El PSOE argumenta que hasta en nueve ocasiones se le instó al primer edil a facilitar el acceso a distintas informaciones, pero siempre recibía respuestas negativas
 |
| Juan Herrera, alcalde de Lucainena de las Torres. |
ALMERÍA HOY / 10·04·2017
El PSOE del Ayuntamiento de Lucainena de las Torres ha pedido la dimisión del alcalde del municipio, Juan Herrera (PP), tras conocer que el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, según un auto de 23 de febrero, le cita el 14 de noviembre en la sala de vistas para iniciar juicio oral contra su persona «por ir contra el ejercicio de los derechos cívicos de los funcionarios». En concreto, se le juzgará por vulnerar el derecho fundamental de información de los concejales de la oposición, según remarcan desde el PSOE.
La vista se produce tras una denuncia de la oposición municipal de Lucainena contra Herrera, quien a lo largo de numerosos ejercicios ha venido «impidiendo de manera sistemática» la labor fiscalizadora del portavoz socialista, Salvador Rivas, al no permitirle el acceso a la información que en su ejercicio fiscalizador como concejal «tiene el derecho y el deber de realizar», defiende el denunciante en su escrito de acusación de febrero de 2016.
Asimismo, argumenta Rivas que hasta en nueve ocasiones anteriores se le instó al primer edil de Lucainena a facilitar el acceso a distintas informaciones, pero siempre recibía respuestas negativas a tal fin.
«Con esta actuación, el alcalde del PP está obviando que el derecho de acceso a la información que asiste a los miembros de la Corporación Municipal alcanza a todos los asuntos que son objeto de actuación municipal», hace constar el concejal socialista en su escrito de acusación. Su defensa solicita al juez cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito contra los derechos cívicos y una pena de inhabilitación por 10 años por delito de prevaricación.
El «boicot» al trabajo del Grupo Socialista ha sido una constante, según traslada Rivas, quien elevará la petición de dimisión del alcalde a la próxima sesión plenaria mediante una moción que ha registrado recientemente.
Dos denuncias
El alcalde de Luicanena de las Torres tiene otra causa pendiente con la Justicia. Desde el PSOE recuerdan que «demás de vulnerar el derecho a la información de la oposición municipal, Juan Herrera tendrá que volver a sentarse en el banquillo cuando el juez señale para dar explicaciones sobre la contratación de su empresa para gestionar las nóminas del personal laboral del Ayuntamiento que dirige el regidor del PP».
El PSOE interpuso una denuncia a principios del pasado año tras conocer la vinculación existente entre el regidor del PP y la empresa Global Tramitación Almería, S.L., encargada de confeccionar las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Lucainena, una labor por la que la mercantil ingresa mensualmente una cantidad cercana a los 100 euros.
De la información que obra en poder del Registro Mercantil, y como ya desveló el Grupo Socialista en su momento, se desprendía entonces que Juan Herrera Segura —que acumula los cargos de alcalde de Lucainena de las Torres, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Interior, vicepresidente del Consorcio del Sector II de Recogida de Basuras, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla y asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Almería, una labor, ésta última, por la que recibe su sueldo— era uno de los apoderados mancomunados de Global Tramitación Almería, S.L, empresa constituida en marzo de 2011 con el objetivo de ofrecer servicios de gestoría administrativo y asesoría fiscal y tributaria. El propio denunciado reconocía el pasado mes de febrero que tanto él como su esposa mantenían acciones en dicha mercantil.
La vista se produce tras una denuncia de la oposición municipal de Lucainena contra Herrera, quien a lo largo de numerosos ejercicios ha venido «impidiendo de manera sistemática» la labor fiscalizadora del portavoz socialista, Salvador Rivas, al no permitirle el acceso a la información que en su ejercicio fiscalizador como concejal «tiene el derecho y el deber de realizar», defiende el denunciante en su escrito de acusación de febrero de 2016.
Asimismo, argumenta Rivas que hasta en nueve ocasiones anteriores se le instó al primer edil de Lucainena a facilitar el acceso a distintas informaciones, pero siempre recibía respuestas negativas a tal fin.
«Con esta actuación, el alcalde del PP está obviando que el derecho de acceso a la información que asiste a los miembros de la Corporación Municipal alcanza a todos los asuntos que son objeto de actuación municipal», hace constar el concejal socialista en su escrito de acusación. Su defensa solicita al juez cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito contra los derechos cívicos y una pena de inhabilitación por 10 años por delito de prevaricación.
El «boicot» al trabajo del Grupo Socialista ha sido una constante, según traslada Rivas, quien elevará la petición de dimisión del alcalde a la próxima sesión plenaria mediante una moción que ha registrado recientemente.
Dos denuncias
El alcalde de Luicanena de las Torres tiene otra causa pendiente con la Justicia. Desde el PSOE recuerdan que «demás de vulnerar el derecho a la información de la oposición municipal, Juan Herrera tendrá que volver a sentarse en el banquillo cuando el juez señale para dar explicaciones sobre la contratación de su empresa para gestionar las nóminas del personal laboral del Ayuntamiento que dirige el regidor del PP».
El PSOE interpuso una denuncia a principios del pasado año tras conocer la vinculación existente entre el regidor del PP y la empresa Global Tramitación Almería, S.L., encargada de confeccionar las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Lucainena, una labor por la que la mercantil ingresa mensualmente una cantidad cercana a los 100 euros.
De la información que obra en poder del Registro Mercantil, y como ya desveló el Grupo Socialista en su momento, se desprendía entonces que Juan Herrera Segura —que acumula los cargos de alcalde de Lucainena de las Torres, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Interior, vicepresidente del Consorcio del Sector II de Recogida de Basuras, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla y asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Almería, una labor, ésta última, por la que recibe su sueldo— era uno de los apoderados mancomunados de Global Tramitación Almería, S.L, empresa constituida en marzo de 2011 con el objetivo de ofrecer servicios de gestoría administrativo y asesoría fiscal y tributaria. El propio denunciado reconocía el pasado mes de febrero que tanto él como su esposa mantenían acciones en dicha mercantil.
