La juez estima que existen indicios de que el alcalde pudo incurrir en delito en la compraventa de una finca rústica que luego se recalificó a urbanizable
EUROPA PRESS / 08·03·2017
El Juzgado de Instrucción 2 de El Ejido ha acordado que vaya a juicio el alcalde del municipio, Francisco Góngora (PP), al estimar que existen indicios razonables de que pudo incurrir en delito en la compraventa de una finca rústica que luego se recalificó a urbanizable, y en la que participó una sociedad formada por el regidor, su hermano, su padre y un cuarto socio.
En el auto, que fue dictado el pasado día 1 y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora Juana María Gómez, atribuye a Góngora la presunta comisión de dos delitos de falsedad documental y de un delito contra la Hacienda Pública, y da traslado a las partes personadas, entre ellas la Agencia Tributaria (AEAT), para que, en un plazo de diez días, formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
La magistrada acuerda el procesamiento, asimismo, del hermano del alcalde, J.G.G., su padre, G.G., y su socio S.L.P., así como de A.G.M., administrador de la mercantil a la que su sociedad vendió la citada finca rústica por unos hechos que tuvieron lugar entre 2004 y 2007.
Polémica con la dimisión
Desde el PSOE ejidense no han tardado en exigir la dimisión de Góngora como alcalde del municipio. Los socialistas ejidenses consideran que este caso «no es excepcional» y que Góngora «debe renunciar al cargo para evitar que los vecinos vuelvan a ver otra vez a un alcalde sentado en el banquillo», ya que, según han advertido, los estatutos del PP recogen la «dimisión» de los cargos en tales circunstancias.
Por su parte, el alcalde ejidense ha asegurado este miércoles que no se «plantea dimitir por algo que no tiene que ver» con su gestión pública y ha indicado que «aún hay muchas cuestiones trascendentales» que resolver en el marco del proceso penal contra él por presunta falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Ha señalado que no se ha entrado aún en el «fondo de la cuestión», que, a su juicio, es una cuestión «civil» y ha considerado «clave» de cara al desarrollo del procedimiento que se esclarezca «cuando se considera consumada una compraventa y cuando nace un hecho imponible».
Góngora ha remarcado que su procesamiento «no cuestiona en ningún momento ni pone en tela de juicio nada que tenga que ver» su actividad pública «ni pasada ni presente» y que, por tanto, los hechos que se le atribuyen en calidad de presunto cooperador necesario «nada tienen que ver» con su gestión al frente del Ayuntamiento ejidense sino con su condición de «socio de una sociedad en la que no tengo poder de representación y con una presunta irregularidad fiscal».
En el auto, que fue dictado el pasado día 1 y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora Juana María Gómez, atribuye a Góngora la presunta comisión de dos delitos de falsedad documental y de un delito contra la Hacienda Pública, y da traslado a las partes personadas, entre ellas la Agencia Tributaria (AEAT), para que, en un plazo de diez días, formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
La magistrada acuerda el procesamiento, asimismo, del hermano del alcalde, J.G.G., su padre, G.G., y su socio S.L.P., así como de A.G.M., administrador de la mercantil a la que su sociedad vendió la citada finca rústica por unos hechos que tuvieron lugar entre 2004 y 2007.
Polémica con la dimisión
Desde el PSOE ejidense no han tardado en exigir la dimisión de Góngora como alcalde del municipio. Los socialistas ejidenses consideran que este caso «no es excepcional» y que Góngora «debe renunciar al cargo para evitar que los vecinos vuelvan a ver otra vez a un alcalde sentado en el banquillo», ya que, según han advertido, los estatutos del PP recogen la «dimisión» de los cargos en tales circunstancias.
Por su parte, el alcalde ejidense ha asegurado este miércoles que no se «plantea dimitir por algo que no tiene que ver» con su gestión pública y ha indicado que «aún hay muchas cuestiones trascendentales» que resolver en el marco del proceso penal contra él por presunta falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Ha señalado que no se ha entrado aún en el «fondo de la cuestión», que, a su juicio, es una cuestión «civil» y ha considerado «clave» de cara al desarrollo del procedimiento que se esclarezca «cuando se considera consumada una compraventa y cuando nace un hecho imponible».
Góngora ha remarcado que su procesamiento «no cuestiona en ningún momento ni pone en tela de juicio nada que tenga que ver» su actividad pública «ni pasada ni presente» y que, por tanto, los hechos que se le atribuyen en calidad de presunto cooperador necesario «nada tienen que ver» con su gestión al frente del Ayuntamiento ejidense sino con su condición de «socio de una sociedad en la que no tengo poder de representación y con una presunta irregularidad fiscal».
