Javier A. García (PP): «Han tenido cinco meses para salir de Galasa y no han hecho los deberes»
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| Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación Provincial. |
ALMERÍA HOY / 04·03·2018
«Han tenido cinco meses para salir de Galasa y no han hecho los deberes», explica el vicepresidente de Diputación, Javier Aureliano García (PP) respondiendo a la denuncia que tres alcaldes socialistas interpusieron contra el presidente Gabriel Amat por abandonar la prestación del servicio en Lúcar, Serón y Urrácal.
Los alcaldes socialistas de Lúcar y Serón interpusieron el pasado 2 de febrero, contra el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat (PP), una denuncia a la que, posteriormente, se adhirió el regidor de Urrácal. En su escrito, los firmantes solicitaban al Juzgado de Purchena el inicio de diligencias previas e investigaciones contra Amat porque la empresa provincial Galasa depositó el día anterior las llaves de las instalaciones que aseguran la prestación del ciclo integral del agua en sus municipios, «dejando de prestar las operaciones necesarias para el normal abastecimiento de las poblaciones».
Los denunciantes creen que los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia pueden ser objeto de delitos tipificados en el código penal.
Al mismo tiempo, requerían al juzgado que obligara a Galasa a seguir prestando el servicio en sus municipios, como medida cautelar, en tanto sus ayuntamientos proceden a la «adjudicación en trámite de máxima urgencia del abastecimiento a otra empresa especializada», manteniendo, al menos, «el servicio de potabilización, así como mantenimiento de las plantas EDAR [depuradoras]», unas medidas que el juez ordenó en apenas unas horas.
Todo tiene que ver con la negativa de estos consistorios a aceptar las nuevas tarifas y las modificaciones hechas a los estatutos.
Llaves en la notaría
«Le pedimos a Galasa que siguiera prestando el servicio durante dos meses, el tiempo justo para poder hacernos con la gestión del ciclo integral del agua, algo que no se puede improvisar de la noche a la mañana. Serón cuenta con 50 km de redes, 13 depósitos, 14 cloradores, EDAR... es un asunto complejo. No ha sido así y hemos recurrido a la justicia», anunciaba el alcalde de Serón y portavoz socialista en Diputación, Juan Antonio Lorenzo.
«Es verdad que nos habían cursado unos avisos a los que presentamos alegaciones —reconoce el regidor—, pero no nos respondieron hasta el 24 de enero. No es lógico dejar las llaves en una notaría. En ese momento entendí que habían dejado de clorar el agua pero, afortunadamente, no fue así. Nos notificaron que dejarían las llaves con sólo doce horas de antelación. Yo no podía hacerme cargo de la prestación del servicio. No estaba preparado y, por lo tanto, hubiera sido una irresponsabilidad por mi parte. Nosotros confiábamos en una solución. No queremos abandonar Galasa, aunque sí permanecer en otras condiciones que no han aceptado».
El alcalde de Serón admite saber «que el 1 de febrero era el plazo fijado para el traspaso del servicio, pero le pedí al vicepresidente que la empresa provincial actuara por sustitución en tanto podíamos hacernos cargo. Sin embargo, su respuesta fue depositar las llaves en una notaría. La del presidente, Gabriel Amat, que no le mandara ‘más cartitas’». «Hemos estado pidiendo amparo hasta el final —asegura Lorenzo—. Abogábamos por un divorcio civilizado».
«Mareando la perdiz»
No obstante, el vicepresidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García (PP), carga responsabilidades en el regidor socialista del municipio del Almanzora. «Los vecinos de Serón no tienen culpa de que su alcalde no haya hecho los deberes. Lorenzo ha demostrado ser un irresponsable. No se preocupa de proporcionar a sus ciudadanos los servicios básicos esenciales, pero me cae bien. Aunque no cumple con sus obligaciones, es una persona amable».
«Desde el 27 de julio —explica—, los tres alcaldes socialistas que han puesto la denuncia han estado mareando la perdiz y toreando a la Diputación, pero sin hacer sus deberes. Les hemos enviado comunicaciones y resuelto las alegaciones que plantearon el pasado 29 de diciembre. Les avisamos que nos íbamos y que tenían que comenzar a prestar el servicio, pero no lo han hecho. Querían imponer sus condiciones y formas de hacer».
«Le comunicaron al juzgado de Purchena que Galasa se ha ido sin previo aviso y poniendo en peligro la salud de los ciudadanos porque se había dejado de clorar el agua. La juez habrá visto un peligro y, por eso, ha dictado las medidas cautelares solicitadas en la denuncia falsa».
El vicepresidente apunta que «sólo han denunciado tres ayuntamientos. El alcalde de Armuña, también socialista, no lo ha hecho porque hizo los deberes y ha previsto prestar el servicio desde el 1de febrero. Todos tenían el mismo plazo de tiempo para hacerlo, pero no han sido igual de diligentes. Es lamentable que algunos hayan preferido la rencilla política, incluso poniendo en peligro a sus vecinos».
