La cuantía exacta es de 694.025,76 euros según la Fiscalía, que apunta como máximos responsables a Teresa González y a Pérez Montoya
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| Luis Pérez Montoya (PSOE), exvicepresidente de la Diputación de Almería, a la puerta de los juzgados (archivo). |
EUROPA PRESS / 23·01·2018
La Fiscalía ha concluido que la cantidad total sustraída de los fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo —dependiente de la Diputación Provincial— bajo mandato del PSOE entre los años 2009 y 2011 ascendió a 694.025,76 euros, y ha señalado como presuntos máximos responsables a la exsecretaria delegada del órgano María Teresa González y al exvicepresidente de la Diputación, el socialista Luis Pérez Montoya.
En concreto, el Ministerio Público ha indicado que González Rivera «participó en la sustracción» de «toda» la cantidad, y que Pérez Montoya lo hizo en 690.821,07 euros, lo que representa «una parte importante del presupuesto con el que contaba el Patronato para sus fines de promoción turística de la provincia y supuso un daño a ese servicio público».
Así lo ha trasladado este martes durante el trámite de informes de la vista oral por el denominado caso 'Facturas' que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y en el que ha elevado a definitivas las peticiones de prisión para ambos por un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro continuado de fraude a la Administración Pública, delitos continuados de falsedad en documento mercantil y documento oficial, y un delito de prevaricación continuado.
Para la exsecretaria, a la que le imputa, asimismo, la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, ha solicitado penas que suman nueve años y diez meses de prisión mientras que para el exvicepresidente de la institución ha interesado siete años y nueve meses de cárcel.
La Fiscalía, al margen de la pena privativa de libertad, ha pedido la inhabilitación absoluta para ambos por 19 años y seis meses en el caso del cargo público, y de 24 años y seis meses en el caso de la funcionaria, para quien ha solicitado, asimismo, el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros.
El Ministerio Público ha apuntado, asimismo, que el administrador de Publifiestas Conde, Joaquín C.C., habría participado en la sustracción de 509.606,84 euros de la cantidad total defraudada mediante facturación falsa y anticipos de caja mientras que los responsables de la agencia Leitour Viajes, F.J.G.F. y A.J.M.B., lo habrían hecho en la cantidad de 363,187,84 euros.
En sus conclusiones, ha remarcado que la facturación por conceptos no reales de Leitour SL al Patronato en el año 2009, en la que participaron los cinco acusados antes relacionados, ascendió a 246.064,43 euros y que esa cuantía «fue sustraída del presupuesto aprobado por acuerdo del Consejo Ejecutivo de 9 de marzo de 2009 para Plan de Actuación de asistencia a ferias y eventos turísticos de ese año que era de 407.500 euros, por lo que se defraudó el 60,38% de la cantidad destinada a ese fin».
Tras las sesiones del juicio, el Ministerio Público ha asegurado que, a finales del mes de septiembre de 2007, Pérez Montoya y González Rivera «acordaron un plan para apropiarse de fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo y quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas», y que, para ello, «se concertaron» con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios.
De acuerdo a este plan, estos debían elaborar facturas «por unos servicios que no se prestaban o bienes que no se entregaban», y debían hacer constar en la factura «el concepto que aquéllos les indicaban, generalmente haciendo referencia a servicios que podrían ser propios del organismo autónomo».
«En múltiples ocasiones, Pérez Montoya dictó resoluciones, previo informe favorable de la exsecretaria delegada, acordando la contratación de bienes o servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí pagar por el Patronato», ha descrito para precisar que cuando las facturas eran remitidas por los supuestos proveedores al Patronato, «estampaban un sello con su nombre y cargo, en el caso del primero, o un sello con la palabra conforme por la segunda y, en ambos casos, su firma haciendo constar de este modo mendazmente que la factura reflejaba un servicio prestado al Patronato».
Ha añadido que el exvicepresidente «en muchas ocasiones» dictaba resoluciones, también previo informe de la otra acusada, acordando el pago de facturas que sabían que no correspondían a una prestación real al Patronato.
El total de la cantidad sustraída a la Diputación Provincial de Almería empleando este mecanismo ascendería a 601.443 euros, a lo que hay que añadir unos 73.000 euros procedentes del llamado anticipo de caja, al que cargaron un total de 697 facturas, «en su gran mayoría correspondientes a gastos de restauración».
