El secretario es tajante: No hay originales de las copias compulsadas en el Ayuntamiento y tampoco están las láminas
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| Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado el 19 de octubre de 2010, cuando aún era alcalde. A su izquierda el secretario, Francisco Javier Rodríguez. |
ALMERÍA HOY / 17·02·2018
Investigados por la justicia, el exalcalde socialista Cristóbal Fernández y la que fue su responsable de Cultura, Josefa Cruz, han aportado al juez fotocopias compulsadas de supuestos documentos que acreditarían que las 80 láminas de Goya objeto del procedimiento están en el Ayuntamiento y fueron compradas respetando el procedimiento administrativo. Sin embargo, el secretario ha informado al juez sus dudas sobre la veracidad de las pruebas.
La juez que instruye la causa penal contra el exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, y su exconcejal de Cultura, Josefa Cruz, por presunta malversación de fondos públicos en la compra de una colección de 80 facsímiles de la serie de grabados de Francisco de Goya Desastres de la guerra, está indagando la veracidad de los documentos aportados por los investigados para intentar acreditar que la adquisición se hizo de acuerdo a la legalidad, que las láminas están en el archivo municipal y que no obran en su poder, tal y como sostiene el actual equipo de gobierno.
En ese sentido, el secretario municipal carbonero es tajante: No hay originales en el Ayuntamiento de las copias compulsadas presentadas por los investigados y tampoco están las láminas.
Así, el funcionario ha informado a la jueza que «no se puede aportar, ni acreditar» que exista «ninguna resolución o decreto» de fecha 31 de julio de 2009 para la adquisición de la colección por parte de quien era entonces concejal de Cultura y, en la actualidad, edil en la oposición, pese a que ella aportó fotocopia compulsada de un documento con esa fecha en que, al parecer, adjudicaba a la editorial el suministro de las 80 estampas.
Más aún, en su escrito, el funcionario indica que se han «revisado todos» los decretos y resoluciones emitidos en 2009, y que «sólo se ha encontrado un decreto de la citada Concejalía de Cultura correspondiente a la aprobación de pagos para un festival de jazz» firmado el 7 de enero de ese año. Por si acaso, el secretario revisó «las actas de todos los Plenos correspondientes a 2009 y parte del 2010» a fin de comprobar si se había dado cuenta de la presunta y mencionada resolución o decreto, habiendo hallado únicamente la ya citada para el pago del festival de jazz.
No hay originales
Por otro lado, el funcionario ha comunicado al Juzgado de Instrucción 2 de Vera que «no constan» en los registros municipales los originales de otras certificaciones aportadas por los investigados y en las que el secretario daría cuenta, cuando se hizo el traspaso del bastón de mando entre PSOE e independientes de Gicar, de la presencia de la colección en los archivos municipales.
En el mismo escrito de respuesta a la exigencia de la juez, el secretario señala que los sellos estampados en los documentos parecen ser los oficiales del Ayuntamiento, si bien matiza y remarca que la calidad de la copia «dificulta en algunos casos la identificación de los sellos».
Entre esas matizaciones, indica que alguno de los documentos presentados por Fernández y Cruz «carece de los sellos de Alcaldía y Secretaría», y apunta a que otro «sólo tiene un único sello en el que no resulta legible el escudo ni el área de trabajo a que corresponde».
Además, el secretario añade que un tercero tiene estampado un sello ovalado que «parece corresponder al área de Cultura» pero, tras señalar que «no resulta legible», advierte que, en la fecha que figura, «estaban siendo sustituidos por sellos redondos».
Esta nueva diligencia llega después de que la jueza requiriese al Ayuntamiento que acreditase la existencia de los originales de los documentos cuestionados. En el marco del mismo procedimiento, el Consistorio ya había informado que la compra se realizó presuntamente sin tramitar «expediente alguno» y «sin ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales».
El proceso que se sigue contra Cristóbal Fernández y Josefa Cruz se abrió a partir de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar) en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, llegadas en su caja original, un estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal. El Consistorio carbonero llevaba cerca de dos años tras la pista de la colección, que costó 3.250 euros pero valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros, y cuya desaparición se detectó de «forma casual» al implementar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos.
De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y le dio un plazo de diez días para que respondiera, aunque no lo hizo.
