Incluso para el más elocuente economista supondría un reto enumerar el catálogo de disparates económicos contenido en las 81 páginas del anteproyecto de ley
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| El control político de los precios cuenta con numerosos y preocupantes precedentes. |
J. COLUMELA / 17·10·2016
Estimado agricultor: Sepa que muy pronto puede ver su cosecha expropiada. No otra cosa es lo que va a suceder si la nueva Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía se aprueba tal y como está redactada en su recientemente publicado documento de anteproyecto.
Ya la propia exposición de motivos, escrita en un cursi y arrogante politiqués que rezuma intervencionismo, nos advierte textualmente de lo que viene: «[…] búsqueda de una remuneración equitativa para todos los factores productivos implicados, con subordinación al interés general y acorde con el respeto al medio ambiente, de lo que se derivan a lo largo del articulado de la ley importantes consecuencias».
Se trata de la medida más llamativa y que mayor impacto económico directo podría tener en el sector: la ley prohíbe «La adquisición de productos agrarios perecederos a un precio inferior al de su coste de producción, debido a una posición dominante de la empresa comercializadora sobre el mercado». Por supuesto, el gobierno de la Junta de Andalucía, desde las alturas de su torre de marfil, no cae en la cuenta de que eso es justo lo que se dispone a hacer: ¡alterar los precios abusando de su posición dominante sobre la sociedad!
Esta medida, que a primera vista podría parecernos justa y deseable, contiene en realidad un peligroso ingrediente de intenso aroma dictatorial: el control directo de los precios. Para hacer más evidente lo nefasto de semejante disposición, intentaré hacer una por otro lado siempre aventurada traducción, libre eso sí, del politiqués al idioma del mercado: Prohibir a las cadenas comercializadoras comprar por debajo de coste del agricultor supone necesariamente prohibir al agricultor vender su producción por debajo de cierto precio fijado por el político. La administración cree poder conocer cuáles son los costes del agricultor y que estos serán los mismos para todas las explotaciones. Y se equivoca, claro está. No obliga, solo faltaba, a las cadenas a comprar a un precio más alto, ni establece una alternativa para el agricultor que no consiga vender a ese precio, al mismo tiempo que en otros apartados la ley también sugiere que se obligará a los operadores a donar los excedentes no vendidos, con prioridad para el uso humano. El resultado no es difícil de imaginar...
Para colmo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hace gala de una pésima memoria o, más probablemente, de una imperdonable ignorancia de la realidad regulatoria de la que venimos —quizá porque están recién llegados al poder—. Los precios de intervención fueron eliminados de la legislación comunitaria por los incentivos perversos que generaban, siendo sustituidos por ayudas directas condicionadas, no menos perversas, pero menos disruptivas del proceso de mercado. La Junta de Andalucía parece que quisiera establecer un nuevo modelo aún peor: algo así como el 'precio de donación'.
Incluso para el más elocuente economista supondría un reto enumerar el catálogo de disparates económicos contenido en las 81 páginas del anteproyecto de ley. Y no se trata de errores menores señalados por un académico puntilloso, sino de todo lo contrario: disposiciones completas que se basan en una concepción errónea del funcionamiento de la economía, y que detectaría al vuelo un alumno de primer curso de Económicas. El impacto de semejante despropósito podría medirse en miles de millones de euros y decenas de miles de empleos, ocasionando graves interferencias en el funcionamiento de los mercados, especialmente de aquellos más complejos y dinámicos, como el del campo almeriense.
El Gobierno andaluz, no satisfecho con la ampliación de poderes que los propios preceptos de tan bolivariana ley le otorgan sobre el sector, pretende garantizar la satisfacción de su apetito intervencionista más allá del simple y llano cumplimiento de los mismos, para lo que se reserva un amplísimo margen de discrecionalidad en su aplicación, inspección y régimen sancionador. Entre otras medidas, y para que nos quede claro que conoce de antemano el rechazo que suscitará la ley, prevé sanciones administrativas para aquellos que amenacen o agredan al inspector de la cosa —siempre y cuando no se trate de infracción penal, supongo que se referirán a chillarle—. Para rematar, el texto inviste a los inspectores de la condición de agentes de la autoridad, de modo que mucho ojo con toserle a los mandados de la todopoderosa Junta de Andalucía.
Si la ley se aprueba tal cual está redactada, en el mejor de los casos el Gobierno andaluz tendrá que desistir en su ánimo de perseguir el incumplimiento de la misma en sus puntos más conflictivos, mientras que en el peor se obcecará en ello causando gravísimos perjuicios tanto a productores como a mayoristas y consumidores; pero siempre, en cualquiera de los dos supuestos, nos habrá dejado un texto que habilitaría en el futuro a cualquier gobierno desaprensivo a expropiar cosechas y clausurar explotaciones por 5 años, otra medida sancionadora contemplada textualmente en esta ley.
