Medio Ambiente achaca a la «carga de trabajo» su tardanza en contestar a Huércal-Overa

Empleó el cuádruple del tiempo que marca la Ley para resolver la consulta del Consistorio sobre el cambio de calificación de 852 m2 de una parcela necesarios para construir un puente


Imagen del Puente de San Isidro, en la antigua Carretera Nacional 340, que el Ayuntamiento pretende ensanchar. FOTO: PEPE ALONSO. 

ALMERÍA HOY / 15·12·2017

Si veinte años no es nada, según reza la letra del tango, cabe deducir que uno es la vigésima parte de nada. Pues poco más de eso, es decir, un año y cinco días, es lo que ha tardado la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio en contestar a la solicitud que le hizo el Ayuntamiento de Huércal Overa para pedir su visto bueno a una innovación urbanística.

Puede parecer mucho o poco, según el cristal con que se mire, pero lo cierto es que, como la propia Consejería reconoce, el plazo que estipula la Ley 7/2007 de 9 de julio sobre la gestión integrada de la calidad ambiental para resolver el expediente es de, únicamente, tres meses.

El reloj comenzó a andar el 12 de mayo de 2016, cuando el Consistorio huercalense registró en la Delegación territorial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente una solicitud de evaluación ambiental estratégica ordinaria, trámite necesario para modificar la calificación de unos terrenos no urbanizables según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad.

La superficie de los terrenos afectados es de tan sólo 852,99 m2, pero son los que se precisan para poder ensanchar el puente existente en la antigua carretera nacional 340 a su paso por la barriada de San Isidro, auténtico cuello de botella para el tráfico, que empieza y termina en dos curvas de 90º. Junto al nuevo puente, se prevén dos rotondas que mejoran el acceso a Huércal Overa.

El suelo afectado, que como ya hemos dicho no es urbanizable, está catalogado como «espacio libre», y las obras proyectadas requieren una modificación administrativa que lo integre dentro del «sistema general viario».

Pero la administración también necesita, al parecer, el ensanche de sus ‘puentes’ y alguna que otra ‘rotonda’ que agilice el tráfico de expedientes que por ella circulan a la velocidad por la que los autos discurren por el centro urbano de las grandes megalópolis en hora punta.
Mientras tanto, el tiempo continúa, inexorable, su paso. Así, el 26 de mayo, dos semanas después de la entrada de la solicitud de Huércal Overa en el registro de Medio Ambiente, la Delegación efectuó consultas a otros 16 organismos, entre los que figuraban sus homólogas de Agricultura, Economía, Salud, Fomento, los departamentos de Bienes Culturales y de Servicios de Turismo de la Delegación de Cultura, Turismo y Deportes, la Diputación de Almería y la Demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento, pero también a otras entidades, como los departamentos de Biología vegetal e Hidrología y Química analítica de la Universidad de Almería, la Estación de Zonas Áridas del CSIC o las asociaciones Ecologistas en Acción, Grupo Ecologista Cóndor, Grupo Ecologista Mediterráneo, Seo Bird Life e incluso al Club UNESCO de Pechina.

Las entidades consultadas tenían, según la Ley, 45 días para responder a Medio Ambiente, pero sólo contestaron cuatro de la cuales únicamente tres lo hicieron el plazo.

Las más diligentes fueron Agricultura y Salud, que emplearon ‘sólo’ un mes para informar. Agricultura dijo que la modificación propuesta no tenía incidencia desde el punto de vista agrario y la Consejería de Salud dispuso “en su página web de una guía metodológica para la realización de dicha valoración”. En otras palabras: no objetaron el proyecto.

La Dirección General de Carreteras necesitó apurar el plazo legal para informar favorablemente y advertir sobre un par de trámites sencillos para concluir el procedimiento.

La cuchara de palo, trofeo que en el torneo de rugby de las Seis Naciones se lleva la selección clasificada en último lugar del campeonato, correspondería, en este caso, al departamento de Bienes Culturales de la Delegación de Cultura. Necesitó tres meses y medio para responder a Medio Ambiente «que no realiza ningún pronunciamiento al respecto». Eso fue el 9 de septiembre de 2016. El plazo para resolver el expediente había expirado el 13 de agosto.


DEFENSOR DEL PUEBLO

Así estaban las cosas cuando el Ayuntamiento, a finales de marzo de 2017, elevó una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por el retraso en la resolución del expediente. El Defensor pidió una explicación por escrito a Medio Ambiente el 5 de abril, y volvió a hacerlo el 15 de mayo ante la falta de respuesta. Aquí, el silencio demostraba que la actitud de la Consejería no era una ‘cuestión personal’ con el Ayuntamiento, sino con cualquiera que la requiriese.

El mal de muchos no sirve de consuelo a nadie, pero la queja del gobierno de Huércal Overa pareció obtener su fruto. Al menos eso puede parecer, pues el 17 de mayo, dos días después del segundo requerimiento por parte de la oficina del Defensor, la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Almería concluyó el expediente en cuestión y lo remitió al Consistorio, promotor de la consulta. Un mes y cinco días más tarde, el 22 de junio, respondía por fin al Defensor del Pueblo Andaluz.

La respuesta semejaba más un lamento por falta de medios y/o recursos. Tras reconocer que había sobrepasado en mucho «el plazo máximo de tres meses» de que disponía para culminar el procedimiento, explicaba que «las modificaciones introducidas por la Ley en relación a la Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas ha incrementado significativamente la carga de trabajo del Servicio de Protección Ambiental, lo que ha motivado el retraso en la tramitación del expediente».


«LA FALTA DE MEDIOS NO ES UNA EXCUSA»


Para el alcalde de Huércal Overa, Domingo Fernández (PP), «la administración debe ser la primera en dar ejemplo cumpliendo las normas y los plazos, porque es tajante sancionando al ciudadano que no lo hace. La falta de medios no puede servir como excusa ni como escudo tras el que esconderse. Si hay un problema identificado, la obligación de la Delegación de Medio Ambiente es resolverlo, no derivar sus consecuencias en otros».