Los partidos de la oposición llevarán a la alcaldesa de Mojácar de nuevo a los juzgados

Lo harán por dos motivos: convocar el pleno extraordinario sobrepasado del plazo legal, y por «pisotear nuestro derecho a participar en la política municipal»


(De izda a dcha), Carlos Rodríguez (Somos Mojácar, María Morales (Unión Mojaquera) y Manuel Zamora (PSOE) muestran el escrito registrado en el Ayuntamiento el 22 de enero.

ALMERÍA HOY / 09·02·2018

El pasado 22 de enero, los portavoces de PSOE, Somos Mojácar y Unión Mojaquera registraron en el Ayuntamiento un escrito como paso previo para emprender acciones judiciales contra la regidora Rosa María Cano (PP) por convocar fuera de plazo el pleno extraordinario que habían solicitado, así como por impedir la realización de su trabajo y, en palabras del socialista Manuel Zamora, «pisotear nuestro derecho a participar en la política municipal como estipula la normativa vigente».

Ahora, los servicios jurídicos de los grupos de la oposición están trabajando en la demanda que van a interponer contra la alcaldesa, sustanciada en lo ya expuesto.

Los hechos tienen su origen el 15 de diciembre de 2017. Ese día, los portavoces de los tres grupos opositores solicitaron a la alcaldesa la convocatoria de un pleno extraordinario para decidir, entre otras cuestiones, el envío a la Inspección de Trabajo y al Defensor del Pueblo de un informe de intervención que reconoce, al menos, dos presuntas irregularidades en el pago de gratificaciones a trabajadores municipales. Hay que recordar que esas retribuciones extraordinarias coincidieron en el tiempo con la prohibición por parte de Hacienda de pagar las extras a los funcionarios y, además, y según desvelara el portavoz socialista, Manuel Zamora, «es una práctica de la alcaldesa para pagar las jornadas completas que realizan trabajadores que han sido contratados a tiempo parcial».

En ese sentido, las irregularidades que apunta el interventor en su informe consistirían en haber consignado más de ochenta horas extraordinarias en el periodo de un año a algunos empleados y haber sobrepasado con esas gratificaciones el 10% de las retribuciones anuales del trabajador. La normativa vigente es contraria a esto.

Según la ley, el pleno debió haberse celebrado antes de los quince días hábiles que seguían al registro de su petición, es decir, como muy tarde, el 8 de enero. Sin embargo, la alcaldesa lo convocó el 16.

Los concejales de los tres grupos de la oposición no entraron al Salón de Plenos ese día, al considerar que la convocatoria no se ajustaba a derecho y, por lo tanto, era ilegal, sin embargo, la regidora dio comienzo a la sesión una vez pasados cinco minutos de cortesía.
Al no haber sido señalada la sesión una vez superado el plazo establecido, la norma indica —según la oposición— que debía serlo, automáticamente, diez días más tarde, es decir, el 22 de enero, y, como no fue así, los ediles de las tres formaciones solicitantes registraron otro documento en el que recordaban a la regidora popular los preceptos legales que supuestamente había incumplido. «Se trata de un paso previo a la interposición de las acciones judiciales que están preparando nuestros abogados», confirma el portavoz socialista Manuel Zamora.

Aseguran los concejales de la oposición en una nota que Cano «se salta la legalidad cada tres por dos», y se muestran muy molestos desde hace tiempo «con su actitud de desprecio hacia los representantes de los habitantes de Mojácar».


Reincidencia

Socialistas, Somos Mojácar y la concejal de Unión Mojaquera María Morales subrayan en el comunicado que «la ley está para cumplirla», y recuerdan que la actitud de Cano no es nueva, «pues ya hace cinco años fue denunciada porque no había celebrado ningún pleno ordinario en seis meses, cuando está obligada por ley a convocarlos con más frecuencia».

Además, apuntan que «tiene también una causa abierta por los empadronamientos ilegales y por la supuesta compra de votos en las pasadas elecciones municipales». «Y no contenta con eso, siempre está apurando los plazos al límite, entregándonos la información de los plenos sin tiempo para poder estudiarla», añaden.

«Queremos que Mojácar sea gobernado por alguien responsable y competente, que cuente con la ciudadanía a través de sus representantes para consensuar y tomar las decisiones importantes», afirman los cinco concejales, que consideran que la mandataria del PP «utiliza el Ayuntamiento de manera déspota, como si fuera su propio castillo». «Afortunadamente, hemos conseguido que no nos impida grabar los plenos, como hacía antes también de forma ilegal, y cualquiera en el pueblo puede ver su actitud en las grabaciones que hacemos», añaden.

«Rosa María Cano es maestra en desfigurar la ley y la realidad, en intentar impedir el normal funcionamiento democrático del Ayuntamiento de Mojácar, en tratar de manchar a la oposición haciendo creer a la gente que los concejales contrarios a ella. Por mucho menos de lo que ha hecho, muchos alcaldes de nuestro país han sido inhabilitados», concluyen.

Al día siguiente de la nota, el 17 de enero, Jessica Simpson, portavoz de Somos Mojácar, tras entrevistarse con la secretaria municipal, declaraba creer «que no había existido intencionalidad» por parte de la funcionaria, a la que había visto «muy afectada». «La secretaria cree que el pleno del día 16 estaba bien convocado y celebrado, aunque un juez tendrá que decidir si es así».

Con menos contemplaciones se anduvo su compañero de grupo, Carlos Rodríguez, quien afirmaba categórico que «la responsabilidad de la convocatoria es siempre de la alcaldesa, que conoce la ley, sabe que la burló y nos tiene acostumbrados a verla parapetarse detrás de los funcionarios, una actitud que no es de valientes». De idéntica forma se expresaba el socialista Manuel Zamora. «La alcaldesa es quien convoca los plenos. Yo no culpo a la secretaria. Rosa María Cano lo hace cuando cree oportuno, agota los plazos y no nos proporciona la información que necesitamos».


El Maui recurrirá el ‘nuevo’ proyecto de Paseo

Los abogados de los propietarios del conocido chiringuito de Mojácar ultiman el recurso que interpondrán contra el ‘nuevo’ proyecto del Paseo Marítimo, una vez lograron anularlo por exceder los plazos de su tramitación administrativa.

Los letrados, que no tienen claro que el proyecto actual en proceso de tramitación sea nuevo, pues es idéntico al anulado excepto en algunos pequeños añadidos, alegarán varios errores que han encontrado en el expediente, como la invasión de propiedad privada.