José Carmelo: «los contratos de venta de agua regenerada los hizo el gerente de la empresa sin pasar por el Consejo de Administración y yo me enteré a raíz de la querella»
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A la izquierda, Estecha, en el centro De la Cruz, a la derecha, Jorge Blanco. |
ALMERÍA HOY / 21·12·2017
Como en una versión libre de los tres mosqueteros, el pasado 8 de octubre, el exalcalde popular de Vera José Carmelo Jorge Blanco, y los concejales de su equipo de gobierno Juan de la Cruz Belmonte y Mariano Estecha, coincidieron en señalar a Juan Martín, que fuera gerente de Codeur durante el mandato del PP, como responsable único de los contratos de venta de agua regenerada sin la pertinente autorización administrativa para hacerlo de la Junta de Andalucía. Fueron todos contra uno.
Los cuatro habían acudido a declarar como investigados ante la titular del juzgado número tres de Vera, encargada de instruir la querella que la empresa mixta interpuso contra ellos por presunta administración desleal. En el caso de unos, la empresa mixta exigía las responsabilidades que tuvieron como consejeros de la sociedad y como gerente en el de Martín, en la adopción de una serie de decisiones que pudieron tener resultados onerosos para las cuentas de la sociedad.
Las responsabilidades penales y económicas que se exigen a los acusados —1,5 millones de euros— tienen que ver con un amplio abanico de cuestiones, como la realización de obras que, presuntamente, no debía ejecutar Codeur; la contratación de trabajadores «con motivo de las elecciones»; el mantenimiento de obras no recepcionadas o la venta de agua regenerada sin contar con la obligada autorización administrativa por parte de la Junta de Andalucía.
Todos esas decisiones, a juicio de los demandantes, habrían ocasionado a la empresa un importante quebranto económico y, en el caso de la venta de agua regenerada, la habría hecho incurrir en una infracción que podría ser acreedora de multas millonarias. Precisamente sobre este asunto hubo unanimidad entre los políticos investigados a la hora de señalar como único responsable al exgerente Juan Martín.
Así, Mariano Estecha manifestó que «no se sometieron los contratos [sobre la venta de agua regenerada] al consejo de administración, que el gerente Juan Martín tenía capacidad para contratar en base a los poderes otorgados por los consejeros». Estecha aseveró «que el gerente tenía la obligación de informar» sobre esos contratos a todos los consejeros porque se trataba de uno de los objetivos de la empresa y que, de hecho, «informó sobre las contrataciones», así como sobre la tramitación de «los permisos de la Junta de Andalucía para efectuar ese suministro y distribución de agua».
Más lejos fue el exalcalde, José Carmelo Jorge Blanco a la hora de señalar a Juan Martín. El que fuera regidor declaró ante la juez «que los contratos de ese agua los hizo el gerente sin pasar por el consejo de administración». Además, para subrayar su desconocimiento de los hechos, aseguró haberse enterado de la existencia de los contratos «a raíz de la querella».
Jorge Blanco recordaba «que los contratos con Valle del Este y Naranjas Jiménez no fueron aprobados en consejo de administración», sin embargo, cuando tuvo conocimiento de ellos, preguntó si estaba todo correcto y le informaron «que sí». En ese sentido, aseguró que le «comentaron que había informes de sanidad».
Al igual que Estecha, y como después haría el tercero de los políticos encausados, el exalcalde popular se acogió a su derecho a no contestar a ninguna de las preguntas formuladas por los letrados de la acusación, pero quiso «dejar claro que siempre delegaba su voto en Juan de la Cruz Belmonte».
Este último extremo fue reconocido ante la juez por Belmonte, que admitió que representaba en las reuniones del Consejo de Administración «a José Carmelo con un poder específico», así como que el sentido del voto era siempre el que el propio Belmonte «consideraba oportuno».
Con respecto al agua regenerada, al igual que sus compañeros de partido, Juan de la Cruz declaró que «los contratos los firmó el gerente y no fueron sometidos al consejo de administración» pues, a su juicio, «los poderes» de ese administrador así lo permitían. Además, aseguró que Juan Martín no les «comentó que había firmado esos contratos», y negó saber «si en esas contrataciones se habían obtenido los permisos de la Junta de Andalucía o no».
Aunque la instructora del caso postergó hasta el 11 de diciembre la declaración de Juan Martín, según éste, ante «la posible existencia de conflicto de intereses» entre los demás investigados y él mismo, Martín ha manifestado a ACTUALIDAD ALMANZORA que «es cierto que firmé los contratos como gerente sin que fuera necesario su paso por el Consejo de Administración de la sociedad, pero lo hice porque había un objetivo estratégico marcado por ese órgano de la empresa consistente en poner en valor el agua regenerada».
