El Ministerio Público ha formulado denuncia contra la exedil de Cultura de Carboneras y actual edil en la oposición, Josefa Cruz (PSOE)
 |
| 'Bárbaros', de Goya. |
EUROPA PRESS / 29·03·2017
La Fiscalía ha formulado denuncia contra la exconcejal de Cultura de Carboneras y actual edil en la oposición, Josefa Cruz (PSOE), y ha pedido la apertura de causa penal para determinar si se incurrió en prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la compra por «encargo» suyo de una colección de 80 facsímiles de la serie de grabados de Francisco de Goya 'Desastres de la Guerra' que, además, está «desaparecida».
El decreto del Ministerio Público distingue entre dos hechos a investigar que pasan, por un lado, por la decisión municipal de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros ya que, en base a lo declarado por la concejal ante la Policía Judicial de Garrucha, esta se debió a una «decisión personal suya inmotivada» y «razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público».
Por otro, señala la recepción por parte de Cruz Orta de la citada colección y «la desaparición posterior de la misma sin que exista —remarca— ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales no se destinara al fin para el cual se adquirió».
El decreto de la Fiscalía parte de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.
El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de "forma casual" al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.
El decreto del Ministerio Público distingue entre dos hechos a investigar que pasan, por un lado, por la decisión municipal de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros ya que, en base a lo declarado por la concejal ante la Policía Judicial de Garrucha, esta se debió a una «decisión personal suya inmotivada» y «razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público».
Por otro, señala la recepción por parte de Cruz Orta de la citada colección y «la desaparición posterior de la misma sin que exista —remarca— ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales no se destinara al fin para el cual se adquirió».
El decreto de la Fiscalía parte de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.
El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de "forma casual" al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.
