimos nueve años a nivel estatal, 150 en la provincia de Almería, apenas mitigados por las dos últimas e insuficientes ofertas de empleo y con carencias claras en la prestación del servicio público postal a la ciudadanía como ya se está palpando en los distritos de la capital UR1 (3-5-8) y UR2(7-9), en los municipios de Roquetas de Mar, El Ejido, Huércal Overa, Mojácar o Vera, entre otros.
Las cifras que barajan los sindicatos si se mantiene el recorte presupuestario de más de 120 millones de euros, sería la supresión de 30.000 puestos a nivel estatal a medio plazo, 200 en la provincia que dejaría a la ciudadanía prácticamente sin reparto y se convertiría en un drama social.
Señalan, igualmente, la pérdida de poder adquisitivo, con los salarios congelados y recortados desde 2010, el deterioro de las condiciones laborales y la instauración durante los últimos años de modalidades de empleo precario alcanzando cifras vergonzantes como un 35% de contratos eventuales y un 22% de puestos a tiempo parcial de entre cuatro, 8 y 16 horas semanales.
Ante esta situación, CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre han reiterado sus demandas -condicionando el desarrollo del conflicto a la respuesta del Gobierno- para que se desbloqueen los elementos que mantienen en zona de riesgo la continuidad del Correo Público: que se restituya el recorte de financiación, se apruebe el Plan de Prestación con una dotación suficiente y se dé vía libre a un necesario Plan Estratégico para la diversificación de la actividad. Y finalmente, para que se garantice la plantilla suficiente, con tasas de reposición por encima del 100% que permitan recuperar empleo, incrementos salariales por encima del IPC, el poder adquisitivo perdido con incrementos específicos, más allá de los pactados en el ámbito de la Función Pública para Correos y una regulación de las condiciones de trabajo que ponga fin a la creciente precariedad en el modelo de empleo.
Los sindicatos denuncian el recorte de dos tercios en la financiación del Servicio Postal Universal (servicio público a la ciudadanía) en 2017, «que lo ha reducido a la irrisoria cantidad de 57 millones de euros, el bloqueo por parte del Gobierno del Plan Estratégico, la destrucción de 15.000 puestos de trabajo desde 2008, 150 en la provincia, y la implantación de un modelo de empleo precario, con un peso cada vez mayor de la contratación temporal y a tiempo parcial».
Así y «ante la falta de respuesta a las demandas y propuestas sindicales tanto del Gobierno, como de SEPI —de quien depende Correos—, ante la previsible pérdida de 30.000 puestos de trabajo en todo el Estado a medio plazo, 200 a nivel provincial (calculado sobre 2/3 de la plantilla actual), los cuatro sindicatos han adelantado un calendario de movilizaciones que se iniciará en mayo y que será gradual y creciente en el tiempo, sin descartar la huelga general, en tanto no se dé respuesta a la exigencia de medidas para garantizar la continuidad de la mayor empresa del sector postal público».
Por otro lado, explican que el mercado postal viene transformándose en los últimos años como consecuencia de la sustitución del correo tradicional —con descensos del 5% anual— por comunicaciones electrónicas, de un lado, y de otro, por el incremento de la paquetería a raíz del desarrollo del comercio electrónico —con incrementos del 25% anual—. Ante esta situación, todos los grandes Correos europeos, con el apoyo de sus Gobiernos, han optado por ampliar su actividad logística y de paquetería ante el progresivo descenso de la carta tradicional, al tiempo que han mantenido su Banco Postal. «Correos es una preocupante excepción —denuncian— al depender de la carta en un 85% de sus ingresos y verse por tanto con una disminución de ingresos, envíos gestionados y beneficios. La necesaria apuesta por la diversificación, entrando de lleno en la paquetería, los servicios financieros o la restitución del Banco Postal, es la gran cuenta pendiente de Correos, así como la aprobación de un Plan Estratégico que Hacienda, propietario de la empresa pública, mantiene incomprensiblemente bloqueado y que impide su modernización y adaptación a la actual realidad del sector».
El empleo es el tercer elemento que los sindicatos denuncian como motivo del conflicto. Los sindicatos han señalado la destrucción de 15.000 empleos en los últimos nueve años a nivel estatal, 150 en la provincia de Almería, apenas mitigados por las dos últimas e insuficientes ofertas de empleo y con carencias claras en la prestación del servicio público postal a la ciudadanía como ya se está palpando en los distritos de la capital UR1 (3-5-8) y UR2(7-9), en los municipios de Roquetas de Mar, El Ejido, Huércal Overa, Mojácar o Vera, entre otros.
Las cifras que barajan los sindicatos si se mantiene el recorte presupuestario de más de 120 millones de euros, sería la supresión de 30.000 puestos a nivel estatal a medio plazo, 200 en la provincia que dejaría a la ciudadanía prácticamente sin reparto y se convertiría en un drama social.
Señalan, igualmente, la pérdida de poder adquisitivo, con los salarios congelados y recortados desde 2010, el deterioro de las condiciones laborales y la instauración durante los últimos años de modalidades de empleo precario alcanzando cifras vergonzantes como un 35% de contratos eventuales y un 22% de puestos a tiempo parcial de entre cuatro, 8 y 16 horas semanales.
Ante esta situación, CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre han reiterado sus demandas -condicionando el desarrollo del conflicto a la respuesta del Gobierno- para que se desbloqueen los elementos que mantienen en zona de riesgo la continuidad del Correo Público: que se restituya el recorte de financiación, se apruebe el Plan de Prestación con una dotación suficiente y se dé vía libre a un necesario Plan Estratégico para la diversificación de la actividad. Y finalmente, para que se garantice la plantilla suficiente, con tasas de reposición por encima del 100% que permitan recuperar empleo, incrementos salariales por encima del IPC, el poder adquisitivo perdido con incrementos específicos, más allá de los pactados en el ámbito de la Función Pública para Correos y una regulación de las condiciones de trabajo que ponga fin a la creciente precariedad en el modelo de empleo.
