La supuesta arbitrariedad del Ayuntamiento en su trato a los locales de ocio nocturno debate a sus propietarios entre la protesta estéril y el miedo a las represalias
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| Imagen de archivo. |
DIEGO JEREZ / 27·08·2016
«Déjame tranquilo, que no quiero historias», responde uno de los afectados en un tono hosco no exento de resignación. Los hay aún más escuetos: «No sé nada de eso». Y más recelosos: «¿Quién te ha dado mi nombre?».
«Pero no me menciones, que me complicas la vida, ¿eh?», repite varias veces durante la conversación el propietario de un local de copas que accede finalmente a hablar conmigo.
Y es que la supuesta arbitrariedad del Consistorio en su trato a los hosteleros parece estar colmando la paciencia de los empresarios del sector en la turística localidad de Mojácar, tan conocida por la bulliciosidad de su vida nocturna como por lo variopinto de sus ordenanzas municipales.
La situación es especialmente tensa entre quienes se dedican al ocio nocturno, y dentro de ellos, entre quienes tienen establecimientos en el casco urbano —como otros municipios costeros, Mojácar se encuentra dividida en dos grandes zonas diferenciadas: el pueblo y la playa—, donde numerosos locales se han visto obligados a cerrar o a cambiar de actividad en los últimos años.
Con todo, ninguno de ellos se muestra dispuesto a hablar públicamente por temor, aseguran, a las posibles represalias del Ayuntamiento. «Vivimos del verano, y esta gente puede echar a la ruina a cualquiera que se les atraviese, no tienen más que azuzarle a los municipales con un taco de normativas en una mano y la cinta de precinto en la otra. Hay a quienes les han amargado el verano con el medidor de decibelios, precintándoles el equipo de música cuando tenían el local a reventar; a otros les han precintado directamente el garito antes de un día de fiesta, y hay incluso una persona que tuvo que llevarse su negocio a otro pueblo porque no la dejaban vivir», explica uno de los damnificados para justificar su silencio. «Pero no les hace falta llegar a esos extremos —continúa—, con ponerse cabrones con el horario de cierre ya pueden hacerte perder muchísimo dinero».
La responsable de este ambiente macartista sería la popular Rosa María Cano, una política temperamental que lleva más de una década encadenando victorias electorales entre acusaciones de compra de votos, fraude en el voto por correo, y empadronamientos irregulares —ninguna de ellas probada judicialmente, cabe señalar—.
El último episodio de esta supuesta serie de abusos habría sido la prohibición de la música en vivo durante las fiestas patronales, que comienzan este fin de semana. «Cuando haya actividades municipales en la plaza, no puede celebrarse ninguna otra de carácter privado en el pueblo. Es todo lo que me han dicho», denuncia otro propietario. «¿Ordenanza? No hay ninguna al respecto, que yo sepa. Tampoco te comunican nada por escrito, el concejal se pasa por aquí y te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. Es así de simple», apostilla.
«A mí no me afecta porque no había preparado nada para estos días —comenta otro hostelero—, pero estas cosas no pasan sólo en feria: cada vez que quieres organizar lo que sea, pero lo que sea, de verdad, hasta traer a un músico con su guitarra, tienes que pedirles permiso. Normalmente no te ponen muchos problemas, pero si les sale de las narices pueden hacerte cancelarlo en cualquier momento. A alguno se le ha presentado el concejal a última hora y le ha dicho "Oye, que hasta las doce". ¿Sabes lo que es eso? ¡Pero si a las doce es cuando empieza a salir la gente de sus casas! ¡Hay gente cenando en los restaurantes a esa hora! Imagina que has estado promocionando la actuación durante días, que te has comprometido con los músicos, y te llega el concejal y te dice que tiene que terminar a la hora en la que debería empezar. Es una putada, no tiene otro nombre».
