Ya hay cinco empleados menos, y en febrero se podrían sumar otros siete
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ALMERÍA HOY / 15·01·2018
Después de las denuncias públicas de los trabajadores de la Plataforma Solar de Almería (PSA), incluyendo una campaña de recogida de firmas para denunciar la situación de la instalación ubicada en Tabernas, el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, trataba de calmar los ánimos señalando que el Ejecutivo trabajaba «en la medida de lo posible» para asegurar «el funcionamiento de la Plataforma, que ahora mismo está a pleno rendimiento y su funcionamiento está plenamente garantizado de cara al futuro», según manifestó a finales de noviembre.
Sin embargo, los primeros días de enero han servido para constatar que la PSA ha arrancado 2018 con menos empleados que en 2017; en concreto y según ha confirmado este medio, serían cinco los trabajadores que ya no están en plantilla, mientras advierten que en febrero se podrían perder otras tantas plazas. Todo, según los trabajadores, debido a la nueva normativa fiscalizadora aprobada por Hacienda dos años atrás, y que, además de poner en «peligro» puestos de trabajo, «ralentiza» proyectos de investigación.
El pasado 28 de noviembre, el subdelegado del Gobierno apuntaba que «estamos viendo qué aspectos se pueden ver afectados, y buscar soluciones». En ese sentido, el máximo representante del Gobierno en suelo almeriense hablaba entonces de «operatividad suficiente para que los proyectos se desarrollen con normalidad». «Son proyectos plurianuales, y los presupuestos del Estado son de carácter anual», por lo que se refiere a algunos «ajustes» para que la norma vigente «permita esa operatividad».
Sin embargo, los primeros días de enero han servido para constatar que la PSA ha arrancado 2018 con menos empleados que en 2017; en concreto y según ha confirmado este medio, serían cinco los trabajadores que ya no están en plantilla, mientras advierten que en febrero se podrían perder otras tantas plazas. Todo, según los trabajadores, debido a la nueva normativa fiscalizadora aprobada por Hacienda dos años atrás, y que, además de poner en «peligro» puestos de trabajo, «ralentiza» proyectos de investigación.
El pasado 28 de noviembre, el subdelegado del Gobierno apuntaba que «estamos viendo qué aspectos se pueden ver afectados, y buscar soluciones». En ese sentido, el máximo representante del Gobierno en suelo almeriense hablaba entonces de «operatividad suficiente para que los proyectos se desarrollen con normalidad». «Son proyectos plurianuales, y los presupuestos del Estado son de carácter anual», por lo que se refiere a algunos «ajustes» para que la norma vigente «permita esa operatividad».