Así las cosas, la denuncia fue estimada por el Ministerio Público que, a su vez, decretó elevarla al Juzgado de Vera. El fiscal entendió que procedía incoar procedimiento penal a la vista del atestado elaborado por los agentes de la Policía Judicial de Garrucha ya que, en éste, “se acreditan” los hechos denunciados por el Ayuntamiento, se hacía constar que las láminas «fueron recepcionadas por la concejal que encargó su compra» y también que «nunca fueron expuestas al público, como era su destino».
En esta línea, indicó que «no es descartable» que el «acto administrativo dictado por la edil socialista para adquirir las estampas» pudiera ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa al existir «fundadas sospechas de que el mismo es contrario a la legislación aplicable y sólo obedeció a una decisión personal suya y no a una necesidad para el Ayuntamiento».
La misma Josefa Cruz declaró ante la Policía Judicial que la compra se debió a una «decisión personal suya inmotivada» y «razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público».
Por tanto, el fiscal apuntaba que el «desvío» del material adquirido para «fines distintos del servicio público para el que se supone fueron adquiridos, aunque no estuviera justificado», así como «la desaparición posterior de la misma sin que exista ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales y no se destinara al fin para el cual se adquirió», podría encuadrarse en un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
«Buscaban que les echaran del Pleno»
El concejal de Hacienda de Carboneras y portavoz del equipo de gobierno, Felipe Cayuela (Gicar) asegura que tanto el portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, como el concejal socialista y coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería, Ramón Soto, «tenían preparada una estrategia en el último pleno —celebrado el pasado 29 de enero— para provocar una salida de tono por mi parte o la del alcalde. Querían que el alcalde los echara del Pleno».
Cayuela hacía referencia al incidente protagonizado por él y los ediles de la oposición en los prolegómenos de la sesión, cuyas imágenes circulan como la pólvora en redes sociales. «Alguien quitó la silla del lugar que ocupo en el plenario —explica Felipe Cayuela— y la colocó en un rincón. La cogí y, cuando pedí a los concejales socialistas que se echaran un poco adelante para poder pasar, ya que habían ocupado con bolsas y otros bultos el lugar que quedaba tras ellos, Soto me respondió riendo ‘no me da la gana’, mientras que Amérigo me ordenó que diera la vuelta y entrara por el otro lado de la sala».
«En ese momento —continúa— intervino el alcalde, pidiéndoles que me dejaran pasar o se vería obligado a llamar a la Policía, a lo que ambos contestaron ‘échanos’. Tal vez era lo que andaban buscando, algo de circo para salir en los medios, porque no tienen otra cosa que ofrecer».
Cayuela ocupó su sitio como pudo, pasando por encima de los bultos, y comenzó la sesión.
La juez que instruye la causa penal contra el exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, y su exconcejal de Cultura, Josefa Cruz, por presunta malversación de fondos públicos en la compra de una colección de 80 facsímiles de la serie de grabados de Francisco de Goya Desastres de la guerra, está indagando la veracidad de los documentos aportados por los investigados para intentar acreditar que la adquisición se hizo de acuerdo a la legalidad, que las láminas están en el archivo municipal y que no obran en su poder, tal y como sostiene el actual equipo de gobierno.
En ese sentido, el secretario municipal carbonero es tajante: No hay originales en el Ayuntamiento de las copias compulsadas presentadas por los investigados y tampoco están las láminas.
Así, el funcionario ha informado a la jueza que «no se puede aportar, ni acreditar» que exista «ninguna resolución o decreto» de fecha 31 de julio de 2009 para la adquisición de la colección por parte de quien era entonces concejal de Cultura y, en la actualidad, edil en la oposición, pese a que ella aportó fotocopia compulsada de un documento con esa fecha en que, al parecer, adjudicaba a la editorial el suministro de las 80 estampas.
Más aún, en su escrito, el funcionario indica que se han «revisado todos» los decretos y resoluciones emitidos en 2009, y que «sólo se ha encontrado un decreto de la citada Concejalía de Cultura correspondiente a la aprobación de pagos para un festival de jazz» firmado el 7 de enero de ese año. Por si acaso, el secretario revisó «las actas de todos los Plenos correspondientes a 2009 y parte del 2010» a fin de comprobar si se había dado cuenta de la presunta y mencionada resolución o decreto, habiendo hallado únicamente la ya citada para el pago del festival de jazz.
