El auto fija la comparecencia en sede judicial de Fernández y de la concejal Josefa Cruz para el próximo 16 de octubre
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| Juzgados de Vera. |
EUROPA PRESS / 27·06·2017
El Juzgado de Instrucción 2 de Vera ha citado a declarar el calidad de investigados al exalcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, y a la actual concejal en la oposición, Josefa Cruz, ambos del PSOE, en el marco de la causa penal para dirimir si incurrieron en presunta prevaricación al adquirir con fondos públicos una colección de 80 facsímiles de la serie de grabados de Francisco de Goya 'Desastres de la Guerra' que, además, está «desaparecida».
El auto fija la comparecencia en sede judicial de Fernández y Cruz para el 16 de octubre, el mismo día en que deberán acudir a prestar declaración como testigos el secretario del Ayuntamiento de Carboneras y también la bibliotecaria municipal. Para el 13 de septiembre, la juez ha llamado a prestar testimonio al actual alcalde y denunciante, el independiente Salvador Hernández (Gicar).
En su resolución, la magistrada Cristina Martínez interesa, asimismo, que se oficie al secretario para que aporte copia del expediente administrativo por el que el Consistorio carbonero compró en agosto de 2009 la colección y copia de «cuantos deliberaciones o acuerdos sobre ese particular obren en el Ayuntamiento, bien de órganos unipersonales o colegiados y, en particular, del pleno y de la junta de gobierno local».
Las diligencias previas se incoaron tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, que distinguía entre dos hechos a investigar que pasaría, por un lado, por la decisión municipal de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros ya que, en base a lo declarado por la entonces concejal de Cultura, Josefa Cruz, ante la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, esta se debió a una «decisión personal suya inmotivada» y «razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público».
Por otro, el fiscal señalaba la necesidad de investigar la recepción por parte de Cruz Orta de la citada colección y «la desaparición posterior de la misma sin que exista —remarcaba— ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales no se destinara al fin para el cual se adquirió».
El decreto de la Fiscalía parte de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.
El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de «forma casual» al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.
El auto fija la comparecencia en sede judicial de Fernández y Cruz para el 16 de octubre, el mismo día en que deberán acudir a prestar declaración como testigos el secretario del Ayuntamiento de Carboneras y también la bibliotecaria municipal. Para el 13 de septiembre, la juez ha llamado a prestar testimonio al actual alcalde y denunciante, el independiente Salvador Hernández (Gicar).
En su resolución, la magistrada Cristina Martínez interesa, asimismo, que se oficie al secretario para que aporte copia del expediente administrativo por el que el Consistorio carbonero compró en agosto de 2009 la colección y copia de «cuantos deliberaciones o acuerdos sobre ese particular obren en el Ayuntamiento, bien de órganos unipersonales o colegiados y, en particular, del pleno y de la junta de gobierno local».
Las diligencias previas se incoaron tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, que distinguía entre dos hechos a investigar que pasaría, por un lado, por la decisión municipal de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros ya que, en base a lo declarado por la entonces concejal de Cultura, Josefa Cruz, ante la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, esta se debió a una «decisión personal suya inmotivada» y «razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público».
Por otro, el fiscal señalaba la necesidad de investigar la recepción por parte de Cruz Orta de la citada colección y «la desaparición posterior de la misma sin que exista —remarcaba— ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales no se destinara al fin para el cual se adquirió».
El decreto de la Fiscalía parte de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.
El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de «forma casual» al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.
