La querella, presentada en marzo de 2016, solicita que se investigue si el regidor habría incurrido en los delitos de prevaricación administrativa
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| Juan Herrera, alcalde de Lucainena de las Torres. |
EUROPA PRESS / 12·02·2017
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha citado a declarar como querellado al alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera (PP), en el marco de la investigación abierta para determinar si el primer edil habría contratado a una empresa en la que él mismo figura como apoderado mancomunado para que elaborara las nóminas de los trabajadores municipales.
Según la providencia, el juez Rafael Soriano interesa la declaración del primer edil tras el estudio de la documentación remitida por el secretario-interventor del Ayuntamiento ante la querella interpuesta por el portavoz del grupo municipal del PSOE, Salvador Rivas, con lo que deberá comparecer el próximo martes a las 10,00 horas en la Ciudad de la Justicia de la capital.
La querella, presentada en marzo del pasado año, solicita que se investigue si el alcalde lucainense habría incurrido en los delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos después de que contratara el servicio de elaboración de nóminas a la empresa 'Global Tramitation Almería', en la que figuraba como apoderado en el momento de la denuncia.
En este sentido, el Ayuntamiento habría contratado desde 2007 en adelante no solo el servicio de nóminas sino también el de asesoría fiscal y laboral a la mencionada mercantil, si bien Herrera ostenta la presidencia de la Alcaldía desde junio de 2011, tres meses después de que ocupara el puesto de apoderado en la mencionada empresa, según los datos aportados por el querellante. No obstante, el servicio se habría renovado anualmente a través de diferentes prórrogas y con revisión de precios.
Con ello, Rivas considera que el alcalde ha actuado pese a la situación de «irregularidad» que se da al contratar como primer edil servicios para el Ayuntamiento con una empresa a la que pertenece como consecuencia de su «arbitrariedad» a la hora de «adjudicar los contratos sin respetar los límites económicos ni los procedimientos a seguir establecidos», según ha apuntado en su querella.
En la misma línea, apunta que la Ley de Contratos del Sector Público establece la «prohibición» a los cargos electos de contratar con el Consistorio, lo que, según entiende el querellante, se habría vulnerado por el regidor mediante sus resoluciones. «El alcalde de Lucainena de las Torres realiza las aprobaciones de los gastos, firma los mandamientos de pago y efectúa los pagos», añade.
Según la providencia, el juez Rafael Soriano interesa la declaración del primer edil tras el estudio de la documentación remitida por el secretario-interventor del Ayuntamiento ante la querella interpuesta por el portavoz del grupo municipal del PSOE, Salvador Rivas, con lo que deberá comparecer el próximo martes a las 10,00 horas en la Ciudad de la Justicia de la capital.
La querella, presentada en marzo del pasado año, solicita que se investigue si el alcalde lucainense habría incurrido en los delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos después de que contratara el servicio de elaboración de nóminas a la empresa 'Global Tramitation Almería', en la que figuraba como apoderado en el momento de la denuncia.
En este sentido, el Ayuntamiento habría contratado desde 2007 en adelante no solo el servicio de nóminas sino también el de asesoría fiscal y laboral a la mencionada mercantil, si bien Herrera ostenta la presidencia de la Alcaldía desde junio de 2011, tres meses después de que ocupara el puesto de apoderado en la mencionada empresa, según los datos aportados por el querellante. No obstante, el servicio se habría renovado anualmente a través de diferentes prórrogas y con revisión de precios.
Con ello, Rivas considera que el alcalde ha actuado pese a la situación de «irregularidad» que se da al contratar como primer edil servicios para el Ayuntamiento con una empresa a la que pertenece como consecuencia de su «arbitrariedad» a la hora de «adjudicar los contratos sin respetar los límites económicos ni los procedimientos a seguir establecidos», según ha apuntado en su querella.
En la misma línea, apunta que la Ley de Contratos del Sector Público establece la «prohibición» a los cargos electos de contratar con el Consistorio, lo que, según entiende el querellante, se habría vulnerado por el regidor mediante sus resoluciones. «El alcalde de Lucainena de las Torres realiza las aprobaciones de los gastos, firma los mandamientos de pago y efectúa los pagos», añade.