«Creo que es sólo para las actuaciones en terrazas», apunta otro propietario al hablar de la prohibición de conciertos durante la feria, «pero es una gilipollez, este tipo de actuaciones suelen ser bastante sencillas, de un par de músicos, por lo general, cuando no sea de uno solo, y tampoco son particularmente ruidosas o molestas, más bien al contrario, sobre todo si las comparamos con el jaleo que arman las orquestas de la plaza, claro que a esas no va a ir nadie a medirle los decibelios».
«Hay alguna gente bastante cabreada, pero como siempre: pataleos de barra de bar y críticas por lo bajini… y luego son los primeros en lamerle el culo a la alcaldesa cuando hace falta. Es una pena, pero hay entender que uno monta un negocio para ganarse la vida, si además es capaz de crear algunos puestos de trabajo y ayuda a que otros se la ganen, ya tiene cubierto el cupo de heroísmo, más en estos tiempos», concluye.
También hay, como es natural, quien defiende la decisión de la alcaldesa, en este caso, «porque son las fiestas del pueblo y hay que respetarlas». «Además, con el ruido de la plaza no se iban a escuchar —los conciertos en terrazas—, así que ¿para qué hacerlos? Nosotros no tenemos ningún problema con eso».
Para otros, «lo de los conciertos» puede ser un «coñazo», incluso «una putada», pero «el auténtico problema son los controles de alcoholemia».
«No digo que no se pongan, pero meter cuatro e incluso cinco controles en seis kilómetros de playa es una locura. La gente no puede salir a cenar y a tomarse una copa sin miedo a que les crujan, es una barbaridad. Aquí se habla mucho del turismo de calidad, pero es al matrimonio de mediana edad al que más tira para atrás este acoso, al que cena con un poco de vino y se toma una o dos copas en un local tranquilo. A los jóvenes de las despedidas no les importa atrancarse en la discoteca hasta que se levanten los controles. Además, ¿cuándo fue la última vez que hubo un accidente medianamente grave en la playa? Es que ni me acuerdo... Insisto, no se trata de dejar al personal que vaya como una cuba, pero que los pongan a las afueras para que no hagan desplazamientos más largos, que en esta zona es donde suelen producirse los accidentes. Por la playa, entre rotondas y resaltos, la gente no pasa de veinte».
«Antes —prosigue—, la gente venía a Mojácar y podía tomarse una cerveza aquí y otra allá, tomarse una copa en un local e irse a otro si no acababa de gustarle el ambiente; ahora, en cambio, se concentra en torno a los pocos negocios que tienen licencia de discoteca —en este punto se repiten las acusaciones de favoritismo hacia una conocida discoteca de la playa— y no salen de allí», protesta.
Similar opinión manifiesta el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Mojácar, Manolo Zamora, para quien si bien no se puede cuestionar la necesidad de los controles de alcoholemia para garantizar la seguridad en la carretera, si es cierto que la «excesiva presión policial» en este aspecto resulta «perjudicial para el municipio». «Mojácar —apunta— es un pueblo turístico, la gente viene aquí a relajarse e ir a la playa, pero también para salir y divertirse. Si nos dedicamos a perseguirla sistemáticamente a la espera de que comenta alguna infracción, lo más probable es que otro año escoja un destino más amable».
Para Zamora, «las multas deberían ser una herramienta al servicio de la convivencia, no un recurso para engrosar las arcas del Ayuntamiento. Basta con examinar la evolución de ese epígrafe en los presupuestos municipales para darse cuenta de hasta qué punto se están utilizando como elemento de recaudación. Y no me refiero ya a las alcoholemias: aparcamiento, botellón, ruido, etc. Cada pocos meses tenemos que aparecer en los medios de comunicación por una ordenanza absurda o una sanción injusta, con lo que ello supone para la imagen del municipio».