En ese sentido, Martín aseguraba que «aunque no hubiera informado formalmente de los avances realizados para conseguir el permiso administrativo para la venta de agua regenerada y los contratos con potenciales consumidores, todos sabían que estaba trabajando para obtenerlos».
Conflicto de intereses
La juez fundó el aplazamiento de la toma de declaración a Juan Martín, según refiere el exgerente, a «la posible existencia de conflicto de intereses» entre los demás investigados y él mismo en relación «al grado de participación» de cada uno de los encausados en el asunto de las obras del depósito de El Hacho.
El actual Consejo de Administración de Codeur denunció a parte del presidido por José Carmelo Jorge Blanco por haber aprobado la construcción de un depósito para el abastecimiento de agua potable en el cerro de El Hacho el 29 de enero de 2015 a pesar de que, según el pliego de condiciones que rige el contrato de la sociedad mixta para prestar el servicio del ciclo integral del agua, la construcción de nuevas infraestructuras correspondería, a tenor del demandante, al Ayuntamiento, «que es el propietario de las redes».
Los trabajos supusieron un importe de 300.000 euros a la mercantil, cantidad aportada en detrimento del posterior reparto de beneficios.
Es de reseñar que los investigados coinciden en recordar que a la reunión en que se aprobó acometer las obras no asistió representación del socio privado.
Tampoco acudió José Carmelo, que tiene constancia por la querella «de que Codeur reclama el coste de las obras», que el socio privado «no impugnó el acuerdo de ejecución de las obras», y que la decisión fue adoptada teniendo en cuenta los informes los informes de «Acal abogados», despacho contratado por Codeur durante la etapa en que estuvo dirigida por consejeros del Partido Popular.
Sobre las demás cuestiones, también hubo unanimidad en cuanto a las declaraciones.
Así, los tres políticos populares, negaron que, pese a existir una bolsa de contratación, se empleara, para el mantenimiento de infraestructuras a «diez u once» personas que no estaban en ella «con motivo de las elecciones», pues comenzaron a trabajar el 3 de junio. Los comicios tuvieron lugar el 24 de mayo.
Sí existen, en cambio, diferentes matices sobre el carácter de las obras para las que fueron contratadas esas personas. Mientras el exalcalde afirmaba con rotundidad que las infraestructuras a mantener no se habían recepcionado por parte del Ayuntamiento «porque existían deficiencias», Estecha había declarado que «no hubo acta de recepción porque los funcionarios [del Ayuntamiento] dijeron que no hacía falta y se recepcionaron de forma tácita». Por su parte, Juan de la Cruz Belmonte negaba saber «quién asumió el mantenimiento de las infraestructuras».
Los cuatro habían acudido a declarar como investigados ante la titular del juzgado número tres de Vera, encargada de instruir la querella que la empresa mixta interpuso contra ellos por presunta administración desleal. En el caso de unos, la empresa mixta exigía las responsabilidades que tuvieron como consejeros de la sociedad y como gerente en el de Martín, en la adopción de una serie de decisiones que pudieron tener resultados onerosos para las cuentas de la sociedad.
Las responsabilidades penales y económicas que se exigen a los acusados —1,5 millones de euros— tienen que ver con un amplio abanico de cuestiones, como la realización de obras que, presuntamente, no debía ejecutar Codeur; la contratación de trabajadores «con motivo de las elecciones»; el mantenimiento de obras no recepcionadas o la venta de agua regenerada sin contar con la obligada autorización administrativa por parte de la Junta de Andalucía.
Todos esas decisiones, a juicio de los demandantes, habrían ocasionado a la empresa un importante quebranto económico y, en el caso de la venta de agua regenerada, la habría hecho incurrir en una infracción que podría ser acreedora de multas millonarias. Precisamente sobre este asunto hubo unanimidad entre los políticos investigados a la hora de señalar como único responsable al exgerente Juan Martín.
Así, Mariano Estecha manifestó que «no se sometieron los contratos [sobre la venta de agua regenerada] al consejo de administración, que el gerente Juan Martín tenía capacidad para contratar en base a los poderes otorgados por los consejeros». Estecha aseveró «que el gerente tenía la obligación de informar» sobre esos contratos a todos los consejeros porque se trataba de uno de los objetivos de la empresa y que, de hecho, «informó sobre las contrataciones», así como sobre la tramitación de «los permisos de la Junta de Andalucía para efectuar ese suministro y distribución de agua».