No hay originales
Por otro lado, el funcionario ha comunicado al Juzgado de Instrucción 2 de Vera que «no constan» en los registros municipales los originales de otras certificaciones aportadas por los investigados y en las que el secretario daría cuenta, cuando se hizo el traspaso del bastón de mando entre PSOE e independientes de Gicar, de la presencia de la colección en los archivos municipales.
En el mismo escrito de respuesta a la exigencia de la juez, el secretario señala que los sellos estampados en los documentos parecen ser los oficiales del Ayuntamiento, si bien matiza y remarca que la calidad de la copia «dificulta en algunos casos la identificación de los sellos».
Entre esas matizaciones, indica que alguno de los documentos presentados por Fernández y Cruz «carece de los sellos de Alcaldía y Secretaría», y apunta a que otro «sólo tiene un único sello en el que no resulta legible el escudo ni el área de trabajo a que corresponde».
Además, el secretario añade que un tercero tiene estampado un sello ovalado que «parece corresponder al área de Cultura» pero, tras señalar que «no resulta legible», advierte que, en la fecha que figura, «estaban siendo sustituidos por sellos redondos».
Esta nueva diligencia llega después de que la jueza requiriese al Ayuntamiento que acreditase la existencia de los originales de los documentos cuestionados. En el marco del mismo procedimiento, el Consistorio ya había informado que la compra se realizó presuntamente sin tramitar «expediente alguno» y «sin ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales».
El proceso que se sigue contra Cristóbal Fernández y Josefa Cruz se abrió a partir de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar) en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, llegadas en su caja original, un estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal. El Consistorio carbonero llevaba cerca de dos años tras la pista de la colección, que costó 3.250 euros pero valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros, y cuya desaparición se detectó de «forma casual» al implementar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos.
De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y le dio un plazo de diez días para que respondiera, aunque no lo hizo.
Así las cosas, la denuncia fue estimada por el Ministerio Público que, a su vez, decretó elevarla al Juzgado de Vera. El fiscal entendió que procedía incoar procedimiento penal a la vista del atestado elaborado por los agentes de la Policía Judicial de Garrucha ya que, en éste, “se acreditan” los hechos denunciados por el Ayuntamiento, se hacía constar que las láminas «fueron recepcionadas por la concejal que encargó su compra» y también que «nunca fueron expuestas al público, como era su destino».
En esta línea, indicó que «no es descartable» que el «acto administrativo dictado por la edil socialista para adquirir las estampas» pudiera ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa al existir «fundadas sospechas de que el mismo es contrario a la legislación aplicable y sólo obedeció a una decisión personal suya y no a una necesidad para el Ayuntamiento».
La misma Josefa Cruz declaró ante la Policía Judicial que la compra se debió a una «decisión personal suya inmotivada» y «razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público».
Por tanto, el fiscal apuntaba que el «desvío» del material adquirido para «fines distintos del servicio público para el que se supone fueron adquiridos, aunque no estuviera justificado», así como «la desaparición posterior de la misma sin que exista ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales y no se destinara al fin para el cual se adquirió», podría encuadrarse en un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
«Buscaban que les echaran del Pleno»
El concejal de Hacienda de Carboneras y portavoz del equipo de gobierno, Felipe Cayuela (Gicar) asegura que tanto el portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, como el concejal socialista y coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería, Ramón Soto, «tenían preparada una estrategia en el último pleno —celebrado el pasado 29 de enero— para provocar una salida de tono por mi parte o la del alcalde. Querían que el alcalde los echara del Pleno».
Cayuela hacía referencia al incidente protagonizado por él y los ediles de la oposición en los prolegómenos de la sesión, cuyas imágenes circulan como la pólvora en redes sociales. «Alguien quitó la silla del lugar que ocupo en el plenario —explica Felipe Cayuela— y la colocó en un rincón. La cogí y, cuando pedí a los concejales socialistas que se echaran un poco adelante para poder pasar, ya que habían ocupado con bolsas y otros bultos el lugar que quedaba tras ellos, Soto me respondió riendo ‘no me da la gana’, mientras que Amérigo me ordenó que diera la vuelta y entrara por el otro lado de la sala».
«En ese momento —continúa— intervino el alcalde, pidiéndoles que me dejaran pasar o se vería obligado a llamar a la Policía, a lo que ambos contestaron ‘échanos’. Tal vez era lo que andaban buscando, algo de circo para salir en los medios, porque no tienen otra cosa que ofrecer».
Cayuela ocupó su sitio como pudo, pasando por encima de los bultos, y comenzó la sesión.
