El Ministerio Público concluye en su decreto que los hechos denunciados «no tienen relevancia penal, son atípicos» y que, por tanto, «no es posible» iniciar un proceso por esta vía
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| Hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras. |
EUROPA PRESS / 11·05·2017
La Fiscalía ha acordado archivar la denuncia que, contra los dos últimos alcaldes de Carboneras, Cristóbal Fernández (PSOE) y el actual, Salvador Hernández (Gicar), interpuso Greenpeace al estimar que habrían incurrido en presuntos delitos de prevaricación y desobediencia por mantener como suelo urbanizable en la normativa urbanística municipal el paraje de El Algarrobico.
El Ministerio Público concluye en su decreto que los hechos denunciados «no tienen relevancia penal, son atípicos» y que, por tanto, «no es posible» iniciar un proceso por esta vía.
Con respecto al primero de los delitos atribuidos por el colectivo ecologista al exregidor y al actual primer edil, sostiene que la existencia de normativas «discrepantes», en alusión a la municipal, y a la estatal y autonómica, que pueden afectar a una misma situación de hecho «no es algo que tenga la trascendencia jurídica que pretende el denunciante al elevarlo a la categoría de hecho delictivo y valorar como prevaricadora la omisión que supone no modificar el Ayuntamiento" su planeamiento».
Añade que es una situación de «discrepancia» que ya la contempla con carácter general el ordenamiento jurídico, «consciente —remarca— de que esa contradicción suele suceder y no es algo excepcional» y que, para resolverla, ese ordenamiento jurídico establece una serie de reglas «como el de especialidad, el de temporalidad o el de jerarquía».
«En base a este último criterio, de jerarquía, esa posible antinomia entre la norma municipal y la autonómica o estatal de mayor rango jerárquico se resuelve en favor de la aplicación de estas últimas», subraya.
Con relación a la no modificación por parte del Ayuntamiento de su normativa urbanística conforme a las sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS) y del Superior de Andalucía (TSJA) que declaran el paraje sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol como suelo no urbanizable de especial protección, el fiscal señala que no puede apreciar que exista «desobediencia penalmente relevante cuando el tribunal que ha emitido un mandato aún no ha considerado que exista una desobediencia de lo mandado».
En esta línea, explica el Ministerio Público que se trata de un hecho «embrionario» que, al no partir de una resolución judicial de los órganos jurisdiccionales «supuestamente desobedecidos», que «hayan considerado que sus mandatos han sido incumplidos», no tiene «ninguna relevancia penal».
Greenpeace formuló en febrero la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), así como contra su antecesor, el socialista Cristóbal Fernández, por haber «permitido al Ayuntamiento de Carboneras seguir considerando como legal al hotel de El Algarrobico» pese a que se trata de una «construcción ilegal e ilegalizable», lo que suponía para la entidad «una vulneración del derecho a la tutela judicial».
El colectivo consideró que los ediles podrían haber incurrido en hasta cuatro delitos, entre los que figurarían tres de desobediencia y uno prevaricación, ya que el Ayuntamiento de Carboneras mantiene la clasificación de los suelos en los que se asienta el polémico hotel promovido por Azata como «urbanizable» en el PGOU, a pesar de que el TSJA «ha acordado precisamente lo contrario».
El Ministerio Público concluye en su decreto que los hechos denunciados «no tienen relevancia penal, son atípicos» y que, por tanto, «no es posible» iniciar un proceso por esta vía.
Con respecto al primero de los delitos atribuidos por el colectivo ecologista al exregidor y al actual primer edil, sostiene que la existencia de normativas «discrepantes», en alusión a la municipal, y a la estatal y autonómica, que pueden afectar a una misma situación de hecho «no es algo que tenga la trascendencia jurídica que pretende el denunciante al elevarlo a la categoría de hecho delictivo y valorar como prevaricadora la omisión que supone no modificar el Ayuntamiento" su planeamiento».
Añade que es una situación de «discrepancia» que ya la contempla con carácter general el ordenamiento jurídico, «consciente —remarca— de que esa contradicción suele suceder y no es algo excepcional» y que, para resolverla, ese ordenamiento jurídico establece una serie de reglas «como el de especialidad, el de temporalidad o el de jerarquía».
«En base a este último criterio, de jerarquía, esa posible antinomia entre la norma municipal y la autonómica o estatal de mayor rango jerárquico se resuelve en favor de la aplicación de estas últimas», subraya.
Con relación a la no modificación por parte del Ayuntamiento de su normativa urbanística conforme a las sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS) y del Superior de Andalucía (TSJA) que declaran el paraje sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol como suelo no urbanizable de especial protección, el fiscal señala que no puede apreciar que exista «desobediencia penalmente relevante cuando el tribunal que ha emitido un mandato aún no ha considerado que exista una desobediencia de lo mandado».
En esta línea, explica el Ministerio Público que se trata de un hecho «embrionario» que, al no partir de una resolución judicial de los órganos jurisdiccionales «supuestamente desobedecidos», que «hayan considerado que sus mandatos han sido incumplidos», no tiene «ninguna relevancia penal».
Greenpeace formuló en febrero la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), así como contra su antecesor, el socialista Cristóbal Fernández, por haber «permitido al Ayuntamiento de Carboneras seguir considerando como legal al hotel de El Algarrobico» pese a que se trata de una «construcción ilegal e ilegalizable», lo que suponía para la entidad «una vulneración del derecho a la tutela judicial».
El colectivo consideró que los ediles podrían haber incurrido en hasta cuatro delitos, entre los que figurarían tres de desobediencia y uno prevaricación, ya que el Ayuntamiento de Carboneras mantiene la clasificación de los suelos en los que se asienta el polémico hotel promovido por Azata como «urbanizable» en el PGOU, a pesar de que el TSJA «ha acordado precisamente lo contrario».
