La Junta abre un expediente sancionador a los acusados de aplastar a 72 lechones

La administración considera como falta «muy grave» la actuación de los individuos, a quienes podría multar con hasta 100.000 euros una vez concluido el proceso penal que está en curso


Imagen de archivo que fue remitida por la Guardia Civil.

EUROPA PRESS / 30·06·2016

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Rural, ha abierto un expediente sancionador por falta «muy grave» a los dos trabajadores de una explotación porcina de Huércal-Overa, quienes acabaron con la vida de al menos 72 lechones por aplastamiento después de que uno de ellos se arrojara sobre los cerditos mientras que el otro grababa los hechos que posteriormente se difundieron a través de WhatsApp.

Así lo ha trasladado la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba), que contactó con la Administración andaluza a partir de estos hechos e interesó apertura de expediente en virtud de la ley de explotaciones ganaderas, en la que se contemplan sanciones de hasta 100.000 euros.

Cabe recordar que, de forma paralela, se sigue un procedimiento penal por los mismos hechos, mediante el cual la Fiscalía ha solicitado dos años y medio de prisión para D.A.A., de 19 años, como el autor material de la muerte «cruenta e injustificada» de hasta 79 animales, según estos cálculos; así como para M.R., de 22, a quien le reprocha que no hiciera «nada por impedir esta acción» y que, además, presuntamente filmara lo ocurrido.

En su denuncia administrativa, la Anpba invocó la Ley 32/2007 de 7 de noviembre para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, cuyo artículo 14.1.b, tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas de protección animal en cuanto al cuidado y manejo de los animales, cuando «concurra la intención de provocar la tortura o muerte de los mismos». Las multas oscilan entre los 6.001 y los 100.000 euros, apunta la asociación.

Según la notificación de la Junta, el expediente sancionador se inició para cada uno de los trabajadores el pasado 30 de mayo por infracción «muy grave» en lo que respecta al cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

La misma entidad ha recordado que los expedientes sancionadores incoados en vía administrativa quedan en suspenso hasta que se produce el fallo judicial, momento en el que, «por rigurosa aplicación del principio 'non bis in ídem', se determinan las infracciones que pudieran ser sancionadas en el orden administrativo que no lo hubieran sido en el penal».

En esta línea, cabe recordar que el Ministerio Público, al margen de las penas privativas de libertad, interesó el pago de una multa de 12 meses a razón de 12 meses al día, y que se les inhabilite por un periodo de cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que relación con animales o la propia tenencia de estos.

Según relata el escrito del fiscal, D.A.A. y M.R. se encontraban trabajando el 7 de enero de 2016 en la explotación de la empresa Filo Porc SL, en el paraje El Rincón-Los Propios, cuando se dispusieron a trasladar lechones de apenas siete días de vida, desde las «madres de las crías hasta sus correspondientes módulos de recría».

Sostiene que, cuando los animales estaban localizados en el pasillo de traslado, «fueron situados» por ambos y que D.A.A, de «manera injustificada y cruenta», comenzó presuntamente a «abalanzarse y saltar» sobre los lechones, causando su muerte por «aplastamiento».