«Se ha diseñado una plazoleta -donde está el chiringuito- existiendo otras parcelas cercanas en las que no hay negocios»
ALMERÍA HOY / 25·02·2018
El Consejo para la Unidad de Mercado, órgano de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ha emitido un informe a petición de los propietarios del Maui, uno de los chiringuitos afectados por las expropiaciones para construir el desglosado 2 del Paseo Marítimo de Mojácar.
El documento estima las alegaciones presentadas por los propietarios del famoso chiringuito, al tiempo que reprende, sin citarlos, a Costas y a la alcaldesa, Rosa María Cano (PP), al exigir —«a la autoridad competente»— «considerar el principio de necesidad y proporcionalidad», es decir, conjugar «la necesidad de dotar de servicios y la previa existencia de instalaciones y actividad económica». En otras palabras, pide que se procure compatibilizar el trazado del Paseo Marítimo con los intereses de los negocios existentes en el área afectada. De no hacerlo, el proyecto de Costas hecho al dictado de la alcaldesa mojaquera sería ilegal, porque estaría perjudicando la actividad económica de los chiringuitos.
Los propietarios del Maui alegaron al organismo citado que «la ampliación del Paseo supera en algún tramo la anchura de la zona de servidumbre de tránsito, que se ha incluido un carril bici cuando los paseos marítimos deben ser preferentemente peatonales y sin vías rodadas, y que se ha diseñado una plazoleta que supone la expropiación de parte de la parcela en donde está situado el chiringuito, existiendo otras cercanas en las que no hay actualmente negocios implantados, donde podría haberse ubicado dicha plazoleta».
Respaldo al Maui
En ese sentido, la Dirección General de Política Económica respalda lo expuesto por los responsables del Maui y afirma que «en el diseño de la ampliación del Paseo Marítimo, la autoridad competente habrá de considerar el principio de necesidad y proporcionalidad», tal y como exige el artículo 5 de la Ley de garantía de la unidad de mercado.
¿Qué significa eso? El informe lo deja bien claro al decir que deberá traducirse «entre otras exigencias, en la selección de la medida menos distorsionadora de la actividad económica». En el caso que nos ocupa, los redactores del trazado del Paseo Marítimo de Mojácar deben tener en consideración “la escasez del espacio físico, la necesidad de dotar de servicios a las áreas afectadas y la previa existencia de instalaciones y actividad económica en dichas áreas”. Las tres variables al mismo tiempo.
El informe es preciso y contundente a la hora de plantear una solución. Así, concluye afirmando y repitiendo que, «en la medida en que las decisiones de las autoridades competentes, en este caso el trazado de ampliación de un paseo marítimo, pueda limitar el acceso a una actividad económica o su ejercicio, dichas decisiones habrán de ajustarse a los principios de garantía de la unidad de mercado, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la Ley».
«Orgullo y mala leche»
Desde la oposición, Manuel Zamora (PSOE) se congratula de que «el Gobierno de España respalde la postura que hemos defendido», y emplaza a la regidora «a que se siente de una vez por todas a dialogar con los vecinos afectados por el trazado para buscar soluciones que satisfagan a todos y salven los centenares de puestos de trabajo que hay en juego, aunque mucho me temo que el orgullo y su mala leche no se lo van a permitir».
Sin embargo, el portavoz socialista advierte a la regidora «y a su amigo de Costas» que, de seguir adelante con su proyecto, «se las verán con la justicia». «Que no saquen músculo –añade- y se sienten con los afectados, aunque sea en algún lugar en que nadie les vea, y lleguen a un acuerdo que acabe con la incertidumbre de muchos trabajadores».
El edil recuerda que este proyecto de Paseo Marítimo ya cuenta con una «bofetada» anterior, que fue su anulación por caducidad, «aunque volvieron a iniciar el procedimiento de nuevo el 28 de diciembre pasado, como una inocentada de mal gusto»..
La huella de neumáticos en la acera sirve para exigir vados
Cerca de un centenar de afectados acudieron el domingo 18 de febrero a la reunión convocada por la oposición mojaquera contra «el vado obligatorio». «Hemos conocido —revela el portavoz socialista Manuel Zamora— cómo la alcaldesa Rosa María Cano (PP) ordena a los agentes de la Policía local fotografiar a los usuarios entrando o saliendo de su garaje para exigirles la solicitud de un vado. Ha llegado a darse el caso de vecinos a los que se ha enviado como prueba de que están haciendo uso de la cochera la huella de neumáticos sobre la acera».
Zamora ha anunciado que los servicios jurídicos de PSOE, Somos Mojácar y Unión Mojaquera «ya están redactando, de manera desinteresada, los recursos de reposición de los afectados a los escritos enviados por la regidora». «Cada caso es diferente —apostilla—, pero todos tienen en común estar sufriendo el abuso y la prepotencia de Rosa María Cano». «Son ya 25 las reclamaciones que nuestros servicios jurídicos están redactando», añade Carlos Rodríguez, portavoz de Somos Mojácar.
Rodríguez revela una «trampa que ha tendido la alcaldesa la alcaldesa a estos vecinos».
El presunto ardid consiste, según el edil, en que «la regidora entrega la documentación con la solicitud de vado a la Policía local con una fecha de expedición, pero los agentes no la entregan inmediatamente, sino cuando pueden. Puede ser al día siguiente, una semana después o el día que sea. El problema surge cuando el vecino reflexiona y quiere recurrir el vado porque, si no ha tenido la previsión de fechar el día en que firma la recepción de la notificación, el plazo para presentar el recurso empieza a correr el día en que se expidió el documento, no la fecha en que realmente tuvo lugar la comunicación».
