«El antiguo gerente estaba comprado por el socio privado. Actuaba en beneficio propio. Sus informes eran de parte interesada»
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| Juan De la Cruz (PP). |
ALMERÍA HOY / 19·02·2018
El edil del PP es investigado junto al exalcalde, otro concejal y el que fuera gerente de la compañía por un delito de administración desleal cuando estaban al frente de Codeur. Los actuales gestores públicos de la sociedad, PA y PSOE, así como el representante del socio privado, les acusan de trocear un contrato para construir con dinero de la empresa mixta un depósito que, presuntamente, no le correspondía pagar, al igual que nunca debieron vender agua regenerada, según los querellantes que, además, les reprochan haber previsto la contratación de diez personas, a través de Codeur, «con fines electoralistas». Belmonte lo niega todo y vislumbra detrás «una persecución personal».
De un tiempo a esta parte, la política municipal de Vera es más noticia por lo que pasa en el juzgado que por lo que se debate en el salón de plenos, ¿no es molesta esta deriva?
Somos cargos políticos y asumimos que estamos sujetos a la exposición pública de todo lo contingente a nuestra actividad, pero, en este caso, lo grave es que se trata de una persecución personal. Es el único argumento que usa don Francisco Vázquez contra mí en los plenos. Cuando no sabe que decir, acaba soltando que yo no puedo hablar al estar imputado por administración desleal. Se convierte en juez y parte y no duda en atacarme en lo personal.
¿Quiere decir que no debería trascender a la opinión pública?
El procedimiento está aún en diligencias previas y, por tanto, creo que habría que dejar actuar a la justicia. Confío en que quedará demostrado que no ha existido ningún delito ni actuación desleal por nuestra parte pero, mientras tanto, se puede ver manchada la carrera de excelentes profesionales por esta ‘vendetta’.
Deje que le diga que todo lo concerniente a las acciones de unos gestores de lo público es de interés de los ciudadanos.
Sin embargo, permítame usted que discrepe. No creo que deban ser conocidas las declaraciones en unas diligencias previas.
¿Y la libertad de expresión?
La libertad de expresión es fundamental siempre que no haga daño a nadie. Insisto. Hasta que no se demuestre que ha existido un delito, creo que no deberían trascender estas declaraciones. Los medios de comunicación pueden interferir, sin proponérselo, cuando alguien presenta una acusación falsa. Son cosas que pueden ocurrir y provocar un daño irreparable.
Entonces, si de usted dependiera, asuntos como éste no deberían publicarse.
Yo habría dejado actuar a la justicia. En Vera han existido y hay abiertos otros procesos judiciales, pero nosotros no hemos filtrado ninguna información. Desgraciadamente, en política estamos judicializándolo todo demasiado.
Precisamente, los andalucistas les reprochan a ustedes haber empezado con esa judicialización de la política en Vera.
No es lo mismo. Ellos han apuntado desde el principio a lo personal, por el camino de lo penal. Nosotros no. En un año y tres meses volveremos a gestionar el Ayuntamiento de Vera y la empresa mixta por el bien de lo público. Entonces actuaremos, veremos y pondremos las irregularidades que encontremos en conocimiento del juez, administrativo o mercantil, nunca de lo penal. Ése es el último al que hay que acudir. En política te puedes equivocar. De hecho, a Vera le va a costar 230.000 euros la mala actuación de un alcalde que otorgó una licencia de obras a los Prior que la justicia determinó que era nula. No va a ir a la cárcel por eso, pero sí le vamos a pedir responsabilidades políticas.
¿No cree que pudo existir una persecución política por parte de la Junta contra ese alcalde que usted apunta en el ejemplo?
Pero la cuestión es que un juez ha dictaminado que la licencia que les dieron nunca debió ser otorgada y el Ayuntamiento ha empleado 10 años en litigios. Félix López y Susana Díaz deberían pedir perdón a los Prior por el ‘via crucis’ que les han hecho sufrir. Encima les exigen 20.000 euros por costas judiciales cuando Helen Prior va a recibir menos de 2.000 por los daños morales que le han infligido al derribarle su casa y obligarla a vivir diez años en un garaje.
