En concreto, investiga la ejecución de una rotonda con cargo a los planes provinciales de la Diputación por parte de la mercantil Olumafi SL
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| El alcalde de Olula del Río (archivo). |
EUROPA PRESS / 29·05·2017
El Juzgado de Instrucción 1 de Purchena ha abierto causa penal contra el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez (PP), para dirimir si incurrió en delito en su gestión al frente de la Corporación, y ha acordado citarlo a declarar en calidad de investigado por supuestos delitos de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y de tráfico de influencias.
En concreto, el juez indica en su auto, que los hechos denunciados por la Fiscalía Provincial «presentan características que hace presumir la posible existencia de una infracción penal», y resuelve la apertura de tres piezas separadas en el mismo procedimiento «a efectos de claridad procesal y agilidad en la tramitación de la instrucción».
En concreto, investiga, por un lado, la ejecución de una rotonda con cargo a los planes provinciales de la Diputación Provincial de Almería por parte de la mercantil Olumafi SL «con carácter previo —sostiene— a la adjudicación de la obra a la referida mercantil».
En segundo lugar, indaga sobre la celebración de un contrato de arrendamiento por parte del regidor con un particular de un paraje municipal «con dictámenes contrarios a tal actuación tanto del secretario como del interventor municipal».
Por último, el juez acuerda investigar la adjudicación por parte del Ayuntamiento de un contrato de obra para la mejora de eficiencia energética con la mercantil Obras y Servicios Públicos SA (Osepsa) «cuando previamente esta pudo haber intervenido en la elaboración del proyecto o las condiciones técnicas para la adjudicación de la obra" y, además, otras mercantiles "que concurrieron podrían haber sido indebidamente apartadas del mismo».
En esta última pieza separada, el auto, de 20 de marzo aunque notificado a las partes la semana pasada, ordena, además de la declaración de Antonio Martínez, la citación como investigado del primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Almería y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón, «por ser la persona que presuntamente elabora el documento apartando de la adjudicación al resto de empresas licitadoras» en su etapa como miembro del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial.
Entre los investigados figuran, asimismo, el representante legal de Olumafi SL, N.R.G., quien también es citado como testigo en la segunda pieza separada, y la particular con quien el ayuntamiento suscribió el contrato de compraventa, M.D.R.D.
El auto acuerda, por otro lado, que se oficie a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que, aportando el atestado de los expedientes administrativos que se debieron incoar tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, acredite los hechos sucedidos y posibles irregularidades cometidas, y, en su caso, responsables de las mismas; y que se solicite al secretario municipal de Olula del Río copia del expediente administrativo del contrato de arrendamiento, el expediente de adjudicación de la mejora de eficiencia energética y que informe sobre si los reparos que puso a la adjudicación "pudo provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado respecto al resto de empresas licitadoras".
Por último, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Purchena declara el procedimiento, que deriva de una denuncia del grupo municipal del PSOE de Olula del Río ante la Fiscalía Provincial, de especial complejidad, por lo que el plazo de instrucción será de una duración de 18 meses.
En concreto, el juez indica en su auto, que los hechos denunciados por la Fiscalía Provincial «presentan características que hace presumir la posible existencia de una infracción penal», y resuelve la apertura de tres piezas separadas en el mismo procedimiento «a efectos de claridad procesal y agilidad en la tramitación de la instrucción».
En concreto, investiga, por un lado, la ejecución de una rotonda con cargo a los planes provinciales de la Diputación Provincial de Almería por parte de la mercantil Olumafi SL «con carácter previo —sostiene— a la adjudicación de la obra a la referida mercantil».
En segundo lugar, indaga sobre la celebración de un contrato de arrendamiento por parte del regidor con un particular de un paraje municipal «con dictámenes contrarios a tal actuación tanto del secretario como del interventor municipal».
Por último, el juez acuerda investigar la adjudicación por parte del Ayuntamiento de un contrato de obra para la mejora de eficiencia energética con la mercantil Obras y Servicios Públicos SA (Osepsa) «cuando previamente esta pudo haber intervenido en la elaboración del proyecto o las condiciones técnicas para la adjudicación de la obra" y, además, otras mercantiles "que concurrieron podrían haber sido indebidamente apartadas del mismo».
En esta última pieza separada, el auto, de 20 de marzo aunque notificado a las partes la semana pasada, ordena, además de la declaración de Antonio Martínez, la citación como investigado del primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Almería y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón, «por ser la persona que presuntamente elabora el documento apartando de la adjudicación al resto de empresas licitadoras» en su etapa como miembro del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial.
Entre los investigados figuran, asimismo, el representante legal de Olumafi SL, N.R.G., quien también es citado como testigo en la segunda pieza separada, y la particular con quien el ayuntamiento suscribió el contrato de compraventa, M.D.R.D.
El auto acuerda, por otro lado, que se oficie a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que, aportando el atestado de los expedientes administrativos que se debieron incoar tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, acredite los hechos sucedidos y posibles irregularidades cometidas, y, en su caso, responsables de las mismas; y que se solicite al secretario municipal de Olula del Río copia del expediente administrativo del contrato de arrendamiento, el expediente de adjudicación de la mejora de eficiencia energética y que informe sobre si los reparos que puso a la adjudicación "pudo provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado respecto al resto de empresas licitadoras".
Por último, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Purchena declara el procedimiento, que deriva de una denuncia del grupo municipal del PSOE de Olula del Río ante la Fiscalía Provincial, de especial complejidad, por lo que el plazo de instrucción será de una duración de 18 meses.
