El detonante de la supuesta agresión habrían sido las publicaciones en Facebook de la víctima sobre su presunto agresor
EUROPA PRESS / 29·09·2016
Un juez ha ordenado la continuación de la causa por trámites de procedimiento abreviado contra el concejal del PP del municipio de María José Javier Díaz así como contra su madre, ambos investigados por un presunto delito de atentado contra la autoridad y otro de amenazas, respectivamente, después de que supuestamente amedrentaran y agredieran a un edil del PSOE del mismo municipio, Crescencio Reverte.
El auto dictado la pasada semana por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Rubio, sobre el que cabe recurso, da traslado a las partes personadas en la causa para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación o interesen el sobreseimiento de las actuaciones así como, en su caso, diligencias complementarias.
La investigación penal se inició tras la denuncia presentada por el edil socialista, quien señaló que el pasado 18 de junio se encontró con la madre del concejal del PP cuando esta salía de hacer la compra, momento en el que la denunciada le «pidió explicaciones» de «por qué no dejaba en paz a su hijo y dejaba de publicarle en Facebook».
En esta línea, según recoge el auto, y «con conocimiento de la condición de concejal» de Reverte le expresó al mismo que «le iba a pegar dos hostias». Ese mismo día más tarde, el denunciante se encontró con el edil popular quien le dijo que «si de le debía algo se lo pagaba» y «que dejara de sacarlo en Facebook».
Así, acto seguido el denunciado, «en presencia de las hijas menores» del denunciante, acometió contra el concejal socialista «dándole un puñetazo entre el hombro y el pecho», lo que le provocó unas lesiones que tardaron «tres días en curar», según se desprende de las diligencias de investigación y del testimonio tomado en sede judicial a los implicados.
El juez instructor considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de un delito de amenazas por parte de la madre del concejal de PP recogido en el artículo 169 del Código Penal, así como de un delito de atentado contra la autoridad supuestamente cometido por Díaz, tipificado en el artículo 550 y afectado en la reforma del Código Penal, por el que se prevén penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.
El auto dictado la pasada semana por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Rubio, sobre el que cabe recurso, da traslado a las partes personadas en la causa para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación o interesen el sobreseimiento de las actuaciones así como, en su caso, diligencias complementarias.
La investigación penal se inició tras la denuncia presentada por el edil socialista, quien señaló que el pasado 18 de junio se encontró con la madre del concejal del PP cuando esta salía de hacer la compra, momento en el que la denunciada le «pidió explicaciones» de «por qué no dejaba en paz a su hijo y dejaba de publicarle en Facebook».
En esta línea, según recoge el auto, y «con conocimiento de la condición de concejal» de Reverte le expresó al mismo que «le iba a pegar dos hostias». Ese mismo día más tarde, el denunciante se encontró con el edil popular quien le dijo que «si de le debía algo se lo pagaba» y «que dejara de sacarlo en Facebook».
Así, acto seguido el denunciado, «en presencia de las hijas menores» del denunciante, acometió contra el concejal socialista «dándole un puñetazo entre el hombro y el pecho», lo que le provocó unas lesiones que tardaron «tres días en curar», según se desprende de las diligencias de investigación y del testimonio tomado en sede judicial a los implicados.
El juez instructor considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de un delito de amenazas por parte de la madre del concejal de PP recogido en el artículo 169 del Código Penal, así como de un delito de atentado contra la autoridad supuestamente cometido por Díaz, tipificado en el artículo 550 y afectado en la reforma del Código Penal, por el que se prevén penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.