Volviendo a la judicialización de la política, ¿qué diferencia existe entre acudir a lo penal o a lo administrativo?
Para lo administrativo existe un seguro de responsabilidad civil que cubre posibles errores. Pero ellos persiguen nuestra inhabilitación para que no podamos concurrir a las elecciones. Como ya anunció Paco Vázquez, sacarán otros asuntos para conseguir que estemos investigados en diligencias previas y desgastar la lista del Partido Popular.
¿No era ese mismo el objetivo de ustedes cuando emprendieron las demandas contra los dirigentes del Partido Andalucista?
En absoluto. Sí pusimos en conocimiento del fiscal algunos asuntos, pero el Ayuntamiento nunca se presentó como acusación siguiendo instrucciones del alcalde José Carmelo Jorge Blanco.
No creo que sea así como lo entiende la otra parte.
La interpretación de la otra parte tendrían que darla ellos. Actualmente hay en marcha tres contenciosos interpuestos por nosotros y admitidos a trámite. Uno es el relativo a la rebaja de 30 millones aprobada por el actual equipo de gobierno a la obligación de inversiones que debe realizar Codeur, otro hace referencia a un pleno convocado con defectos de forma y, el tercero, sobre la implantación de un canon para la construcción de una planta potabilizadora en Palomares. En los tres casos podíamos haber optado por la vía penal, pero no lo hemos hecho.
¿Qué opinión le merece que una de las primeras decisiones que adoptó el actual equipo de gobierno en Codeur consistiera en retirar el procedimiento que habían presentado ustedes contra ellos?
Me pareció ilegal que quitaran el contencioso.
En caso de que vuelvan a gobernar tras las próximas municipales, ¿retirarán la denuncia por administración desleal que pesa sobre ustedes?
No sé cómo estará el caso dentro de un año y medio, pero creo que lo mantendremos en lo concerniente al interés público.
¿Qué quiere decir con eso?
Que lo paradójico del caso consiste en que, de haber cometido nosotros un delito de administración desleal, lo habríamos hecho en beneficio del Ayuntamiento, es decir, por el bien del pueblo de Vera.
Como antagonistas, ahora mismo parecen contar tanto con los andalucistas como con el socio privado en Codeur, ¿quién cree que les tiene mayor animadversión?
Nos tienen ganas los dos.
¿Siempre se han llevado mal con el socio privado?
Al principio nos llevábamos muy bien. La auditoría que encargamos en 2012 aconsejaba disolver la compañía por falta de liquidez, sin embargo, nosotros nos negamos y, en lugar de liquidarla, la capitalizamos para dotarla de la fortaleza de que carecía. Parece que eso les molestó. El socio, Key Lanzarote, se puso en contra cuando decidimos capitalizar la empresa reservando voluntariamente los beneficios en las cuentas de la sociedad, aunque sus acciones pasaron a valer más. El consejo de administración lo permitió.
Dicen que ese dinero se lo gastaron en hacer obras que no correspondían a Codeur, no en capitalizar la sociedad.
No usamos ese dinero para hacer obras. El depósito de El Hacho pasó a formar parte del activo de la sociedad y permitió que, en agosto de 2015, se pudieran repartir 300.000 euros de beneficios. De hecho, Nuria Ferrer, consejera en representación del socio privado, votó a favor de su construcción. Tendrán que explicar por qué ahora se manifiestan en contra.
Posiblemente explicarían que podrían haber sumado los 700.000 que costó el depósito y se habrían repartido un millón.
A los seis meses se repartieron otros 600.000.
Ya, pero le repito que, de no haber pasado esa factura, se los podrían haber repartido también.
¿Y por qué tiene que pasar Codeur una factura al Ayuntamiento por la construcción del depósito de El Hacho? La empresa mixta tenía que sufragar una serie de actuaciones con fondos propios para mejorar la eficiencia de la red en virtud del convenio firmado en 2010. Existen informes externos que así lo manifiestan.