García subraya que «en el escrito que manda al juez, el alcalde de Serón asegura que quiere privatizar el ciclo integral del agua, pero que ha solicitado que la Diputación preste el servicio mientras lo saca a concurso». «Es bueno que los vecinos sepan que, con el pretexto de no ceder presuntamente los derechos del pueblo a Diputación, lo que va a hacer es ponerlos en manos de una empresa privada. Pasará a la historia por eso, por muchos golpes que se dé en el pecho hablando de lo público», afirma Javier Aureliano.
Además, el vicepresidente señala que Juan Antonio Lorenzo «se pliega a las directrices de Adela Segura por no dar la razón a Galasa. Es lamentable, porque, al final, a los vecinos de Serón les va a salir el agua más cara que a los del resto del Almanzora» e insiste: «Adela Segura manda en Serón, en Lúcar y sobre todos los alcaldes del PSOE».
Agua más barata para empresas y autónomos del Almanzora
Tras la aprobación por el pleno de Diputación de una rebaja en el precio del agua a las empresas y autónomos del Almanzora, el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, se preguntaba «¿cuándo nos engañaron, antes o ahora? ¿dónde está el error de la tarifa aprobada?».
A continuación, él mismo ofrecía una respuesta.
«Lo del Almanzora ha sido una tarifa política que se les ha vuelto en contra. Ya le dijimos que se podía afinar más y que los nuevos precios se le hacían cuesta arriba a todos, no sólo a los empresarios. El resto de la tarifa también puede ser revisable». En cambio, el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, aducía que «bajar el precio del agua a los autónomos y a las tiendas de Fines, Sierro o Suflí es una cuestión de justicia».
«Hicimos un estudio de costes que aconsejaba subir las tarifas en el Levante un 24% para compensar el gasto que genera el servicio. Finalmente, sólo se subió un 18%, lo que supone una rebaja en los ingresos de 1,3 millones de euros que supliremos con gestión». Aureliano restó importancia a la rebaja a las empresas y autónomos del Almanzora «significa una incidencia en las cuentas de 90.000 euros», añadiendo que «hay que decir también que el alza de los precios en esa comarca había sido del 200% y ahora hemos bajado un 10».
Inmediatamente, añadía un argumento al tiempo que exhibía lo conseguido gracias a la gestión de su partido. «El PP del Levante ha logrado que el agua sea potable tras 23 años de gobierno socialista al frente de Galasa. La del Almanzora no es desalada, por eso es más barata».
Los alcaldes socialistas de Lúcar y Serón interpusieron el pasado 2 de febrero, contra el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat (PP), una denuncia a la que, posteriormente, se adhirió el regidor de Urrácal. En su escrito, los firmantes solicitaban al Juzgado de Purchena el inicio de diligencias previas e investigaciones contra Amat porque la empresa provincial Galasa depositó el día anterior las llaves de las instalaciones que aseguran la prestación del ciclo integral del agua en sus municipios, «dejando de prestar las operaciones necesarias para el normal abastecimiento de las poblaciones».
Los denunciantes creen que los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia pueden ser objeto de delitos tipificados en el código penal.
Al mismo tiempo, requerían al juzgado que obligara a Galasa a seguir prestando el servicio en sus municipios, como medida cautelar, en tanto sus ayuntamientos proceden a la «adjudicación en trámite de máxima urgencia del abastecimiento a otra empresa especializada», manteniendo, al menos, «el servicio de potabilización, así como mantenimiento de las plantas EDAR [depuradoras]», unas medidas que el juez ordenó en apenas unas horas.
Todo tiene que ver con la negativa de estos consistorios a aceptar las nuevas tarifas y las modificaciones hechas a los estatutos.
Llaves en la notaría
«Le pedimos a Galasa que siguiera prestando el servicio durante dos meses, el tiempo justo para poder hacernos con la gestión del ciclo integral del agua, algo que no se puede improvisar de la noche a la mañana. Serón cuenta con 50 km de redes, 13 depósitos, 14 cloradores, EDAR... es un asunto complejo. No ha sido así y hemos recurrido a la justicia», anunciaba el alcalde de Serón y portavoz socialista en Diputación, Juan Antonio Lorenzo.
«Es verdad que nos habían cursado unos avisos a los que presentamos alegaciones —reconoce el regidor—, pero no nos respondieron hasta el 24 de enero. No es lógico dejar las llaves en una notaría. En ese momento entendí que habían dejado de clorar el agua pero, afortunadamente, no fue así. Nos notificaron que dejarían las llaves con sólo doce horas de antelación. Yo no podía hacerme cargo de la prestación del servicio. No estaba preparado y, por lo tanto, hubiera sido una irresponsabilidad por mi parte. Nosotros confiábamos en una solución. No queremos abandonar Galasa, aunque sí permanecer en otras condiciones que no han aceptado».
