La Junta multará a Fomento por el yacimiento de El Chuche

La sanción, que oscilará entre 100.000 y 250.000 euros, está justificada, según el Gobierno andaluz, porque el Ministerio no solicitó permiso para la obra de la rotonda


Área afectada en el yacimiento arqueológico de Benahadux.

EUROPA PRESS / 07·03·2017

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería ha anunciado que va a abrir un expediente sancionador al Ministerio de Fomento por una supuesta «falta grave», tipificada en la Ley de Patrimonio Histórico, al no haber solicitado la autorización «obligatoria» para realizar la obra que han ejecutado en la carretera nacional 340 a su paso por el municipio de Benahadux, y que habría afectado el yacimiento arqueológico de El Chuche.

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que la actuación en vía, destinada a ampliar una rotonda, se ha realizado «sin autorización alguna», por lo que se va dar inicio a un expediente que podría desembocar en una multa de entre 100.000 y 250.000 euros, según recoge la Ley de Patrimonio de Andalucía de 2007 para las faltas «graves».

Junto con esto, la Junta ha abierto actuaciones previas para determinar «con la mayor precisión posible» los hechos susceptibles de motivar la incoación de este procedimiento sancionador, la identificación de la persona o personas responsables y las circunstancias relevantes sobre estos hechos.

Cabe recordar que el Gobierno autonómico trasladó a la Fiscalía Provincial de Almería los hechos que investiga a partir de informe realizado por los técnicos de Cultura tras una inspección a la zona, en la que se recomendaba una actuación de carácter arqueológico para determinar el nivel de afección del yacimiento.

Entre las actuaciones encaminadas a incoar el expediente se incluye la solicitud por escrito al Ministerio de Fomento de información detallada sobre la actuación que han ejecutado. «Una vez estudiada la respuesta del Ministerio y cumpliendo los plazos legales para proceder a otros requerimientos, la Junta valorará si, tal y como permite la legislación sobre Patrimonio Histórico, le exige a Fomento la redacción y ejecución de un proyecto de intervención arqueológica en la zona para restituir el yacimiento a su estado anterior, un proyecto que debe contar con la aprobación y la supervisión de la Junta», según han precisado.

En relación al yacimiento, declarado BIC en 1999, la asociación Amigos de La Alcazaba registró una denuncia en la Fiscalía ante un posible delito contra la Ley de Patrimonio Histórico por la «destrucción parcial» de la zona arqueológica ante el «el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados», unas obras que «han invadido prácticamente los 1.000 metros cuadrados del yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche», según la asociación.

«Se ha destruido, al menos, una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre, excavada entre 1971 y 1972 por los investigadores Ochotorena, Perceval y Francisco García 'Pituco', cuyos materiales arqueológicos guarda el Museo Arqueológico de Almería», dijeron desde la asociación.

No obstante, el informe preliminar de Cultura apunta que «a simple vista no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida o ha quedado sepultada bajo el terreno», por lo que se recomendaba realizar una excavación que, en caso de que la Junta lo estime oportuno, correría a cargo del Gobierno central.

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Almería, Alfredo Valdivia, ya criticó la obra de Fomento, que actuó «sin pedir permisos ni comunicación a la Delegación de Cultura». «Es inaudito que el Ministerio de Fomento no haga una petición, en cumplimiento de la ley, de permiso a la delegación competente», manifestó. Por su parte, el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, aseguró que la ejecución de obras «no altera para nada» el yacimiento arqueológico, que «era un vertedero incontrolado», puesto que únicamente «se ha cubierto de tierra limpia», toda vez que tachó de «improcedentes» e «inadecuadas» las declaraciones de Valdivia.