El documento estima las alegaciones presentadas por los propietarios del famoso chiringuito, al tiempo que reprende, sin citarlos, a Costas y a la alcaldesa, Rosa María Cano (PP), al exigir —«a la autoridad competente»— «considerar el principio de necesidad y proporcionalidad», es decir, conjugar «la necesidad de dotar de servicios y la previa existencia de instalaciones y actividad económica». En otras palabras, pide que se procure compatibilizar el trazado del Paseo Marítimo con los intereses de los negocios existentes en el área afectada. De no hacerlo, el proyecto de Costas hecho al dictado de la alcaldesa mojaquera sería ilegal, porque estaría perjudicando la actividad económica de los chiringuitos.
Los propietarios del Maui alegaron al organismo citado que «la ampliación del Paseo supera en algún tramo la anchura de la zona de servidumbre de tránsito, que se ha incluido un carril bici cuando los paseos marítimos deben ser preferentemente peatonales y sin vías rodadas, y que se ha diseñado una plazoleta que supone la expropiación de parte de la parcela en donde está situado el chiringuito, existiendo otras cercanas en las que no hay actualmente negocios implantados, donde podría haberse ubicado dicha plazoleta».
Respaldo al Maui
En ese sentido, la Dirección General de Política Económica respalda lo expuesto por los responsables del Maui y afirma que «en el diseño de la ampliación del Paseo Marítimo, la autoridad competente habrá de considerar el principio de necesidad y proporcionalidad», tal y como exige el artículo 5 de la Ley de garantía de la unidad de mercado.
¿Qué significa eso? El informe lo deja bien claro al decir que deberá traducirse «entre otras exigencias, en la selección de la medida menos distorsionadora de la actividad económica». En el caso que nos ocupa, los redactores del trazado del Paseo Marítimo de Mojácar deben tener en consideración “la escasez del espacio físico, la necesidad de dotar de servicios a las áreas afectadas y la previa existencia de instalaciones y actividad económica en dichas áreas”. Las tres variables al mismo tiempo.
El informe es preciso y contundente a la hora de plantear una solución. Así, concluye afirmando y repitiendo que, «en la medida en que las decisiones de las autoridades competentes, en este caso el trazado de ampliación de un paseo marítimo, pueda limitar el acceso a una actividad económica o su ejercicio, dichas decisiones habrán de ajustarse a los principios de garantía de la unidad de mercado, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la Ley».
«Orgullo y mala leche»
Desde la oposición, Manuel Zamora (PSOE) se congratula de que «el Gobierno de España respalde la postura que hemos defendido», y emplaza a la regidora «a que se siente de una vez por todas a dialogar con los vecinos afectados por el trazado para buscar soluciones que satisfagan a todos y salven los centenares de puestos de trabajo que hay en juego, aunque mucho me temo que el orgullo y su mala leche no se lo van a permitir».
Sin embargo, el portavoz socialista advierte a la regidora «y a su amigo de Costas» que, de seguir adelante con su proyecto, «se las verán con la justicia». «Que no saquen músculo –añade- y se sienten con los afectados, aunque sea en algún lugar en que nadie les vea, y lleguen a un acuerdo que acabe con la incertidumbre de muchos trabajadores».
El edil recuerda que este proyecto de Paseo Marítimo ya cuenta con una «bofetada» anterior, que fue su anulación por caducidad, «aunque volvieron a iniciar el procedimiento de nuevo el 28 de diciembre pasado, como una inocentada de mal gusto»..
La huella de neumáticos en la acera sirve para exigir vados
Cerca de un centenar de afectados acudieron el domingo 18 de febrero a la reunión convocada por la oposición mojaquera contra «el vado obligatorio». «Hemos conocido —revela el portavoz socialista Manuel Zamora— cómo la alcaldesa Rosa María Cano (PP) ordena a los agentes de la Policía local fotografiar a los usuarios entrando o saliendo de su garaje para exigirles la solicitud de un vado. Ha llegado a darse el caso de vecinos a los que se ha enviado como prueba de que están haciendo uso de la cochera la huella de neumáticos sobre la acera».
Zamora ha anunciado que los servicios jurídicos de PSOE, Somos Mojácar y Unión Mojaquera «ya están redactando, de manera desinteresada, los recursos de reposición de los afectados a los escritos enviados por la regidora». «Cada caso es diferente —apostilla—, pero todos tienen en común estar sufriendo el abuso y la prepotencia de Rosa María Cano». «Son ya 25 las reclamaciones que nuestros servicios jurídicos están redactando», añade Carlos Rodríguez, portavoz de Somos Mojácar.
Rodríguez revela una «trampa que ha tendido la alcaldesa la alcaldesa a estos vecinos».
El presunto ardid consiste, según el edil, en que «la regidora entrega la documentación con la solicitud de vado a la Policía local con una fecha de expedición, pero los agentes no la entregan inmediatamente, sino cuando pueden. Puede ser al día siguiente, una semana después o el día que sea. El problema surge cuando el vecino reflexiona y quiere recurrir el vado porque, si no ha tenido la previsión de fechar el día en que firma la recepción de la notificación, el plazo para presentar el recurso empieza a correr el día en que se expidió el documento, no la fecha en que realmente tuvo lugar la comunicación».
