En el caso de no corregir las pérdidas de la empresa de aguas del Levante, esta se disolvería el 1 de diciembre y su liquidación se situaría en los 61 millones de euros
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| Celebración del pleno de Diputación. |
EUROPA PRESS / 01·08·2016
La Diputación Provincial de Almería ha aprobado provisionalmente en sesión plenaria ordinaria el establecimiento de tasas por la prestación de los servicios relacionados con la gestión del ciclo integral del agua y su ordenanza fiscal reguladora con el fin de «reequilibrar» los ingresos de la empresa pública de aguas del levante —Galasa—, de la que posee el 52 por ciento y cuya liquidación, en caso de no mejorar su situación financiera, se situaría en 61 millones de euros.
La medida, que ha contado con el voto en contra del PSOE y la abstención de C's e IULV-CA, ha sido aprobada con los apoyos del equipo de gobierno (PP), cuyo portavoz, Javier Aureliano García, ha criticado que tengan que verse «solos» ante este tipo de decisiones que tienen por objetivo que «Galasa no cierre» y evitar así que 96 trabajadores «vayan a la calle», según ha mencionado.
El portavoz ha asegurado que la Diputación quiere defender Galasa «desde lo público», si bien ha insistido que el problema sobre la gestión del agua en la zona del levante almeriense «lo tienen los municipios», quienes son los que ponen a disposición de la empresa unas instalaciones determinadas y ha reconocido que también es necesario acometer inversiones valoradas en 30 millones de euros de las que la Diputación debe aportar «la mayoría» del capital.
«Las pérdidas de agua no son de Galasa, son de los municipios», ha insistido el vicepresidente, quien ha recalcado que los problemas están en la red de distribución a la baja, donde se registran pérdidas y anomalías sobre el 43 por ciento del suministro.
En cualquier caso, ha recordado que en caso de no corregir las pérdidas de la entidad, esta debe disolverse el 1 de diciembre, por lo que ha requerido a los grupos de la oposición a «buscar una solución».
Ante esta cuestión, el portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, ha recalcado su disposición de «mano tendida» para solucionar los problemas de Galasa, al tiempo que ha manifestado que el voto en contra de su bancada está en «coherencia» con decisiones anteriores y el no haber llevado en primer lugar el objeto de debate a los municipios afectados.
Esta cuestión también ha sido afeada por la portavoz del grupo de IULV-CA, María Jesús Amate, quien ha lamentado que los vecinos tengan que asumir «la mala gestión de los políticos» mediante una revisión tarifaria a fin de amortiguar la deuda de 40 millones de euros de la entidad, según sus cifras.
La medida, que ha contado con el voto en contra del PSOE y la abstención de C's e IULV-CA, ha sido aprobada con los apoyos del equipo de gobierno (PP), cuyo portavoz, Javier Aureliano García, ha criticado que tengan que verse «solos» ante este tipo de decisiones que tienen por objetivo que «Galasa no cierre» y evitar así que 96 trabajadores «vayan a la calle», según ha mencionado.
El portavoz ha asegurado que la Diputación quiere defender Galasa «desde lo público», si bien ha insistido que el problema sobre la gestión del agua en la zona del levante almeriense «lo tienen los municipios», quienes son los que ponen a disposición de la empresa unas instalaciones determinadas y ha reconocido que también es necesario acometer inversiones valoradas en 30 millones de euros de las que la Diputación debe aportar «la mayoría» del capital.
«Las pérdidas de agua no son de Galasa, son de los municipios», ha insistido el vicepresidente, quien ha recalcado que los problemas están en la red de distribución a la baja, donde se registran pérdidas y anomalías sobre el 43 por ciento del suministro.
En cualquier caso, ha recordado que en caso de no corregir las pérdidas de la entidad, esta debe disolverse el 1 de diciembre, por lo que ha requerido a los grupos de la oposición a «buscar una solución».
Ante esta cuestión, el portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, ha recalcado su disposición de «mano tendida» para solucionar los problemas de Galasa, al tiempo que ha manifestado que el voto en contra de su bancada está en «coherencia» con decisiones anteriores y el no haber llevado en primer lugar el objeto de debate a los municipios afectados.
Esta cuestión también ha sido afeada por la portavoz del grupo de IULV-CA, María Jesús Amate, quien ha lamentado que los vecinos tengan que asumir «la mala gestión de los políticos» mediante una revisión tarifaria a fin de amortiguar la deuda de 40 millones de euros de la entidad, según sus cifras.