Más lejos fue el exalcalde, José Carmelo Jorge Blanco a la hora de señalar a Juan Martín. El que fuera regidor declaró ante la juez «que los contratos de ese agua los hizo el gerente sin pasar por el consejo de administración». Además, para subrayar su desconocimiento de los hechos, aseguró haberse enterado de la existencia de los contratos «a raíz de la querella».
Jorge Blanco recordaba «que los contratos con Valle del Este y Naranjas Jiménez no fueron aprobados en consejo de administración», sin embargo, cuando tuvo conocimiento de ellos, preguntó si estaba todo correcto y le informaron «que sí». En ese sentido, aseguró que le «comentaron que había informes de sanidad».
Al igual que Estecha, y como después haría el tercero de los políticos encausados, el exalcalde popular se acogió a su derecho a no contestar a ninguna de las preguntas formuladas por los letrados de la acusación, pero quiso «dejar claro que siempre delegaba su voto en Juan de la Cruz Belmonte».
Este último extremo fue reconocido ante la juez por Belmonte, que admitió que representaba en las reuniones del Consejo de Administración «a José Carmelo con un poder específico», así como que el sentido del voto era siempre el que el propio Belmonte «consideraba oportuno».
Con respecto al agua regenerada, al igual que sus compañeros de partido, Juan de la Cruz declaró que «los contratos los firmó el gerente y no fueron sometidos al consejo de administración» pues, a su juicio, «los poderes» de ese administrador así lo permitían. Además, aseguró que Juan Martín no les «comentó que había firmado esos contratos», y negó saber «si en esas contrataciones se habían obtenido los permisos de la Junta de Andalucía o no».
Aunque la instructora del caso postergó hasta el 11 de diciembre la declaración de Juan Martín, según éste, ante «la posible existencia de conflicto de intereses» entre los demás investigados y él mismo, Martín ha manifestado a ACTUALIDAD ALMANZORA que «es cierto que firmé los contratos como gerente sin que fuera necesario su paso por el Consejo de Administración de la sociedad, pero lo hice porque había un objetivo estratégico marcado por ese órgano de la empresa consistente en poner en valor el agua regenerada».
En ese sentido, Martín aseguraba que «aunque no hubiera informado formalmente de los avances realizados para conseguir el permiso administrativo para la venta de agua regenerada y los contratos con potenciales consumidores, todos sabían que estaba trabajando para obtenerlos».
Conflicto de intereses
La juez fundó el aplazamiento de la toma de declaración a Juan Martín, según refiere el exgerente, a «la posible existencia de conflicto de intereses» entre los demás investigados y él mismo en relación «al grado de participación» de cada uno de los encausados en el asunto de las obras del depósito de El Hacho.
El actual Consejo de Administración de Codeur denunció a parte del presidido por José Carmelo Jorge Blanco por haber aprobado la construcción de un depósito para el abastecimiento de agua potable en el cerro de El Hacho el 29 de enero de 2015 a pesar de que, según el pliego de condiciones que rige el contrato de la sociedad mixta para prestar el servicio del ciclo integral del agua, la construcción de nuevas infraestructuras correspondería, a tenor del demandante, al Ayuntamiento, «que es el propietario de las redes».
Los trabajos supusieron un importe de 300.000 euros a la mercantil, cantidad aportada en detrimento del posterior reparto de beneficios.
Es de reseñar que los investigados coinciden en recordar que a la reunión en que se aprobó acometer las obras no asistió representación del socio privado.
Tampoco acudió José Carmelo, que tiene constancia por la querella «de que Codeur reclama el coste de las obras», que el socio privado «no impugnó el acuerdo de ejecución de las obras», y que la decisión fue adoptada teniendo en cuenta los informes los informes de «Acal abogados», despacho contratado por Codeur durante la etapa en que estuvo dirigida por consejeros del Partido Popular.
Sobre las demás cuestiones, también hubo unanimidad en cuanto a las declaraciones.
Así, los tres políticos populares, negaron que, pese a existir una bolsa de contratación, se empleara, para el mantenimiento de infraestructuras a «diez u once» personas que no estaban en ella «con motivo de las elecciones», pues comenzaron a trabajar el 3 de junio. Los comicios tuvieron lugar el 24 de mayo.
Sí existen, en cambio, diferentes matices sobre el carácter de las obras para las que fueron contratadas esas personas. Mientras el exalcalde afirmaba con rotundidad que las infraestructuras a mantener no se habían recepcionado por parte del Ayuntamiento «porque existían deficiencias», Estecha había declarado que «no hubo acta de recepción porque los funcionarios [del Ayuntamiento] dijeron que no hacía falta y se recepcionaron de forma tácita». Por su parte, Juan de la Cruz Belmonte negaba saber «quién asumió el mantenimiento de las infraestructuras».