«Respecto a los conciertos, no se trata de nada nuevo, de hecho vengo denunciándolo desde hace tiempo: si hay una actuación en algún lugar del pueblo, lo más probable es que no te permitan realizar otra en otro punto. No está recogido en ninguna ordenanza, pero les da lo mismo, y los dueños tragan porque viven de sus negocios y no pueden permitirse un enfrentamiento con el Ayuntamiento, tienen las de perder», ha concluido.
«Pero no me menciones, que me complicas la vida, ¿eh?», repite varias veces durante la conversación el propietario de un local de copas que accede finalmente a hablar conmigo.
Y es que la supuesta arbitrariedad del Consistorio en su trato a los hosteleros parece estar colmando la paciencia de los empresarios del sector en la turística localidad de Mojácar, tan conocida por la bulliciosidad de su vida nocturna como por lo variopinto de sus ordenanzas municipales.
La situación es especialmente tensa entre quienes se dedican al ocio nocturno, y dentro de ellos, entre quienes tienen establecimientos en el casco urbano —como otros municipios costeros, Mojácar se encuentra dividida en dos grandes zonas diferenciadas: el pueblo y la playa—, donde numerosos locales se han visto obligados a cerrar o a cambiar de actividad en los últimos años.
Con todo, ninguno de ellos se muestra dispuesto a hablar públicamente por temor, aseguran, a las posibles represalias del Ayuntamiento. «Vivimos del verano, y esta gente puede echar a la ruina a cualquiera que se les atraviese, no tienen más que azuzarle a los municipales con un taco de normativas en una mano y la cinta de precinto en la otra. Hay a quienes les han amargado el verano con el medidor de decibelios, precintándoles el equipo de música cuando tenían el local a reventar; a otros les han precintado directamente el garito antes de un día de fiesta, y hay incluso una persona que tuvo que llevarse su negocio a otro pueblo porque no la dejaban vivir», explica uno de los damnificados para justificar su silencio. «Pero no les hace falta llegar a esos extremos —continúa—, con ponerse cabrones con el horario de cierre ya pueden hacerte perder muchísimo dinero».
La responsable de este ambiente macartista sería la popular Rosa María Cano, una política temperamental que lleva más de una década encadenando victorias electorales entre acusaciones de compra de votos, fraude en el voto por correo, y empadronamientos irregulares —ninguna de ellas probada judicialmente, cabe señalar—.
El último episodio de esta supuesta serie de abusos habría sido la prohibición de la música en vivo durante las fiestas patronales, que comienzan este fin de semana. «Cuando haya actividades municipales en la plaza, no puede celebrarse ninguna otra de carácter privado en el pueblo. Es todo lo que me han dicho», denuncia otro propietario. «¿Ordenanza? No hay ninguna al respecto, que yo sepa. Tampoco te comunican nada por escrito, el concejal se pasa por aquí y te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. Es así de simple», apostilla.
«A mí no me afecta porque no había preparado nada para estos días —comenta otro hostelero—, pero estas cosas no pasan sólo en feria: cada vez que quieres organizar lo que sea, pero lo que sea, de verdad, hasta traer a un músico con su guitarra, tienes que pedirles permiso. Normalmente no te ponen muchos problemas, pero si les sale de las narices pueden hacerte cancelarlo en cualquier momento. A alguno se le ha presentado el concejal a última hora y le ha dicho "Oye, que hasta las doce". ¿Sabes lo que es eso? ¡Pero si a las doce es cuando empieza a salir la gente de sus casas! ¡Hay gente cenando en los restaurantes a esa hora! Imagina que has estado promocionando la actuación durante días, que te has comprometido con los músicos, y te llega el concejal y te dice que tiene que terminar a la hora en la que debería empezar. Es una putada, no tiene otro nombre».
«Creo que es sólo para las actuaciones en terrazas», apunta otro propietario al hablar de la prohibición de conciertos durante la feria, «pero es una gilipollez, este tipo de actuaciones suelen ser bastante sencillas, de un par de músicos, por lo general, cuando no sea de uno solo, y tampoco son particularmente ruidosas o molestas, más bien al contrario, sobre todo si las comparamos con el jaleo que arman las orquestas de la plaza, claro que a esas no va a ir nadie a medirle los decibelios».