¿Dicen algo esos informes sobre el ‘troceo’ del contrato de las obras del que les acusan para poder, presuntamente, otorgarlos a dedo a tres empresas de un mismo grupo?
Lo del troceo de un contrato de 300.000 euros en tres es rotundamente falso. La decisión de no licitar la obra fue aprobada por el socio privado. Codeur construyó el depósito con sus propios medios y únicamente subcontrató lo que no podía hacer, encargando cada trabajo a diferentes proveedores especializados en cada una de las tareas. Si el socio privado consideraba que era una forma fraudulenta de contrato, ¿por qué no se opuso entonces?
¿Dice que el socio privado no se opuso?
No hubo ningún tipo de impugnación en aquel momento y estoy convencido de que le entraron las prisas por exigir después para armar de argumentos jurídicos su revancha.
Otro de los asuntos que les reprochan en el procedimiento es el relativo a la contratación de diez personas para realizar tareas en unas obras que ya habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento.
Es que existía un informe de técnicos municipales que señalaba una serie de deficiencias que debía solventar Codeur.
El mantenimiento ¿no lo hacía Urbaser?
El mantenimiento correspondía a Urbaser, pero es que faltaban farolas, bancos e, incluso, metros de tubería que habían desaparecido. Eso no es mantenimiento. Las diez personas que se contrataron lo fueron para realizar esas infraestructuras. Era necesario para el perfecto estado de las urbanizaciones de la costa.
Entonces, ¿no correspondía pagarlas a los propietarios?
Los propietarios ya habían pagado, pero las infraestructuras estaban sin terminar y nosotros dimos la orden de que se hicieran. Tenían que haber terminado las obras con fondos del Plan Especial de la Costa. No era concebible que le pidieran dinero a los propietarios ni al Ayuntamiento.
Confiese, ¿había ánimo electoralista en las contrataciones que llevaron a cabo para realizar esos trabajos?
Resulta irónico que los mismos que nos denuncian por contratar a diez personas con ánimo electoralista, fueron quienes, no sólo firmaron esos contratos, sino que emplearon a más personas. He de recordar que las elecciones tuvieron lugar a finales de mayo y las contrataciones tuvieron lugar en junio.
Pero la bolsa se crearía antes y, por tanto, las expectativas.
No se creó ninguna bolsa de trabajo ex profeso para esos trabajos. Ellos sólo actúan en beneficio propio y nos denuncian porque creen que nosotros haríamos lo que hubieran hecho de haber estado en nuestra piel. Repito que su único afán es conseguir nuestra inhabilitación, porque las obras de las que hablan tenían que haber sido hechas ya y sufragadas con cargo al beneficio industrial de Codeur. Después, que se pelee con el Ayuntamiento.
¿Cómo se pelea alguien que es concejal en el Ayuntamiento con sí mismo como consejero de Codeur?
Es cierto que es una locura. Cuando fui consejero de la compañía y concejal, tenía que velar por los intereses de ambos. No siempre resultaba fácil.
En esa situación, ¿hacia dónde se decantaba usted?
Siempre hacia el lado del interés público.
Volviendo al procedimiento del que hablamos. Otro de los asuntos que incluye es el de la venta de agua regenerada sin el permiso preceptivo de la Junta de Andalucía para poder hacerlo, una decisión que, según la acusación, pudo suponer una cuantiosa sanción a Codeur.
Es cierto que, entre los objetivos de la compañía figuraba construir una depuradora de grado terciario y reutilizar el agua. Hay que recordar que pendía sobre el Ayuntamiento la amenaza de una multa de 20 millones de euros por parte de la Unión Europea.
La construcción de esa depuradora era una obligación de la Junta de Andalucía, sería injusto responsabilizar al equipo de gobierno andalucista de la multa con que amenazaba la UE.
Sí, la culpa era de la Junta de Andalucía, que faltó a su compromiso de construir la que tenía que dar servicio a seis pueblos, sin embargo, el Ayuntamiento era la administración responsable por ser titular de la competencia y, finalmente, acabó construyéndola Codeur.
