Sobre la Ley de Emergencias del año 2002, los parlamentarios populares aseguran que «todavía no existe su desarrollo normativo y reglamentario»
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| Imagen de archivo del parque de Bomberos del Poniente almeriense. |
ALMERÍA HOY / 21·02·2017
Los parlamentarios andaluces del PP de Almería Pablo Venzal, Aránzazu Martín y Amós García, han mantenido una reunión con los bomberos del Poniente en la que este colectivo les ha trasladado su «preocupación» después de que hayan pasado 15 años desde que se aprobó la Ley de Emergencias del año 2002 «y todavía no existe su desarrollo normativo y reglamentario».
Según trasladan desde el PP, existe un compromiso de los parlamentarios populares para llevar el asunto al Parlamento e interpelar al consejero de Gobernación «para que, de manera urgente, se lleve a cabo lo que la Ley obliga sobre esta materia, que afecta a derechos de los empleados públicos como es el de su titulación y capacitación, reconocimiento profesional, la formación continua y demás asuntos que prevé la ley que, en definitiva, suponen una dejación de funciones por parte del Gobierno andaluz, ya que se trata de servicios esenciales a la ciudadanía reservados por obra de la ley y que reiteradamente desde hace más de 15 años de la aprobación de la misma no viene dando cumplimiento la Junta de Andalucía».
El parlamentario del PP ha recordado igualmente que la portavoz andaluza en la materia, Rosalía Espinosa, lleva tiempo trabajando en este asunto y que el compromiso del Partido Popular desde la oposición será «si el Consejo de Gobierno no actúa plantear las iniciativas legislativas que correspondan, y si fuese necesario, presentar un reglamento en el caso de que la Junta no lo haga».
Para Pablo Venzal, todo esto supone una «inseguridad jurídica» para los empleados públicos y una falta de apuesta por un sector del que lamentablemente sólo se acuerdan cuando hay emergencias y problemas para los ciudadanos.
Deficiencias en el servicio
Cabe recordar que, en junio de 2016, los bomberos del Poniente almeriense cargaban contra la administración pública —la Diputación Provincial gobernada por el popular Gabriel Amat— responsable de la gestión del parque, a la que echaban en cara problemas como los tiempos de respuesta en lugares como las localidades de Bayárcal o Alboloduy. Y es que, además del Poniente, estos bomberos también realizan servicios en la Alpujarra.
Asimismo y según denunciaban entonces, ha disminuido la ratio de bombero por habitante —el crecimiento demográfico de la comarca del Poniente es el más fuerte de la provincia—, por lo que «la situación ha empeorado», según trasladaban el presidente de la junta de personal del consorcio, Alejandro Raymond, quien ha señalado que con los cambios normativos la ratio se sitúa en un bombero por cada 5.000 habitantes, mientras que la media de España es de un bombero por cada 1.600 habitantes.
«No somos operativos», apostillaba Raymond recordando que una respuesta rápida es importante para atender la evolución de un incendio. Así, destaca también la situación en municipios como Roquetas de Mar, donde con una población superior a los 100.000 habitantes en verano, hay «muchos siniestros» que se atienden con «tiempos de respuesta muy malos debido a las malas comunicaciones».
Según trasladan desde el PP, existe un compromiso de los parlamentarios populares para llevar el asunto al Parlamento e interpelar al consejero de Gobernación «para que, de manera urgente, se lleve a cabo lo que la Ley obliga sobre esta materia, que afecta a derechos de los empleados públicos como es el de su titulación y capacitación, reconocimiento profesional, la formación continua y demás asuntos que prevé la ley que, en definitiva, suponen una dejación de funciones por parte del Gobierno andaluz, ya que se trata de servicios esenciales a la ciudadanía reservados por obra de la ley y que reiteradamente desde hace más de 15 años de la aprobación de la misma no viene dando cumplimiento la Junta de Andalucía».
El parlamentario del PP ha recordado igualmente que la portavoz andaluza en la materia, Rosalía Espinosa, lleva tiempo trabajando en este asunto y que el compromiso del Partido Popular desde la oposición será «si el Consejo de Gobierno no actúa plantear las iniciativas legislativas que correspondan, y si fuese necesario, presentar un reglamento en el caso de que la Junta no lo haga».
Para Pablo Venzal, todo esto supone una «inseguridad jurídica» para los empleados públicos y una falta de apuesta por un sector del que lamentablemente sólo se acuerdan cuando hay emergencias y problemas para los ciudadanos.
Deficiencias en el servicio
Cabe recordar que, en junio de 2016, los bomberos del Poniente almeriense cargaban contra la administración pública —la Diputación Provincial gobernada por el popular Gabriel Amat— responsable de la gestión del parque, a la que echaban en cara problemas como los tiempos de respuesta en lugares como las localidades de Bayárcal o Alboloduy. Y es que, además del Poniente, estos bomberos también realizan servicios en la Alpujarra.
Asimismo y según denunciaban entonces, ha disminuido la ratio de bombero por habitante —el crecimiento demográfico de la comarca del Poniente es el más fuerte de la provincia—, por lo que «la situación ha empeorado», según trasladaban el presidente de la junta de personal del consorcio, Alejandro Raymond, quien ha señalado que con los cambios normativos la ratio se sitúa en un bombero por cada 5.000 habitantes, mientras que la media de España es de un bombero por cada 1.600 habitantes.
«No somos operativos», apostillaba Raymond recordando que una respuesta rápida es importante para atender la evolución de un incendio. Así, destaca también la situación en municipios como Roquetas de Mar, donde con una población superior a los 100.000 habitantes en verano, hay «muchos siniestros» que se atienden con «tiempos de respuesta muy malos debido a las malas comunicaciones».
