Los Jardines de Palomares convertidos en infierno para 26 familias

«Algunos se enganchan ilegalmente a la luz y el agua y encima requetealquilan por mil euros el piso los cuatro días del Dreambeach»




ALMERÍA HOY / 14·12·2017

Tenía todos los alicientes para ser un auténtico paraíso en la tierra, sin embargo, la ‘maravillosa’ urbanización Jardines de Palomares se ha convertido en un infierno para 26 familias que compraron una vivienda. Para muchos era su segundo hogar, ése en el que disfrutar del verano cerca de la playa. Para otros, en su mayoría británicos, el lugar en que pasar sus años dorados disfrutando de un clima y un entorno excepcional. Pero el paraíso se convirtió en pesadilla hace poco más de dos años.

Ateniéndonos a la declaración del presidente de la comunidad, Juan Carlos Mejías, y a los documentos que aporta, la historia sería la siguiente.
El Grupo Inmobiliario Aride Sur había levantado la urbanización en la Avenida del Secano de Palomares gracias a la financiación que le concedió Cajamar por medio de un préstamo hipotecario.

No obstante, Aride Sur no pagó y las viviendas que no había conseguido vender, 52 de las 78 construidas, fueron embargadas por la entidad financiera que, sin embargo, no inició el procedimiento de ejecución hasta 2014, a pesar de que la deuda tenía su origen en 2006.
En ese mismo 2006 comenzaron a vivir en esta urbanización los propietarios que adquirieron sus casas y apartamentos. Y lo hicieron en la gloria, disfrutando de sus piscinas, jardines y la coqueta urbanización de los Jardines de Palomares.

Pero del mismo modo que los galos sólo temían a que el cielo cayera sobre sus cabezas, a estos habitantes de la Avenida del Secano de la pedanía cuevana les cayó la felicidad a los suelos y se hizo añicos el 1 de julio de 2015, «fecha en que Aride Sur firmó un contrato por el que arrendó a Rubik Arquitectura y Construcción, una empresa veratense cuyo administrador único se llama Miguel Ángel Moya Perellón, las 52 viviendas de la urbanización que, aunque embargadas, aún eran de su propiedad porque Cajamar no había ejecutado el embargo».

A partir de ese día, Rubik comenzó «a realquilarlas a bajo precio, alrededor de 150 euros al mes por unos pisos y casas cuyo precio, según la valoración realizada por Cajamar para su subasta, está entre los 90.000 y los 150.000 euros».

Rubik consiguió «realquilar 30» y ahí comenzó «el infierno para los 26 propietarios que habitábamos los Jardines de Palomares» desde 2006.
Los nuevos vecinos, según el presidente de la comunidad, Juan Carlos Mejías, «no pagan el recibo de la comunidad, pero usan las zonas y servicios comunes y nos obligan a darles llaves para acceder a ellas». «Todo eso está ocasionando un grave perjuicio a los que compramos allí nuestra casa, hasta el punto de que algunos ya ni vienen a pesar el verano», lamenta Mejías.


REQUETEALQUILAN

El presidente denuncia el comportamiento de los nuevos inquilinos. «Hay de todo, pero abundan más los problemáticos. No se trata ya de que no paguen los recibos, es que causan destrozos y algunos han llegado a desvalijar los pisos. Se han llevado los electrodomésticos, el mobiliario que había en ellos y todo lo que han podido. Se han enganchado ilegalmente a la luz y el agua y, encima, hacen negocio durante el Dreambeach requetealquilando el piso por mil euros durante esos cuatro días en los que meten ahí a diez o doce zagales».

El problema de convivencia descrito tiene, además, su correlación económica para los 26 propietarios afectados, porque han de correr ellos solos con todos los gastos de la comunidad, a los que hay que añadir los ocasionados por los daños producidos por los «okupas con papeles que son estos inquilinos».

Ahora, el recibo que pagan ronda los 65 euros al mes, unos un poco más y otros algo menos en función de los metros cuadrados de que dispongan. «Podría ser la mitad, pero es que tenemos que hacer frente a los destrozos que genera esta gente. Hemos tenido que suplementar la valla para que no se salten a la piscina los vecinos morosos que, como dice la ley, tienen prohibido el acceso, y poner un sistema de vigilancia con cámaras para tratar de identificar quién rompe las cerraduras y demás elementos comunes», afirma el presidente.

«El promotor debe a la comunidad 150.000 euros en recibos. Le hemos propuesto hacer borrón y cuenta nueva, pero no está dispuesto. Nos ha dicho que no piensa pagar lo atrasado ni lo que venga».

Y, si el promotor no paga, no lo tienen mucho mejor con los nuevos inquilinos. «Es verdad que algunos comprenden la situación y están al corriente con la comunidad, pero hay 18 que me dicen que cómo van a pagar 60 euros de comunidad cuando el alquiler les cuesta 150. Yo les respondo que si pagamos todos, podremos bajar la cuota a 30, pero que ahora estamos corriendo con los gastos de toda la urbanización la tercera parte de los que vivimos en ella. Estamos haciendo el pino con las orejas».

«De todos modos —añade—, muchos reconocen que ni pagan a la comunidad ni tampoco el alquiler. Han llegado a constituir una comunidad paralela con su propia directiva y todo».

«Sé que entre ellos hay también quienes están siendo presuntamente engañados por Rubik y no saben que han alquilado una vivienda que está embargada y, tarde o temprano, tendrán que abandonarla. Además, dicen que la inmobiliaria se las ha alquilado con opción a compra, algo insólito cuando en el contrato de alquiler, que no está debidamente registrado y puede que hasta sea ilegal, ni siquiera pone cuál es el precio de esa venta», señala Mejías.


«FUE LA GLORIA»

«Vivimos durante 9 años en la gloria –reconoce con añoranza-. La urbanización es un paraíso, pero desde el verano de 2015 está siendo un auténtico infierno y para mí peor que para nadie porque, como presidente, estoy en medio e la batalla. A mí vienen a buscar propietarios e inquilinos. Intento que se viva en paz, pero no se puede».

Juan Carlos no duda a la hora de apuntar al culpable de su pesadilla: «Cajamar dice que hay un vacío legal, pero nosotros le preguntamos por qué coño no ejecutan el embargo de una vez».

Las viviendas han salido a subasta, pero quedó desierta. La mayoría de los 26 propietarios tienen su hipoteca con Cajamar, sin embargo, la entidad se inhibe y su actitud propicia que tengan que vivir rodeados por justo el doble de «okupas con papeles». Los vecinos tienen muy claro cuál es la solución: «Queremos que Cajamar ejecute el embargo y se quede con las viviendas realquiladas que, a fin de cuentas, son suyas».

Por otra parte, también denuncian la actitud de la promotora, Aride Sur: «No me parece bien que un señor esté haciendo negocio y no haya solución posible. De todos modos, el comportamiento de Cajamar aquí no es normal. En el Pozo del Esparto había una urbanización que estaba viviendo una situación similar a la nuestra y ejecutaron el embargo de la noche a la mañana. Aquí llevan tres años y aún no lo han hecho. Me pregunto quién estará detrás de aquella. Conociendo los antecedentes de algunos altos directivos de la Caja, igual el promotor le estaba soltando presuntamente dinero a alguien bajo cuerda. Yo ya me creo cualquier cosa».