El alcalde de Serón admite saber «que el 1 de febrero era el plazo fijado para el traspaso del servicio, pero le pedí al vicepresidente que la empresa provincial actuara por sustitución en tanto podíamos hacernos cargo. Sin embargo, su respuesta fue depositar las llaves en una notaría. La del presidente, Gabriel Amat, que no le mandara ‘más cartitas’». «Hemos estado pidiendo amparo hasta el final —asegura Lorenzo—. Abogábamos por un divorcio civilizado».
«Mareando la perdiz»
No obstante, el vicepresidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García (PP), carga responsabilidades en el regidor socialista del municipio del Almanzora. «Los vecinos de Serón no tienen culpa de que su alcalde no haya hecho los deberes. Lorenzo ha demostrado ser un irresponsable. No se preocupa de proporcionar a sus ciudadanos los servicios básicos esenciales, pero me cae bien. Aunque no cumple con sus obligaciones, es una persona amable».
«Desde el 27 de julio —explica—, los tres alcaldes socialistas que han puesto la denuncia han estado mareando la perdiz y toreando a la Diputación, pero sin hacer sus deberes. Les hemos enviado comunicaciones y resuelto las alegaciones que plantearon el pasado 29 de diciembre. Les avisamos que nos íbamos y que tenían que comenzar a prestar el servicio, pero no lo han hecho. Querían imponer sus condiciones y formas de hacer».
«Le comunicaron al juzgado de Purchena que Galasa se ha ido sin previo aviso y poniendo en peligro la salud de los ciudadanos porque se había dejado de clorar el agua. La juez habrá visto un peligro y, por eso, ha dictado las medidas cautelares solicitadas en la denuncia falsa».
El vicepresidente apunta que «sólo han denunciado tres ayuntamientos. El alcalde de Armuña, también socialista, no lo ha hecho porque hizo los deberes y ha previsto prestar el servicio desde el 1de febrero. Todos tenían el mismo plazo de tiempo para hacerlo, pero no han sido igual de diligentes. Es lamentable que algunos hayan preferido la rencilla política, incluso poniendo en peligro a sus vecinos».
García subraya que «en el escrito que manda al juez, el alcalde de Serón asegura que quiere privatizar el ciclo integral del agua, pero que ha solicitado que la Diputación preste el servicio mientras lo saca a concurso». «Es bueno que los vecinos sepan que, con el pretexto de no ceder presuntamente los derechos del pueblo a Diputación, lo que va a hacer es ponerlos en manos de una empresa privada. Pasará a la historia por eso, por muchos golpes que se dé en el pecho hablando de lo público», afirma Javier Aureliano.
Además, el vicepresidente señala que Juan Antonio Lorenzo «se pliega a las directrices de Adela Segura por no dar la razón a Galasa. Es lamentable, porque, al final, a los vecinos de Serón les va a salir el agua más cara que a los del resto del Almanzora» e insiste: «Adela Segura manda en Serón, en Lúcar y sobre todos los alcaldes del PSOE».
Agua más barata para empresas y autónomos del Almanzora
Tras la aprobación por el pleno de Diputación de una rebaja en el precio del agua a las empresas y autónomos del Almanzora, el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, se preguntaba «¿cuándo nos engañaron, antes o ahora? ¿dónde está el error de la tarifa aprobada?».
A continuación, él mismo ofrecía una respuesta.
«Lo del Almanzora ha sido una tarifa política que se les ha vuelto en contra. Ya le dijimos que se podía afinar más y que los nuevos precios se le hacían cuesta arriba a todos, no sólo a los empresarios. El resto de la tarifa también puede ser revisable». En cambio, el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, aducía que «bajar el precio del agua a los autónomos y a las tiendas de Fines, Sierro o Suflí es una cuestión de justicia».
«Hicimos un estudio de costes que aconsejaba subir las tarifas en el Levante un 24% para compensar el gasto que genera el servicio. Finalmente, sólo se subió un 18%, lo que supone una rebaja en los ingresos de 1,3 millones de euros que supliremos con gestión». Aureliano restó importancia a la rebaja a las empresas y autónomos del Almanzora «significa una incidencia en las cuentas de 90.000 euros», añadiendo que «hay que decir también que el alza de los precios en esa comarca había sido del 200% y ahora hemos bajado un 10».
Inmediatamente, añadía un argumento al tiempo que exhibía lo conseguido gracias a la gestión de su partido. «El PP del Levante ha logrado que el agua sea potable tras 23 años de gobierno socialista al frente de Galasa. La del Almanzora no es desalada, por eso es más barata».
