Salvador Hernández está procesado por la presunta comisión de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, por el que se enfrenta a una pena de hasta tres años de inhabilitación
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| Salvador Hernández, alcalde de Carboneras. |
EUROPA PRESS / 28·07·2016
El Juzgado de lo Penal 1 de Almería será el encargado de enjuiciar al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en una vista oral cuyo comienzo se ha señalado para el 28 de octubre de 2016.
Hernández está procesado por la presunta comisión de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos al negar, supuestamente, información a la oposición, de manera que se enfrenta a una pena de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La Fiscalía considera que Hernández habría «impedido constante, real y efectivamente la labor de oposición» del concejal del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole «acceso» a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
El escrito de acusación concreta que a Amérigo, impulsor de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento penal, se le han notificado las actas de las juntas de gobierno «en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de 10 días».
Subraya, en esta línea, que el regidor le habría «impedido», asimismo, «de forma sistemática» el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que la Fiscalía concluye que su actuación supuestamente «ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición».
En el escrito de acusación, el Ministerio Público desgrana las peticiones de información presuntamente denegadas y hace alusión a documentación sobre los gastos municipales por la celebración de la fiestas de San Antonio de 2012 o el expediente completo del convenio firmado con la multinacional cementera Holcim.
Enumera, asimismo, solicitudes para consultar, examinar y obtener copia de los expedientes de adjudicación y contratación de las obras de remodelación de la plaza de El Argamasón, del Centro de Interpretación de la Cultura de Los Molinos, de la plaza de El Saltador, del espacio verde 'El Lometico', las obras en el entorno del Castillo de San Andrés, el bulevar de la Avenida de Almería hacia el cementerio, el parque periurbano de El Pocico y la señalización horizontal en el municipio, así como el proyecto de la Plaza del Llano de San Antonio o la construcción de una nave almacén adjudicada a la UTE Limpieza-Carboneras.
Entre los expedientes interesados hace referencia también al mantenimiento integral del alumbrado público, al de los servicios municipales relacionados con el tanatorio, a los que hacen referencia al hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, y a los suelos que el Ayuntamiento tiene en el sector ST-1, así como al listado de todas las cédulas de habitabilidad, licencias de primera ocupación y apertura de establecimientos en los cuatro últimos ejercicios.
El escrito recoge, asimismo, peticiones de información sobre reconocimientos extrajudiciales de créditos y sobre expedientes con empresas como Zofre SLP, Ecofield One, Bio Fuel Systems, GTT-Electrotenia Montrabal SLU-Cooperación 2015, la UTE Tejera-Ciclo Ambiental, Venzal Abogados, Colinamar o Graudi, así como de las dietas o cualquier tipo de remuneración que se haya realizado a favor de los concejales de la corporación con dedicación exclusiva o que ostenten la presidencia de alguna de las comisiones creadas para la presente legislatura, entre otras.
La Fiscalía subraya que, a «todas estas», Hernández dio la «misma contestación» en la que concedía el acceso a la consulta solicitada y comunicaba al PSOE que se «pondrían en contacto para informarle del día y de la hora en la que el personal responsable, según la disponibilidad del servicio y sin entorpecimiento del mismo, podrían atenderle para la citada consulta», sin que, según destaca, llegara a producirse este extremo «en ninguno de los casos, tal y como consta en la certificación del secretario municipal» que obra en la causa.
Hernández está procesado por la presunta comisión de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos al negar, supuestamente, información a la oposición, de manera que se enfrenta a una pena de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La Fiscalía considera que Hernández habría «impedido constante, real y efectivamente la labor de oposición» del concejal del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole «acceso» a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
El escrito de acusación concreta que a Amérigo, impulsor de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento penal, se le han notificado las actas de las juntas de gobierno «en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de 10 días».
Subraya, en esta línea, que el regidor le habría «impedido», asimismo, «de forma sistemática» el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que la Fiscalía concluye que su actuación supuestamente «ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición».
En el escrito de acusación, el Ministerio Público desgrana las peticiones de información presuntamente denegadas y hace alusión a documentación sobre los gastos municipales por la celebración de la fiestas de San Antonio de 2012 o el expediente completo del convenio firmado con la multinacional cementera Holcim.
Enumera, asimismo, solicitudes para consultar, examinar y obtener copia de los expedientes de adjudicación y contratación de las obras de remodelación de la plaza de El Argamasón, del Centro de Interpretación de la Cultura de Los Molinos, de la plaza de El Saltador, del espacio verde 'El Lometico', las obras en el entorno del Castillo de San Andrés, el bulevar de la Avenida de Almería hacia el cementerio, el parque periurbano de El Pocico y la señalización horizontal en el municipio, así como el proyecto de la Plaza del Llano de San Antonio o la construcción de una nave almacén adjudicada a la UTE Limpieza-Carboneras.
Entre los expedientes interesados hace referencia también al mantenimiento integral del alumbrado público, al de los servicios municipales relacionados con el tanatorio, a los que hacen referencia al hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, y a los suelos que el Ayuntamiento tiene en el sector ST-1, así como al listado de todas las cédulas de habitabilidad, licencias de primera ocupación y apertura de establecimientos en los cuatro últimos ejercicios.
El escrito recoge, asimismo, peticiones de información sobre reconocimientos extrajudiciales de créditos y sobre expedientes con empresas como Zofre SLP, Ecofield One, Bio Fuel Systems, GTT-Electrotenia Montrabal SLU-Cooperación 2015, la UTE Tejera-Ciclo Ambiental, Venzal Abogados, Colinamar o Graudi, así como de las dietas o cualquier tipo de remuneración que se haya realizado a favor de los concejales de la corporación con dedicación exclusiva o que ostenten la presidencia de alguna de las comisiones creadas para la presente legislatura, entre otras.
La Fiscalía subraya que, a «todas estas», Hernández dio la «misma contestación» en la que concedía el acceso a la consulta solicitada y comunicaba al PSOE que se «pondrían en contacto para informarle del día y de la hora en la que el personal responsable, según la disponibilidad del servicio y sin entorpecimiento del mismo, podrían atenderle para la citada consulta», sin que, según destaca, llegara a producirse este extremo «en ninguno de los casos, tal y como consta en la certificación del secretario municipal» que obra en la causa.