Pero, ¿ustedes tenían permiso para vender el agua regenerada o no?
No lo teníamos porque la Junta no respondió a nuestra solicitud. No lo ha hecho aún. Quiero destacar que se firmaron unos contratos precisamente porque la Junta los requirió para tramitar el permiso.
Dice usted que la firma de esos contratos objeto de la denuncia fue una exigencia de la Junta de Andalucía?
Exacto. El gerente gestionó esos contratos obligado por la Junta, que se los exigía.
¿Comportaban la venta efectiva de agua o tenían sólo un carácter preliminar?
Eso no lo sé. Como consejero, no le puedo decir cómo se hizo ni si era necesario.
¿Pudieron acarrear problemas a la empresa esos contratos para la venta de agua regenerada?
No existía ningún problema en la utilización del agua desde el punto de vista sanitario. A nivel económico tampoco supuso ninguno para la compañía.
¿Conocía usted entonces la existencia de esos contratos?
No. Yo no he firmado ningún contrato ni estuve presente en ninguna negociación. He visto esos contratos ahora porque forman parte del expediente judicial y puedo decir que fueron elaborados por los servicios jurídicos de Codeur.
Después de lo expuesto, ¿sigue pensando que todo este asunto es una persecución personal.
Esto es una denuncia política Tanto yo como los compañeros que han sido miembros de la Corporación estamos sometidos al interés público, pero debería respetarse la profesionalidad de aquellos que no eran ni son políticos.
Ustedes no obraron igual con el anterior gerente.
El antiguo gerente estaba comprado por el socio privado. En ese caso sí que dudo de su profesionalidad. Actuaba en beneficio propio. Todos los informes que elaboró eran de parte interesada.
¿Y el nombrado por ustedes no?
En absoluto. Yo me enfrentaba en muchas ocasiones con Juan Martín, que no me dejaba hacer todo lo que me hubiera gustado. Él sólo trabajaba para Codeur y velaba exclusivamente por sus intereses.
Usted ha repetido en numerosas ocasiones que el actual equipo de gobierno parece estar al servicio del socio privado en Codeur.
Es que están unidos por los mismos intereses. Van de la mano. Incluso existe una foto de ellos juntos esperando el resultado de las elecciones municipales de 2015 en la Plaza Mayor.
¿Quién de los dos toma las decisiones?
El socio privado.
De un tiempo a esta parte, la política municipal de Vera es más noticia por lo que pasa en el juzgado que por lo que se debate en el salón de plenos, ¿no es molesta esta deriva?
Somos cargos políticos y asumimos que estamos sujetos a la exposición pública de todo lo contingente a nuestra actividad, pero, en este caso, lo grave es que se trata de una persecución personal. Es el único argumento que usa don Francisco Vázquez contra mí en los plenos. Cuando no sabe que decir, acaba soltando que yo no puedo hablar al estar imputado por administración desleal. Se convierte en juez y parte y no duda en atacarme en lo personal.
¿Quiere decir que no debería trascender a la opinión pública?
El procedimiento está aún en diligencias previas y, por tanto, creo que habría que dejar actuar a la justicia. Confío en que quedará demostrado que no ha existido ningún delito ni actuación desleal por nuestra parte pero, mientras tanto, se puede ver manchada la carrera de excelentes profesionales por esta ‘vendetta’.
Deje que le diga que todo lo concerniente a las acciones de unos gestores de lo público es de interés de los ciudadanos.
Sin embargo, permítame usted que discrepe. No creo que deban ser conocidas las declaraciones en unas diligencias previas.
¿Y la libertad de expresión?
La libertad de expresión es fundamental siempre que no haga daño a nadie. Insisto. Hasta que no se demuestre que ha existido un delito, creo que no deberían trascender estas declaraciones. Los medios de comunicación pueden interferir, sin proponérselo, cuando alguien presenta una acusación falsa. Son cosas que pueden ocurrir y provocar un daño irreparable.
