Según la Fiscalía, esa vivienda iba a ser adquirida por la cuñada de uno de los concejales socialistas que también está acusada en el procedimiento judicial
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| Imagen de archivo de un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Arboleas. |
EUROPA PRESS / 20·12·2016
Los exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Arboleas, Antonio Gallegos, Ángel García y Ginés García, acuden este martes a juicio por varios delitos de prevaricación al considerar que bajo su mandato en 2008 otorgaron una licencia de obras y otra de ocupación para una vivienda construida en suelo no urbanizable, y que tenía intención de adquirir la cuñada de unos de ellos, también acusada en el procedimiento.
En la vista, prevista en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, el fiscal tiene previsto pedir penas de prisión tanto para los exediles como para la acusada, reconocida como M.U.G., quien de acuerdo con el escrito del Ministerio Público alquiló una vivienda ubicada en suelo no urbanizable con el propósito de adquirirla una vez contara con una licencia de obras que le permitiera legalizarla, con lo que en febrero de 2008 presentó en el Consistorio un proyecto para ampliar la casa de 59 metros cuadrados en 25 metros cuadrados más.
La acusación fiscal señala que tres días después el Ayuntamiento aprobó en junta de gobierno la licencia de obras con el voto de Antonio Gallegos, «quien no se abstuvo pese a que la solicitante de la licencia era hermana de su pareja sentimental», y de Ángel García, pese a «tener conocimiento» ambos de que el suelo era no urbanizable y que el procedimiento carecía de informe jurídico. Para ellos, el fiscal solicita dos años y medio de prisión.
Previamente, el arquitecto técnico del Ayuntamiento identificado como A.G.R., para el que también se piden dos años y seis meses de prisión, «emitió un informe técnico favorable» en el que afirmaba «mendazmente» que la vivienda se encontraba en suelo urbano.
En esta línea, una persona «que no ha podido ser identificada» pero con acceso a los planos y documentos del Ayuntamiento habría confeccionado un plano de Arboleas «alterando el documento original», con lo que «la única modificación» realizada incluiría la vivienda en la zona en la que se asentaba la casa dentro del suelo urbano.
El fiscal también interesa dos años y medio de prisión para el secretario municipal F.G.B., ya que aunque «tenía la obligación» de emitir un informe jurídico «desfavorable» dado que la licencia «era contraria a la legalidad», «dejó voluntariamente de emitirlo» y asistió a la junta de gobierno «sin formular objeción alguna».
El Ministerio Público considera que se siguió un procedimiento en términos similares cuando meses después, la interesada en la vivienda pidió una licencia de ocupación que tampoco procedía, que le fue concedida también con el voto favorable en junta de gobierno por los dos ediles anteriores y el concejal Ginés García, para quien la acusación fiscal pide un año y tres meses de cárcel.
Una vez que M.U.G. contó con todos los permisos, procedió a escriturar la vivienda y realizar una ampliación de la misma, sentido en el que el Ministerio Público, que reclama también cuantiosas multas económicas, interesa también la demolición de la parte edificada a partir de julio de 2008.
Cabe recordar que Ángel García, en condición de teniente de alcalde, fue inhabilitado durante cuatro años por el Tribunal Supremo para cargo público por «poner en marcha» un expediente administrativo para que salieran a subasta dos solares municipales que tenía interés en adquirir ya que residía en la parcela colindante y pretendía construir una piscina y una caseta, así como cercar la nueva propiedad con un muro; hechos por los que también ratificó penas de ocho años de inhabilitación para Antonio Jesús Gallegos y Ginés García.
En la vista, prevista en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, el fiscal tiene previsto pedir penas de prisión tanto para los exediles como para la acusada, reconocida como M.U.G., quien de acuerdo con el escrito del Ministerio Público alquiló una vivienda ubicada en suelo no urbanizable con el propósito de adquirirla una vez contara con una licencia de obras que le permitiera legalizarla, con lo que en febrero de 2008 presentó en el Consistorio un proyecto para ampliar la casa de 59 metros cuadrados en 25 metros cuadrados más.
La acusación fiscal señala que tres días después el Ayuntamiento aprobó en junta de gobierno la licencia de obras con el voto de Antonio Gallegos, «quien no se abstuvo pese a que la solicitante de la licencia era hermana de su pareja sentimental», y de Ángel García, pese a «tener conocimiento» ambos de que el suelo era no urbanizable y que el procedimiento carecía de informe jurídico. Para ellos, el fiscal solicita dos años y medio de prisión.
Previamente, el arquitecto técnico del Ayuntamiento identificado como A.G.R., para el que también se piden dos años y seis meses de prisión, «emitió un informe técnico favorable» en el que afirmaba «mendazmente» que la vivienda se encontraba en suelo urbano.
En esta línea, una persona «que no ha podido ser identificada» pero con acceso a los planos y documentos del Ayuntamiento habría confeccionado un plano de Arboleas «alterando el documento original», con lo que «la única modificación» realizada incluiría la vivienda en la zona en la que se asentaba la casa dentro del suelo urbano.
El fiscal también interesa dos años y medio de prisión para el secretario municipal F.G.B., ya que aunque «tenía la obligación» de emitir un informe jurídico «desfavorable» dado que la licencia «era contraria a la legalidad», «dejó voluntariamente de emitirlo» y asistió a la junta de gobierno «sin formular objeción alguna».
El Ministerio Público considera que se siguió un procedimiento en términos similares cuando meses después, la interesada en la vivienda pidió una licencia de ocupación que tampoco procedía, que le fue concedida también con el voto favorable en junta de gobierno por los dos ediles anteriores y el concejal Ginés García, para quien la acusación fiscal pide un año y tres meses de cárcel.
Una vez que M.U.G. contó con todos los permisos, procedió a escriturar la vivienda y realizar una ampliación de la misma, sentido en el que el Ministerio Público, que reclama también cuantiosas multas económicas, interesa también la demolición de la parte edificada a partir de julio de 2008.
Cabe recordar que Ángel García, en condición de teniente de alcalde, fue inhabilitado durante cuatro años por el Tribunal Supremo para cargo público por «poner en marcha» un expediente administrativo para que salieran a subasta dos solares municipales que tenía interés en adquirir ya que residía en la parcela colindante y pretendía construir una piscina y una caseta, así como cercar la nueva propiedad con un muro; hechos por los que también ratificó penas de ocho años de inhabilitación para Antonio Jesús Gallegos y Ginés García.
