Es el principal argumento que adujo al Tribunal Constitucional, que ha desestimado la suspensión de la condena firme que le obligaba a dimitir en abril de 2017, lo que no ha hecho ante la inhibición de la Audiencia Provincial y el estupor de la oposición
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| Antonio Peñuela, alcalde de Partaloa (archivo). |
ALMERÍA HOY / 13·02·2018
Antonio Peñuela, alcalde de Partaloa, solicitó al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión de la condena que le inhabilitó en firme el pasado 22 de abril a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber despedido al secretario municipal pese a existir informes en contra de la legalidad del acto.
El todavía regidor argumentaba que la ejecución de la condena ocasionaría «perjuicios irreparables» porque «perdería su condición de alcalde».
Peñuela reconoce en su escrito que el Juzgado de lo Penal ya le había denegado la suspensión, pese al «riesgo de pérdida de su condición de cargo representativo, al haber acordado la Diputación Provincial de Almería la designación de un secretario con la encomienda de convocar una sesión extraordinaria plenaria de la Corporación para la elección de nuevo alcalde».
Sin embargo, para justificar su rechazo a la suspensión de la condena, el TC advierte que la «reincorporación» de Peñuela al cargo «puede provocar una grave perturbación de los intereses generales».
El todavía regidor argumentaba que la ejecución de la condena ocasionaría «perjuicios irreparables» porque «perdería su condición de alcalde».
Peñuela reconoce en su escrito que el Juzgado de lo Penal ya le había denegado la suspensión, pese al «riesgo de pérdida de su condición de cargo representativo, al haber acordado la Diputación Provincial de Almería la designación de un secretario con la encomienda de convocar una sesión extraordinaria plenaria de la Corporación para la elección de nuevo alcalde».
Sin embargo, para justificar su rechazo a la suspensión de la condena, el TC advierte que la «reincorporación» de Peñuela al cargo «puede provocar una grave perturbación de los intereses generales».
