La acusa de un delito de desobediencia castigado con hasta un año de prisión y dos de inhabilitación
ALMERÍA HOY / 20·03·2018
El Defensor del Pueblo ha llevado a Rosa María Cano (PP), alcaldesa de Mojácar, a la Fiscalía por un delito de desobediencia. La institución ha adoptado esta decisión tras calificarla, junto a otros 18 de los más de 8.000 municipios de España, como administración entorpecedora al negarle reiteradamente información solicitada.
El delito por el que se acusa a la regidora está castigado en el Código Penal con una pena de prisión de 6 meses a un año y multa de 12 a 24 meses, además de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público por tiempo de seis meses a dos años. El caso por el que la Defensora ha incoado la denuncia arrancó el 16 de junio de 2015, cuando, a instancias de un vecino, solicitó información referente a incidencias en la numeración de las calles que entorpecían la recepción de correo.
Por lo que sabemos, el Ayuntamiento aún no ha contestado tampoco a los requerimientos cursados a instancias de Pedro Sáez, propietario del chiringuito Playa blanca, en agosto del pasado año, y hace tres meses otro con origen en una petición sobre los vados por parte de Somos Mojácar.
El Ayuntamiento de Mojácar fue calificado como administración entorpecedora por la oficina del Defensor del Pueblo el pasado 21 de junio, pero no ha servido para que le facilite la información reclamada.
El delito por el que se acusa a la regidora está castigado en el Código Penal con una pena de prisión de 6 meses a un año y multa de 12 a 24 meses, además de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público por tiempo de seis meses a dos años. El caso por el que la Defensora ha incoado la denuncia arrancó el 16 de junio de 2015, cuando, a instancias de un vecino, solicitó información referente a incidencias en la numeración de las calles que entorpecían la recepción de correo.
Por lo que sabemos, el Ayuntamiento aún no ha contestado tampoco a los requerimientos cursados a instancias de Pedro Sáez, propietario del chiringuito Playa blanca, en agosto del pasado año, y hace tres meses otro con origen en una petición sobre los vados por parte de Somos Mojácar.
El Ayuntamiento de Mojácar fue calificado como administración entorpecedora por la oficina del Defensor del Pueblo el pasado 21 de junio, pero no ha servido para que le facilite la información reclamada.