Entonces, si de usted dependiera, asuntos como éste no deberían publicarse.
Yo habría dejado actuar a la justicia. En Vera han existido y hay abiertos otros procesos judiciales, pero nosotros no hemos filtrado ninguna información. Desgraciadamente, en política estamos judicializándolo todo demasiado.
Precisamente, los andalucistas les reprochan a ustedes haber empezado con esa judicialización de la política en Vera.
No es lo mismo. Ellos han apuntado desde el principio a lo personal, por el camino de lo penal. Nosotros no. En un año y tres meses volveremos a gestionar el Ayuntamiento de Vera y la empresa mixta por el bien de lo público. Entonces actuaremos, veremos y pondremos las irregularidades que encontremos en conocimiento del juez, administrativo o mercantil, nunca de lo penal. Ése es el último al que hay que acudir. En política te puedes equivocar. De hecho, a Vera le va a costar 230.000 euros la mala actuación de un alcalde que otorgó una licencia de obras a los Prior que la justicia determinó que era nula. No va a ir a la cárcel por eso, pero sí le vamos a pedir responsabilidades políticas.
¿No cree que pudo existir una persecución política por parte de la Junta contra ese alcalde que usted apunta en el ejemplo?
Pero la cuestión es que un juez ha dictaminado que la licencia que les dieron nunca debió ser otorgada y el Ayuntamiento ha empleado 10 años en litigios. Félix López y Susana Díaz deberían pedir perdón a los Prior por el ‘via crucis’ que les han hecho sufrir. Encima les exigen 20.000 euros por costas judiciales cuando Helen Prior va a recibir menos de 2.000 por los daños morales que le han infligido al derribarle su casa y obligarla a vivir diez años en un garaje.
Volviendo a la judicialización de la política, ¿qué diferencia existe entre acudir a lo penal o a lo administrativo?
Para lo administrativo existe un seguro de responsabilidad civil que cubre posibles errores. Pero ellos persiguen nuestra inhabilitación para que no podamos concurrir a las elecciones. Como ya anunció Paco Vázquez, sacarán otros asuntos para conseguir que estemos investigados en diligencias previas y desgastar la lista del Partido Popular.
¿No era ese mismo el objetivo de ustedes cuando emprendieron las demandas contra los dirigentes del Partido Andalucista?
En absoluto. Sí pusimos en conocimiento del fiscal algunos asuntos, pero el Ayuntamiento nunca se presentó como acusación siguiendo instrucciones del alcalde José Carmelo Jorge Blanco.
No creo que sea así como lo entiende la otra parte.
La interpretación de la otra parte tendrían que darla ellos. Actualmente hay en marcha tres contenciosos interpuestos por nosotros y admitidos a trámite. Uno es el relativo a la rebaja de 30 millones aprobada por el actual equipo de gobierno a la obligación de inversiones que debe realizar Codeur, otro hace referencia a un pleno convocado con defectos de forma y, el tercero, sobre la implantación de un canon para la construcción de una planta potabilizadora en Palomares. En los tres casos podíamos haber optado por la vía penal, pero no lo hemos hecho.
¿Qué opinión le merece que una de las primeras decisiones que adoptó el actual equipo de gobierno en Codeur consistiera en retirar el procedimiento que habían presentado ustedes contra ellos?
Me pareció ilegal que quitaran el contencioso.
En caso de que vuelvan a gobernar tras las próximas municipales, ¿retirarán la denuncia por administración desleal que pesa sobre ustedes?
No sé cómo estará el caso dentro de un año y medio, pero creo que lo mantendremos en lo concerniente al interés público.
¿Qué quiere decir con eso?
Que lo paradójico del caso consiste en que, de haber cometido nosotros un delito de administración desleal, lo habríamos hecho en beneficio del Ayuntamiento, es decir, por el bien del pueblo de Vera.
Como antagonistas, ahora mismo parecen contar tanto con los andalucistas como con el socio privado en Codeur, ¿quién cree que les tiene mayor animadversión?
Nos tienen ganas los dos.
