Compró ‘Goyas’ por decisión «personal» saltándose la Ley de Contratos

El Consistorio de Carboneras lleva dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en casi 8.000 euros




ALMERÍA HOY / 18·12·2017

La compra con fondos públicos de una colección de 80 facsímiles de la serie de grabados de Francisco de Goya 'Desastres de la guerra', por la que están siendo investigados el exalcalde de Carboneras Cristóbal Fernández y la entonces concejal de Cultura Josefa Cruz, ambos del PSOE, se realizó por decisión de ésta, presuntamente sin tramitar «expediente alguno» y «sin ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales».

La asunción de la responsabilidad de la compra la ha confesado la propia Josefa Cruz, según el informe de la Policía Judicial. En cuanto a la no existencia de expediente alguno para consumarla, es lo que figura en un informe que el Ayuntamiento carbonero ha aportado a la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Vera que investiga, a instancias de la Fiscalía, la adquisición realizada en 2009, así como su posterior supuesta «desaparición».

El escrito, en respuesta al oficio de la juez, informa que no obran en la Secretaría del Consistorio «antecedentes de que se tramitase expediente alguno para la adquisición de la colección de 80 estampas de Goya titulada 'Desastres de la Guerra'». y añade que, «por tanto, no se puede aportar ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales».

Asimismo, el informe traslada que en Secretaría únicamente existe una «copia» de la carta de pedido a nombre del Ayuntamiento de Carboneras y de su otrora responsable de Cultura, que es la persona que la firma, y, también, de la correspondiente factura por importe de 3.250 euros, unas copias que «fueron facilitadas en 2015 por la Editorial Planeta a requerimiento del concejal de Hacienda».

El caso es objeto de un procedimiento judicial que aún continúa abierto e investiga dos hechos en relación con este asunto.

Por un lado, la decisión de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros, ya que, en base a lo declarado por la que fuera edil de Cultura, Josefa Cruz, ante la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, se debió a una «decisión personal suya inmotivada» y «razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público», según consta en el informe de los agentes.


Estuche de terciopelo

Por otra parte, el fiscal señalaba la necesidad de investigar la recepción por parte de Cruz de la citada colección y «la desaparición posterior de la misma sin que exista ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales».

El decreto de la Fiscalía parte de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, realizadas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. Las láminas, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compraron el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.

El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de «forma casual» al poner en marcha unas medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles, y se le dio un plazo de diez días para que respondiera, aunque no lo hizo.

El Ministerio Público estimó que procedía incoar procedimiento penal a la vista del atestado elaborado por la Policía Judicial de Garrucha, en el que «se acreditan» los hechos denunciados por el Ayuntamiento, se hacía constar que las láminas «fueron recepcionadas por la concejal que encargó su compra" y, también, que "nunca fueron expuestas al público como era su destino».

En este sentido, el informe de la Policía Judicial indica que «no es descartable» que el «acto administrativo dictado por la edil socialista para adquirir las estampas» pudiera ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa, al existir «fundadas sospechas de que el mismo es contrario a la legislación aplicable, y sólo obedeció a una decisión personal suya y no a una necesidad para el Ayuntamiento».

El fiscal apuntaba, por otro lado, que el «desvío» del material adquirido para «fines distintos del servicio público para el que se supone fueron adquiridos, aunque no estuviera justificado», podría encuadrarse en un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

Ahora, la juez instructora ha iniciado la ronda de declaraciones en el marco de las diligencias previas incoadas por presuntos delitos de prevaricación. Así, el pasado 13 de septiembre comparecía en representación del Ayuntamiento, como parte perjudicada, el alcalde Salvador Hernández, quien se ratificó en la denuncia presentada. Hernández reclama la devolución de las láminas objeto de la demanda o el dinero que se pagó por ellas, así como los daños y perjuicios causados que puedan corresponder al municipio.

«Se trata de un claro ejemplo de cómo gobernaba Cristóbal Fernández, a su capricho, confundiendo Carboneras con su cortijo. Hacía y deshacía a su antojo y trataba a los concejales, funcionarios y vecinos como vasallos», manifestaba el alcalde a la salida del juzgado. El pasado 16 de octubre comparecieron también en el juzgado Cristóbal Fernández y Josefa Cruz en calidad de investigados. Ese mismo día, prestaron declaración como testigos el secretario del Ayuntamiento y, también, la bibliotecaria municipal.

Las socialistas Rosario Fernández, Josefa Cruz y Josefa Ruiz se sentarán el próximo 17 de mayo en el banquillo como investigadas por tres presuntos delitos electorales supuestamente cometidos en mayo de 2007. El fiscal solicita 6 meses de prisión, 4 años de inhabilitación y 1.600 euros de multa para cada una de ellas. Sólo Cruz continúa en activo.


Cargaban los recibos de Digital + en cuentas del Ayuntamiento

Fuentes municipales señalan que han detectado la domiciliación en cuentas del Ayuntamiento, durante los últimos años de mandato socialista, de recibos de la plataforma de televisión de pago Digital + y de Securitas Direct por conceptos que nunca fueron contratados por el Consistorio.

El concejal de Hacienda Felipe Cayuela dijo en RADIO ACTUALIDAD que el canal de pago estaba «instalado en la Alcaldía para uso exclusivo» del entonces regidor Cristóbal Fernández. Respecto a la alarma, indicó que se colocó en una vivienda, «todavía sin identificar», próxima a la residencia del exprimer edil, que forma parte de un conjunto de casas en las que viven algunos exconcejales y destacados funcionarios.