<-- ANUNCIO VW VOLKSWAGEN ANULADO A VENCIMIENTO -->

«España ha aceptado que EE.UU recorte un 44% la tierra contaminada que habrá de retirar de Palomares»

José Herrera: «Con EE.UU mantenemos una balanza de pagos muy beneficiosa para empresas españolas que condiciona la solución que necesita Palomares»




ALMERÍA HOY / 23·01·2018

Pionero en la investigación sobre el accidente nuclear de Palomares y las secuelas que aún hoy existen en la pedanía cuevana, el autor de ‘Accidente nuclear en Palomares. Consecuencias, 1966-2016’ y director del largometraje documental ‘Operación Flecha rota’, señala a los intereses económicos de las constructoras que aparecen en “los sumarios de todos los casos de corrupción”, como culpables de que el gobierno de España haya aceptado de la administración norteamericana una descontaminación light del plutonio.

- Han pasado 51 años desde lo que en el Levante se conoce como ‘el día de las bombas’, y 16 meses desde la firma del acuerdo de intenciones para la descontaminación de Palomares entre el exsecretario de Estado norteamericano, John Kerry, y el que fuera ministro de Exteriores español, García Margallo. ¿Estamos hoy mejor?

- Estamos peor porque estamos más cabreados, sobre todo los habitantes de la zona, a quienes durante 45 años les habían estado diciendo que aquello se había quedado limpio, y a quienes decían lo contrario los querían varear, emplumar y untar en brea, porque eran enemigos del pueblo.

- ¿Cómo es posible que estemos peor?

- Lo poco que ha trascendido del acuerdo Kerry-Margallo de octubre de 2015 es que van a dejar toda la tierra que contenga menos de 4 becquereles/gramo de actividad radiactiva en Sierra Almagrera y entre Villaricos y el río Almanzora, algo inaceptable. El nivel admitido en ese acuerdo obliga a una restricción parcial del uso de ese suelo. Hay que tener en cuenta que queda en el límite que los organismos internacionales han señalado para la restricción total, que está en 5 becquereles/gramo.

- ¿Qué significa eso?

- Significa la condena del posible desarrollo turístico de la zona durante los próximos 24.000 años. Ha estigmatizado de por vida a toda esa área, algo completamente inaceptable hoy, cuando sobran medios para poder realizar una descontaminación modélica, como la que preveía el plan de descontaminación de Palomares, que pretendía tratar 50.000 m3. Cuando se firmó el acuerdo, Yolanda Benito, directora general de Medio Ambiente, y Carlos Sancho Llerandi, jefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), ya empezaron a hablar de 28.000 m3, un 44% menos.

- Pero si las mediciones están dentro de los límites tolerables...


- En un caso como el que nos ocupa, es siempre preferible descontaminar de más, nunca de menos. Un coronel doctor en medicina que estaba al frente de la división de radioprotección en la entonces Junta de Energía Nuclear, Eduardo Ramos, sostenía en 1966 que, cuando se trata de personas, los niveles de radiactividad admisibles deben estar diez veces por debajo de lo que marca la ley, porque esos criterios en que se fundamenta la normativa van bajando con el tiempo. Este coronel se ocupó de la descontaminación del núcleo urbano de Palomares casa por casa. Los norteamericanos se quejaron, tengo el documento que enviaron a Washington, de que este coronel les obligaba a descontaminar incluso «las viviendas que tenían poca contaminación». Él sabía que el hogar es el lugar en que más tiempo se pasa y no quería permitir que los habitantes de Palomares tuvieran que convivir con el plutonio, por poco que fuera. Fue la única descontaminación que se hizo en condiciones, la que hizo el equipo dirigido por el coronel Eduardo Ramos. Por eso el pueblo, a excepción de la zona 3, está absolutamente limpio. El resto fueron trampas y un paripé de cara a la opinión pública y la prensa internacional. No podemos consentir que se repita la historia.

- ¿Por qué cree usted que el Gobierno español acepta esas condiciones?


- Detrás de estas rebajas en los criterios radiológicos hay intereses económicos muy poderosos. Entre 2012 y 2015, empresas españolas han vendido a Estados Unidos obras y servicios por valor de 16.000 millones de euros. Una cifra astronómica. Exteriores no quería tensar demasiado la cuerda, como ha ocurrido en México, país en el que Donald Trump ha obligado a la Ford a parar la construcción de una planta que tenía a medio construir por la tirantez con su gobierno.

- ¿De qué empresas estamos hablando?