¿Siempre se han llevado mal con el socio privado?
Al principio nos llevábamos muy bien. La auditoría que encargamos en 2012 aconsejaba disolver la compañía por falta de liquidez, sin embargo, nosotros nos negamos y, en lugar de liquidarla, la capitalizamos para dotarla de la fortaleza de que carecía. Parece que eso les molestó. El socio, Key Lanzarote, se puso en contra cuando decidimos capitalizar la empresa reservando voluntariamente los beneficios en las cuentas de la sociedad, aunque sus acciones pasaron a valer más. El consejo de administración lo permitió.
Dicen que ese dinero se lo gastaron en hacer obras que no correspondían a Codeur, no en capitalizar la sociedad.
No usamos ese dinero para hacer obras. El depósito de El Hacho pasó a formar parte del activo de la sociedad y permitió que, en agosto de 2015, se pudieran repartir 300.000 euros de beneficios. De hecho, Nuria Ferrer, consejera en representación del socio privado, votó a favor de su construcción. Tendrán que explicar por qué ahora se manifiestan en contra.
Posiblemente explicarían que podrían haber sumado los 700.000 que costó el depósito y se habrían repartido un millón.
A los seis meses se repartieron otros 600.000.
Ya, pero le repito que, de no haber pasado esa factura, se los podrían haber repartido también.
¿Y por qué tiene que pasar Codeur una factura al Ayuntamiento por la construcción del depósito de El Hacho? La empresa mixta tenía que sufragar una serie de actuaciones con fondos propios para mejorar la eficiencia de la red en virtud del convenio firmado en 2010. Existen informes externos que así lo manifiestan.
¿Dicen algo esos informes sobre el ‘troceo’ del contrato de las obras del que les acusan para poder, presuntamente, otorgarlos a dedo a tres empresas de un mismo grupo?
Lo del troceo de un contrato de 300.000 euros en tres es rotundamente falso. La decisión de no licitar la obra fue aprobada por el socio privado. Codeur construyó el depósito con sus propios medios y únicamente subcontrató lo que no podía hacer, encargando cada trabajo a diferentes proveedores especializados en cada una de las tareas. Si el socio privado consideraba que era una forma fraudulenta de contrato, ¿por qué no se opuso entonces?
¿Dice que el socio privado no se opuso?
No hubo ningún tipo de impugnación en aquel momento y estoy convencido de que le entraron las prisas por exigir después para armar de argumentos jurídicos su revancha.
Otro de los asuntos que les reprochan en el procedimiento es el relativo a la contratación de diez personas para realizar tareas en unas obras que ya habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento.
Es que existía un informe de técnicos municipales que señalaba una serie de deficiencias que debía solventar Codeur.
El mantenimiento ¿no lo hacía Urbaser?
El mantenimiento correspondía a Urbaser, pero es que faltaban farolas, bancos e, incluso, metros de tubería que habían desaparecido. Eso no es mantenimiento. Las diez personas que se contrataron lo fueron para realizar esas infraestructuras. Era necesario para el perfecto estado de las urbanizaciones de la costa.
Entonces, ¿no correspondía pagarlas a los propietarios?
Los propietarios ya habían pagado, pero las infraestructuras estaban sin terminar y nosotros dimos la orden de que se hicieran. Tenían que haber terminado las obras con fondos del Plan Especial de la Costa. No era concebible que le pidieran dinero a los propietarios ni al Ayuntamiento.
Confiese, ¿había ánimo electoralista en las contrataciones que llevaron a cabo para realizar esos trabajos?
Resulta irónico que los mismos que nos denuncian por contratar a diez personas con ánimo electoralista, fueron quienes, no sólo firmaron esos contratos, sino que emplearon a más personas. He de recordar que las elecciones tuvieron lugar a finales de mayo y las contrataciones tuvieron lugar en junio.
Pero la bolsa se crearía antes y, por tanto, las expectativas.