Vea el dosier informativo presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, no tiene desperdicio.
Ya la propia exposición de motivos, escrita en un cursi y arrogante politiqués que rezuma intervencionismo, nos advierte textualmente de lo que viene: «[…] búsqueda de una remuneración equitativa para todos los factores productivos implicados, con subordinación al interés general y acorde con el respeto al medio ambiente, de lo que se derivan a lo largo del articulado de la ley importantes consecuencias».
Se trata de la medida más llamativa y que mayor impacto económico directo podría tener en el sector: la ley prohíbe «La adquisición de productos agrarios perecederos a un precio inferior al de su coste de producción, debido a una posición dominante de la empresa comercializadora sobre el mercado». Por supuesto, el gobierno de la Junta de Andalucía, desde las alturas de su torre de marfil, no cae en la cuenta de que eso es justo lo que se dispone a hacer: ¡alterar los precios abusando de su posición dominante sobre la sociedad!
Esta medida, que a primera vista podría parecernos justa y deseable, contiene en realidad un peligroso ingrediente de intenso aroma dictatorial: el control directo de los precios. Para hacer más evidente lo nefasto de semejante disposición, intentaré hacer una por otro lado siempre aventurada traducción, libre eso sí, del politiqués al idioma del mercado: Prohibir a las cadenas comercializadoras comprar por debajo de coste del agricultor supone necesariamente prohibir al agricultor vender su producción por debajo de cierto precio fijado por el político. La administración cree poder conocer cuáles son los costes del agricultor y que estos serán los mismos para todas las explotaciones. Y se equivoca, claro está. No obliga, solo faltaba, a las cadenas a comprar a un precio más alto, ni establece una alternativa para el agricultor que no consiga vender a ese precio, al mismo tiempo que en otros apartados la ley también sugiere que se obligará a los operadores a donar los excedentes no vendidos, con prioridad para el uso humano. El resultado no es difícil de imaginar...
Para colmo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hace gala de una pésima memoria o, más probablemente, de una imperdonable ignorancia de la realidad regulatoria de la que venimos —quizá porque están recién llegados al poder—. Los precios de intervención fueron eliminados de la legislación comunitaria por los incentivos perversos que generaban, siendo sustituidos por ayudas directas condicionadas, no menos perversas, pero menos disruptivas del proceso de mercado. La Junta de Andalucía parece que quisiera establecer un nuevo modelo aún peor: algo así como el 'precio de donación'.
Incluso para el más elocuente economista supondría un reto enumerar el catálogo de disparates económicos contenido en las 81 páginas del anteproyecto de ley. Y no se trata de errores menores señalados por un académico puntilloso, sino de todo lo contrario: disposiciones completas que se basan en una concepción errónea del funcionamiento de la economía, y que detectaría al vuelo un alumno de primer curso de Económicas. El impacto de semejante despropósito podría medirse en miles de millones de euros y decenas de miles de empleos, ocasionando graves interferencias en el funcionamiento de los mercados, especialmente de aquellos más complejos y dinámicos, como el del campo almeriense.
El Gobierno andaluz, no satisfecho con la ampliación de poderes que los propios preceptos de tan bolivariana ley le otorgan sobre el sector, pretende garantizar la satisfacción de su apetito intervencionista más allá del simple y llano cumplimiento de los mismos, para lo que se reserva un amplísimo margen de discrecionalidad en su aplicación, inspección y régimen sancionador. Entre otras medidas, y para que nos quede claro que conoce de antemano el rechazo que suscitará la ley, prevé sanciones administrativas para aquellos que amenacen o agredan al inspector de la cosa —siempre y cuando no se trate de infracción penal, supongo que se referirán a chillarle—. Para rematar, el texto inviste a los inspectores de la condición de agentes de la autoridad, de modo que mucho ojo con toserle a los mandados de la todopoderosa Junta de Andalucía.
Si la ley se aprueba tal cual está redactada, en el mejor de los casos el Gobierno andaluz tendrá que desistir en su ánimo de perseguir el incumplimiento de la misma en sus puntos más conflictivos, mientras que en el peor se obcecará en ello causando gravísimos perjuicios tanto a productores como a mayoristas y consumidores; pero siempre, en cualquiera de los dos supuestos, nos habrá dejado un texto que habilitaría en el futuro a cualquier gobierno desaprensivo a expropiar cosechas y clausurar explotaciones por 5 años, otra medida sancionadora contemplada textualmente en esta ley.
Vea el dosier informativo presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, no tiene desperdicio.