- De las tres principales constructoras españolas, cuyos intereses en EE.UU ha defendido el gobierno español, que son las que aparecen en el sumario por la financiación ilegal del PP. Todas las piezas encajan. En el año 66 la razón para someterse a las órdenes de los americanos era la supervivencia del régimen del dictador. Ahora son los intereses de una oligarquía financiera.

- ¿Y qué dicen los técnicos sobre estas rebajas?

- Euratom, organismo europeo para la energía atómica, refrendó el plan de rehabilitación y limpieza radiológica que elaboró el Consejo de Energía Nuclear (CSN) en 2010, pero entre 2012 y 2015 se ha producido un cambio radical, un recorte del 44% en la tierra que han de llevarse, lo que significa que va a quedar contaminación tras una supuesta limpieza que ya no lo va a ser tanto.

- ¿A qué cree que puede deberse ese cambio de actitud?


- Lo más triste es que el CSN cambie su criterio al dictado norteamericano, que sólo vela por sus intereses, no por el de los habitantes de Palomares, que deben ser defendidos por el CSN y por el Gobierno de España que, como todos los que le han precedido, ha abandonado a su suerte y vendido a los palomareños. El CSN, que debía funcionar como un órgano público e independiente, hace las veces de capataz al servicio de los EE.UU y firma lo que le echen sin ningún pudor. En esas manos estamos los españoles a nivel radiológico, en las de unos señores que se cuadran cuando suena el teléfono desde Presidencia o Asuntos Exteriores de un gobierno que no duda en supeditar la salud de sus ciudadanos a los intereses de las empresas que aparecen en todos los sumarios de corrupción de este país.

- Dicho así, la gente de Palomares podría sentirse estafada.


- Es lógico que la gente hoy se sienta estafada aún más que por la actitud mostrada durante la dictadura. Todos los sucesivos gobiernos de una democracia ya consolidada como la nuestra, sin excepción, han colaborado en la construcción de una gran mentira. Es desalentador e indica el tono con que se ha tratado a la periferia peninsular. Lo que está lejos de los centros de poder parece importar mucho menos que lo próximo.7

- Todo esto se ha manejado en España siempre en el mayor de los secretos.

- El ‘secretismo’ ha sido una constante que nos ha llamado mucho la atención. Escribí mi primer artículo sobre este asunto en 1985, ‘Palomares, algo huele a podrido’, publicado por La Voz de Almería. Entonces hablaba desde la intuición, yo no tenía aún ninguna certeza. Veía una actitud rara a nivel de instituciones y, claro, empiezas a preguntarte a qué viene tanto secreto.

- ¿Sabe ya a qué se debía?

- A medida que vas conociendo los entresijos te das cuenta de que no querían que se conociera la verdad. Esa forma de conducirse hoy tiene un agravante, y es que, 51 años después, no se corresponde ni es admisible en una sociedad democrática como la nuestra.

- Eso con respecto a los Gobiernos. ¿Y la oposición?

- Los grupos de Izquierda Unida y de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados registraron a primeros de diciembre seis preguntas referentes a Palomares. Sólo les han contestado a una. El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora solicitó una cita con el ministro de Asunto Exteriores. Dos meses y medio más tarde aún no le han contestado. Tanto afán por ocultar es para echarse a temblar. Con los datos que tenemos a partir de lo que ha trascendido del acuerdo Kerry-Margallo, observamos cómo la historia vuelve a repetirse.

- Ya ha apuntado usted que hay mucho dinero en juego.

- Están en juego las relaciones bilaterales, fundamentalmente las económicas. Con EE.UU mantenemos una balanza de pagos muy beneficiosa para ciertas empresas españolas que está condicionando negativamente la solución que necesita Palomares. Parece que ahora quieren hacer otra chapuza. Como en 1966, anunciarán a bombo y platillo que USA cumple y se va a llevar toda la tierra contaminada. Entonces, de 9 kilos de plutonio que derramaron, únicamente se llevaron 270 gramos, dejando parcelas con alta contaminación residual. Repetir los mismos errores no va a erradicar un problema que ha trascendido de lo meramente radiológico hasta convertirse en un problema social, como decía Juan Antonio Rubio, presidente del CIEMAT. Es un problema de malditismo que condiciona e hipoteca el futuro de la zona y de sus habitantes.

- ¡270 gramos de 9 kilos!

- En vez de 23.000 m3 de tierra, se llevaron apenas 1.000. El resto de suelo contaminado quedó incluso en el centro del pueblo de Palomares o en la vega, que es la despensa de Palomares. Allí, los americanos se limitaron a echar tierra encima para que los contadores geiger no detectaran el plutonio, pero es suelo agrícola que, al ararlo, afloró arriba de nuevo. Fue un engaño y un acto de deslealtad con un pueblo que se volcó con los norteamericanos desde el primer instante para ayudar y salvar las vidas de los pilotos heridos. Así les pagaron los gobiernos de USA y de España, que siempre han visto esta esquina de la península como un lugar distante, habitado por gente atrasada a la que Emilio Romero describió en el diario Pueblo como «los atrasadísimos, humildísimos y pobrísimos habitantes de la zona».

