El PSOE de la localidad lleva ante los tribunales un «concurso teledirigido», una obra «imposible» y un arrendamiento «gravoso para el Ayuntamiento»
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| Imagen de archivo del alcalde de Olula del Río. |
ALMERÍA HOY / 15·12·2015
Ediles del PSOE en el Ayuntamiento de Olula del Río, arropados por la secretaria provincial de política municipal, Adela Segura, han puesto «en manos de la Fiscalía» tres decisiones aprobadas por el equipo de Gobierno municipal durante el último año de la pasada Corporación. Según los socialistas, se trata de irregularidades «basadas en el todo vale» que, según afirman, aplica el actual alcalde de Olula, Antonio M. Pascual (PP).
Así, el primer caso que han denunciado es un proyecto de eficiencia energética consistente en el cambio de alumbrado público. «Había un centro de salud presupuestado, pero el alcalde apuesta por una mejora en el alumbrado del municipio; cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que el alcalde reconoce que el pliego administrativo lleva a error, además de que las 15 empresas que licitan son excluidas por un informe de la Diputación sin firmar por ningún técnico, y vemos que la empresa adjudicataria sale mucho más cara que otras de reconocido prestigio que optaban». Según el portavoz del PSOE en Olula del Río, Juan Francisco Garre Sánchez, «si no hay manipulación, el concurso ha sido teledirigido».
La segunda actuación denunciada por los socialistas es una obra contemplada en los Planes Provinciales de la Diputación para la mejora de una rotonda, una calle y unas pistas municipales, y que según explica Garre, «empieza en marzo, se termina en mayo, pero la Diputación la aprueba y la licita en junio». «Es imposible que una obra iniciada en marzo y finalizada en mayo se conceda en el mes de junio», señalan desde el PSOE.
En cuanto a la tercera presunta irregularidad cometida por el Gobierno municipal de Olula del Río y denunciada por el PSOE, se trata del contrato de arrendamiento «en monte público» firmado también en mayo «y precedido de un informe técnico con el que no se cumple», según Garre Sánchez.
«Posteriormente a la firma de ese contrato, el secretario municipal informa al equipo de Gobierno que no cumple la legalidad, que se han saltado todos los parámetros porque no hay autorización de la Consejería de Medio Ambiente, ni plan de actuación necesario, ni se ha aprobado en pleno», por lo que según el PSOE el arrendamiento no sería legal, sino que sólo cabría una cesión.
Esta última actuación consiste en un merendero que, según Garre Sánchez, «es gravoso para el Ayuntamiento porque arranca con 72.000 euros; a posteriori y por nuestra presión, aprueban en el último pleno el plan de actuación, ya valorado en 250.000 euros, y para colmo, la arrendataria va a coste cero, es decir, no paga nada, y eso no puede ser», ha sentenciado.
Así, el primer caso que han denunciado es un proyecto de eficiencia energética consistente en el cambio de alumbrado público. «Había un centro de salud presupuestado, pero el alcalde apuesta por una mejora en el alumbrado del municipio; cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que el alcalde reconoce que el pliego administrativo lleva a error, además de que las 15 empresas que licitan son excluidas por un informe de la Diputación sin firmar por ningún técnico, y vemos que la empresa adjudicataria sale mucho más cara que otras de reconocido prestigio que optaban». Según el portavoz del PSOE en Olula del Río, Juan Francisco Garre Sánchez, «si no hay manipulación, el concurso ha sido teledirigido».
La segunda actuación denunciada por los socialistas es una obra contemplada en los Planes Provinciales de la Diputación para la mejora de una rotonda, una calle y unas pistas municipales, y que según explica Garre, «empieza en marzo, se termina en mayo, pero la Diputación la aprueba y la licita en junio». «Es imposible que una obra iniciada en marzo y finalizada en mayo se conceda en el mes de junio», señalan desde el PSOE.
En cuanto a la tercera presunta irregularidad cometida por el Gobierno municipal de Olula del Río y denunciada por el PSOE, se trata del contrato de arrendamiento «en monte público» firmado también en mayo «y precedido de un informe técnico con el que no se cumple», según Garre Sánchez.
«Posteriormente a la firma de ese contrato, el secretario municipal informa al equipo de Gobierno que no cumple la legalidad, que se han saltado todos los parámetros porque no hay autorización de la Consejería de Medio Ambiente, ni plan de actuación necesario, ni se ha aprobado en pleno», por lo que según el PSOE el arrendamiento no sería legal, sino que sólo cabría una cesión.
Esta última actuación consiste en un merendero que, según Garre Sánchez, «es gravoso para el Ayuntamiento porque arranca con 72.000 euros; a posteriori y por nuestra presión, aprueban en el último pleno el plan de actuación, ya valorado en 250.000 euros, y para colmo, la arrendataria va a coste cero, es decir, no paga nada, y eso no puede ser», ha sentenciado.