En sus conclusiones, el Ministerio Público ha retirado la acusación contra uno de los responsables de la empresa Viajes Bernardo, Bernardo H.B., y ha solicitado que se deduzca testimonio contra Miguel M.J. por supuestos delitos de malversación y fraude que no habrían prescrito.
En concreto, el Ministerio Público ha indicado que González Rivera «participó en la sustracción» de «toda» la cantidad, y que Pérez Montoya lo hizo en 690.821,07 euros, lo que representa «una parte importante del presupuesto con el que contaba el Patronato para sus fines de promoción turística de la provincia y supuso un daño a ese servicio público».
Así lo ha trasladado este martes durante el trámite de informes de la vista oral por el denominado caso 'Facturas' que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y en el que ha elevado a definitivas las peticiones de prisión para ambos por un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro continuado de fraude a la Administración Pública, delitos continuados de falsedad en documento mercantil y documento oficial, y un delito de prevaricación continuado.
Para la exsecretaria, a la que le imputa, asimismo, la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, ha solicitado penas que suman nueve años y diez meses de prisión mientras que para el exvicepresidente de la institución ha interesado siete años y nueve meses de cárcel.
La Fiscalía, al margen de la pena privativa de libertad, ha pedido la inhabilitación absoluta para ambos por 19 años y seis meses en el caso del cargo público, y de 24 años y seis meses en el caso de la funcionaria, para quien ha solicitado, asimismo, el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros.
El Ministerio Público ha apuntado, asimismo, que el administrador de Publifiestas Conde, Joaquín C.C., habría participado en la sustracción de 509.606,84 euros de la cantidad total defraudada mediante facturación falsa y anticipos de caja mientras que los responsables de la agencia Leitour Viajes, F.J.G.F. y A.J.M.B., lo habrían hecho en la cantidad de 363,187,84 euros.
En sus conclusiones, ha remarcado que la facturación por conceptos no reales de Leitour SL al Patronato en el año 2009, en la que participaron los cinco acusados antes relacionados, ascendió a 246.064,43 euros y que esa cuantía «fue sustraída del presupuesto aprobado por acuerdo del Consejo Ejecutivo de 9 de marzo de 2009 para Plan de Actuación de asistencia a ferias y eventos turísticos de ese año que era de 407.500 euros, por lo que se defraudó el 60,38% de la cantidad destinada a ese fin».
Tras las sesiones del juicio, el Ministerio Público ha asegurado que, a finales del mes de septiembre de 2007, Pérez Montoya y González Rivera «acordaron un plan para apropiarse de fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo y quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas», y que, para ello, «se concertaron» con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios.
De acuerdo a este plan, estos debían elaborar facturas «por unos servicios que no se prestaban o bienes que no se entregaban», y debían hacer constar en la factura «el concepto que aquéllos les indicaban, generalmente haciendo referencia a servicios que podrían ser propios del organismo autónomo».
«En múltiples ocasiones, Pérez Montoya dictó resoluciones, previo informe favorable de la exsecretaria delegada, acordando la contratación de bienes o servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí pagar por el Patronato», ha descrito para precisar que cuando las facturas eran remitidas por los supuestos proveedores al Patronato, «estampaban un sello con su nombre y cargo, en el caso del primero, o un sello con la palabra conforme por la segunda y, en ambos casos, su firma haciendo constar de este modo mendazmente que la factura reflejaba un servicio prestado al Patronato».
Ha añadido que el exvicepresidente «en muchas ocasiones» dictaba resoluciones, también previo informe de la otra acusada, acordando el pago de facturas que sabían que no correspondían a una prestación real al Patronato.
El total de la cantidad sustraída a la Diputación Provincial de Almería empleando este mecanismo ascendería a 601.443 euros, a lo que hay que añadir unos 73.000 euros procedentes del llamado anticipo de caja, al que cargaron un total de 697 facturas, «en su gran mayoría correspondientes a gastos de restauración».
En sus conclusiones, el Ministerio Público ha retirado la acusación contra uno de los responsables de la empresa Viajes Bernardo, Bernardo H.B., y ha solicitado que se deduzca testimonio contra Miguel M.J. por supuestos delitos de malversación y fraude que no habrían prescrito.
