La causa judicial entra en su fase final, y a finales de este mes deberían estar listos los informes finales de las partes
ALMERÍA HOY / 16·01·2018
La causa judicial conocida como 'Caso Facturas' continua esta semana con las declaraciones de los testigos presentados por las defensas de varios proveedores procesados por la supuesta facturación falsa al Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Almería entre los años 2009 y 2011, de manera que, a finales del presente mes, deberían estar listos los informes finales de las partes.
Cabe recordar que hay 18 personas sentadas en el banquillo de los acusados, incluyendo al exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez Montoya (PSOE). Desde que el juicio comenzara el pasado mes de noviembre, los testigos e imputados que han ido prestado declaración en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial han dejado varios titulares. Así, mientras la exsecretaria del Patronato señala a Pérez Montoya, un exasesor del PSOE ha afirmado que que encargó 18 viajes por 11.000 euros que no pagó, sin olvidar que Ramón Sedeño, presidente de UNicaja Voley, ha asegurado que «Pérez dijo que iba a tratar de agilizar una solución a nuestra deuda».
Asimismo, el que fuera presidente de la Diputación Provincial en el periodo que se produjeron los hechos que se juzgan, Juan Carlos Usero (PSOE), ha aseverado en su comparecencia que no intervino «para nada» en la gestión del Patronato, al tiempo que el actual vicepresidente de la institución provincial, Javier A. García (PP), afirma que la advertencia del gerente hizo que «empezara a mirar expedientes, antiguos y nuevos», motivo por el que su «empeño» fue que desapareciera el Patronato.
Señalar que los principales encausados, entre ellos Pérez y la exsecretaria del Patronato, María Teresa González —para quien la Fiscalía pide penas que suman nueve años y diez meses de cárcel— están acusados por el fiscal de urdir un «plan por el que se habrían apropiado» de más de 763.000 euros de fondos públicos de la institución «para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas», y sostiene que emplearon dos mecanismos; el principal, con el que habrían sustraído a la Diputación Provincial la cuantía de 690.202,65 euros, había consistido en «concertar» con empresarios que contrataban con el Patronato la elaboración de facturas por «unos servicios que no se prestaban o por bienes que no se entregaban».
Cabe recordar que hay 18 personas sentadas en el banquillo de los acusados, incluyendo al exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez Montoya (PSOE). Desde que el juicio comenzara el pasado mes de noviembre, los testigos e imputados que han ido prestado declaración en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial han dejado varios titulares. Así, mientras la exsecretaria del Patronato señala a Pérez Montoya, un exasesor del PSOE ha afirmado que que encargó 18 viajes por 11.000 euros que no pagó, sin olvidar que Ramón Sedeño, presidente de UNicaja Voley, ha asegurado que «Pérez dijo que iba a tratar de agilizar una solución a nuestra deuda».
Asimismo, el que fuera presidente de la Diputación Provincial en el periodo que se produjeron los hechos que se juzgan, Juan Carlos Usero (PSOE), ha aseverado en su comparecencia que no intervino «para nada» en la gestión del Patronato, al tiempo que el actual vicepresidente de la institución provincial, Javier A. García (PP), afirma que la advertencia del gerente hizo que «empezara a mirar expedientes, antiguos y nuevos», motivo por el que su «empeño» fue que desapareciera el Patronato.
Señalar que los principales encausados, entre ellos Pérez y la exsecretaria del Patronato, María Teresa González —para quien la Fiscalía pide penas que suman nueve años y diez meses de cárcel— están acusados por el fiscal de urdir un «plan por el que se habrían apropiado» de más de 763.000 euros de fondos públicos de la institución «para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas», y sostiene que emplearon dos mecanismos; el principal, con el que habrían sustraído a la Diputación Provincial la cuantía de 690.202,65 euros, había consistido en «concertar» con empresarios que contrataban con el Patronato la elaboración de facturas por «unos servicios que no se prestaban o por bienes que no se entregaban».