No se creó ninguna bolsa de trabajo ex profeso para esos trabajos. Ellos sólo actúan en beneficio propio y nos denuncian porque creen que nosotros haríamos lo que hubieran hecho de haber estado en nuestra piel. Repito que su único afán es conseguir nuestra inhabilitación, porque las obras de las que hablan tenían que haber sido hechas ya y sufragadas con cargo al beneficio industrial de Codeur. Después, que se pelee con el Ayuntamiento.
¿Cómo se pelea alguien que es concejal en el Ayuntamiento con sí mismo como consejero de Codeur?
Es cierto que es una locura. Cuando fui consejero de la compañía y concejal, tenía que velar por los intereses de ambos. No siempre resultaba fácil.
En esa situación, ¿hacia dónde se decantaba usted?
Siempre hacia el lado del interés público.
Volviendo al procedimiento del que hablamos. Otro de los asuntos que incluye es el de la venta de agua regenerada sin el permiso preceptivo de la Junta de Andalucía para poder hacerlo, una decisión que, según la acusación, pudo suponer una cuantiosa sanción a Codeur.
Es cierto que, entre los objetivos de la compañía figuraba construir una depuradora de grado terciario y reutilizar el agua. Hay que recordar que pendía sobre el Ayuntamiento la amenaza de una multa de 20 millones de euros por parte de la Unión Europea.
La construcción de esa depuradora era una obligación de la Junta de Andalucía, sería injusto responsabilizar al equipo de gobierno andalucista de la multa con que amenazaba la UE.
Sí, la culpa era de la Junta de Andalucía, que faltó a su compromiso de construir la que tenía que dar servicio a seis pueblos, sin embargo, el Ayuntamiento era la administración responsable por ser titular de la competencia y, finalmente, acabó construyéndola Codeur.
Pero, ¿ustedes tenían permiso para vender el agua regenerada o no?
No lo teníamos porque la Junta no respondió a nuestra solicitud. No lo ha hecho aún. Quiero destacar que se firmaron unos contratos precisamente porque la Junta los requirió para tramitar el permiso.
Dice usted que la firma de esos contratos objeto de la denuncia fue una exigencia de la Junta de Andalucía?
Exacto. El gerente gestionó esos contratos obligado por la Junta, que se los exigía.
¿Comportaban la venta efectiva de agua o tenían sólo un carácter preliminar?
Eso no lo sé. Como consejero, no le puedo decir cómo se hizo ni si era necesario.
¿Pudieron acarrear problemas a la empresa esos contratos para la venta de agua regenerada?
No existía ningún problema en la utilización del agua desde el punto de vista sanitario. A nivel económico tampoco supuso ninguno para la compañía.
¿Conocía usted entonces la existencia de esos contratos?
No. Yo no he firmado ningún contrato ni estuve presente en ninguna negociación. He visto esos contratos ahora porque forman parte del expediente judicial y puedo decir que fueron elaborados por los servicios jurídicos de Codeur.
Después de lo expuesto, ¿sigue pensando que todo este asunto es una persecución personal.
Esto es una denuncia política Tanto yo como los compañeros que han sido miembros de la Corporación estamos sometidos al interés público, pero debería respetarse la profesionalidad de aquellos que no eran ni son políticos.
Ustedes no obraron igual con el anterior gerente.
El antiguo gerente estaba comprado por el socio privado. En ese caso sí que dudo de su profesionalidad. Actuaba en beneficio propio. Todos los informes que elaboró eran de parte interesada.
¿Y el nombrado por ustedes no?
En absoluto. Yo me enfrentaba en muchas ocasiones con Juan Martín, que no me dejaba hacer todo lo que me hubiera gustado. Él sólo trabajaba para Codeur y velaba exclusivamente por sus intereses.
Usted ha repetido en numerosas ocasiones que el actual equipo de gobierno parece estar al servicio del socio privado en Codeur.
Es que están unidos por los mismos intereses. Van de la mano. Incluso existe una foto de ellos juntos esperando el resultado de las elecciones municipales de 2015 en la Plaza Mayor.
¿Quién de los dos toma las decisiones?
El socio privado.