- Ahora ha iniciado un procedimiento judicial Ecologistas en Acción.

- No es la primera denuncia que interpone sobre este asunto. Ya marcó un hito en la historia que esa asociación denunciara al CSN, al CIEMAT y a todos los gobiernos de España que ha habido desde 1978 ante la fiscalía de Medio Ambiente por callar y no hacer nada, a pesar de conocer perfectamente lo que aún quedaba en Palomares de residuos radiactivos. Claro, ellos y sus familias viven a 500 kilómetros y no les llegan los aerosoles de plutonio. Estuvo muy bien, aunque, desgraciadamente, en un estado en que no existe una verdadera separación de poderes, no podía prosperar esa denuncia. De hecho, ni siquiera fue admitida a trámite, pero había que presentarla por honestidad. Han jugado con la salud de los demás viviendo muy lejos. Todos sabemos acerca de la permeabilidad entre los poderes del Estado y las puertas giratorias, también entre política y justicia, pero hay que acudir y agotar las instancias nacionales para poder llegar a las europeas. Por eso apoyo la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción y lamento que no se levante todo el pueblo contra la aceptación del Gobierno de España de las condiciones impuestas por el americano.

- ¿Y la sociedad?

- Desgraciadamente, Ecologistas en Acción tiene que luchar sola. Son quijotes enfrentándose a los enormes molinos de hoy, esas grandes corporaciones. Greenpeace sólo interviene en asuntos con mucho revuelo mediático. No hablamos de tanto dinero. Pero, sobre todo, hay una deuda moral con Palomares, aunque ya tenemos sobradas pruebas de que, en política internacional, no existe moral que valga, sólo entienden el idioma del dinero. Hace falta que la comarca se levante. No podemos seguir dejando a las generaciones futuras este legado envenenado de plutonio.



Ecologistas en Acción demanda al CSN


Coincidiendo con el 51 aniversario de la caída de las bombas sobre Palomares, Ecologistas en Acción de Almería, presentó el pasado 17 de enero un escrito ante el CSN exponiendo un resumen de los hechos y alegando que «Palomares es una instalación nuclear ilegal y un área contaminada, que ni siquiera figura como tal en el registro de áreas contaminadas».

«La Junta de Energía Nuclear, el Ciemat, el CSN y los sucesivos gobiernos de la dictadura y de la democracia —señalan los ecologistas— sabían perfectamente que los americanos hicieron una limpieza cosmética en Palomares. De los 9 kilos de plutonio que liberaron las dos bombas MK-28, sólo se llevaron a Savannah River 270 gramos dejando el resto esparcido por todo el territorio».

La denuncia recoge que «hay una carta de fecha 13 de agosto de 1968 enviada por el Presidente de la Junta de Energía Nuclear, D. José María Otero Navascués, al entonces Ministro de Industria D. Gregorio López Bravo, donde tras un viaje a Palomares le dice: No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio».

También mencionan en el escrito a Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de Información y Turismo, quien, según los verdes, «declaró al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación’, cuando sabía perfectamente que había unos 8 kilos de óxido de plutonio abandonados al aire libre».

Afirman, además, que «el CIEMAT y los responsables políticos, durante décadas, han engañado a la opinión pública haciéndoles creer que Palomares estaba limpio de Plutonio y han permitido que los agricultores y obreros de la construcción hayan trabajado en nubes de polvo radiactivo».

«La situación de Palomares —añaden— no se puede prolongar más en el tiempo y con independencia de las negociaciones que se lleven a cabo con la administración de EE.UU, es una obligación legal del CSN el clausurar inmediatamente la instalación nuclear y área contaminada de Palomares».

Ecologistas en Acción concluye que «si el CSN no procede a la clausura inmediata de la instalación nuclear de Palomares, pediremos al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que le obligue a cumplir el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por él mismo en mayo de 2010, y proceda a la limpieza de 50.000 m3 de tierra sin tener en cuenta las presiones de EE.UU, almacenándolos provisionalmente a la espera de encontrar un depósito definitivo para las tierras contaminadas».

«Estamos convencidos de que la denuncia no tendrá el éxito que esperamos en la Justicia española —ha declarado a ACTUALIDAD ALMANZORA el abogado de los ecologistas, José Ignacio Domínguez— pero es el paso previo necesario para poder apelar a la Corte Europea».