«Hay alguna gente bastante cabreada, pero como siempre: pataleos de barra de bar y críticas por lo bajini… y luego son los primeros en lamerle el culo a la alcaldesa cuando hace falta. Es una pena, pero hay entender que uno monta un negocio para ganarse la vida, si además es capaz de crear algunos puestos de trabajo y ayuda a que otros se la ganen, ya tiene cubierto el cupo de heroísmo, más en estos tiempos», concluye.
También hay, como es natural, quien defiende la decisión de la alcaldesa, en este caso, «porque son las fiestas del pueblo y hay que respetarlas». «Además, con el ruido de la plaza no se iban a escuchar —los conciertos en terrazas—, así que ¿para qué hacerlos? Nosotros no tenemos ningún problema con eso».
Para otros, «lo de los conciertos» puede ser un «coñazo», incluso «una putada», pero «el auténtico problema son los controles de alcoholemia».
«No digo que no se pongan, pero meter cuatro e incluso cinco controles en seis kilómetros de playa es una locura. La gente no puede salir a cenar y a tomarse una copa sin miedo a que les crujan, es una barbaridad. Aquí se habla mucho del turismo de calidad, pero es al matrimonio de mediana edad al que más tira para atrás este acoso, al que cena con un poco de vino y se toma una o dos copas en un local tranquilo. A los jóvenes de las despedidas no les importa atrancarse en la discoteca hasta que se levanten los controles. Además, ¿cuándo fue la última vez que hubo un accidente medianamente grave en la playa? Es que ni me acuerdo... Insisto, no se trata de dejar al personal que vaya como una cuba, pero que los pongan a las afueras para que no hagan desplazamientos más largos, que en esta zona es donde suelen producirse los accidentes. Por la playa, entre rotondas y resaltos, la gente no pasa de veinte».
«Antes —prosigue—, la gente venía a Mojácar y podía tomarse una cerveza aquí y otra allá, tomarse una copa en un local e irse a otro si no acababa de gustarle el ambiente; ahora, en cambio, se concentra en torno a los pocos negocios que tienen licencia de discoteca —en este punto se repiten las acusaciones de favoritismo hacia una conocida discoteca de la playa— y no salen de allí», protesta.
Similar opinión manifiesta el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Mojácar, Manolo Zamora, para quien si bien no se puede cuestionar la necesidad de los controles de alcoholemia para garantizar la seguridad en la carretera, si es cierto que la «excesiva presión policial» en este aspecto resulta «perjudicial para el municipio». «Mojácar —apunta— es un pueblo turístico, la gente viene aquí a relajarse e ir a la playa, pero también para salir y divertirse. Si nos dedicamos a perseguirla sistemáticamente a la espera de que comenta alguna infracción, lo más probable es que otro año escoja un destino más amable».
Para Zamora, «las multas deberían ser una herramienta al servicio de la convivencia, no un recurso para engrosar las arcas del Ayuntamiento. Basta con examinar la evolución de ese epígrafe en los presupuestos municipales para darse cuenta de hasta qué punto se están utilizando como elemento de recaudación. Y no me refiero ya a las alcoholemias: aparcamiento, botellón, ruido, etc. Cada pocos meses tenemos que aparecer en los medios de comunicación por una ordenanza absurda o una sanción injusta, con lo que ello supone para la imagen del municipio».
«Respecto a los conciertos, no se trata de nada nuevo, de hecho vengo denunciándolo desde hace tiempo: si hay una actuación en algún lugar del pueblo, lo más probable es que no te permitan realizar otra en otro punto. No está recogido en ninguna ordenanza, pero les da lo mismo, y los dueños tragan porque viven de sus negocios y no pueden permitirse un enfrentamiento con el Ayuntamiento, tienen las de perder», ha concluido.
