Tras la denuncia de UPyD, la Fiscalía pide que se abra un procedimiento penal para clarificar si se produjeron irregularidades en la modificación del contrato municipal
EUROPA PRESS / 11·09·2015
La Fiscalía ha solicitado abrir procedimiento penal para investigar si se produjeron presuntas irregularidades en la modificación del contrato de la concesión municipal del servicio municipal de parques y jardines por parte del Ayuntamiento de Almería.
La denuncia, remitida al Decanato de los Juzgados de la capital, interesa que se oficie a la Policía Judicial para que elabore un informe sobre los hechos que puso en conocimiento del Ministerio Público UPyD Almería, y que, de acreditarse, podrían ser constitutivos de delitos de fraude contra la administración pública, prevaricación y malversación.
Al procedimiento penal que se incoe deberá incorporarse, asimismo, el escrito que presentó UPyD, al que se le hace ofrecimiento de acciones, y los dos expedientes del contrato; el primero, de julio de 2013, por el que se adjudicó el contrato a la empresa Cespa S.A. y el segundo, de noviembre de 2014, tramitado para modificar el citado contrato, según han indicado fuentes cercanas al caso.
La investigación penal se va a centrar en el proceso de aprobación, que se hizo de urgencia, de la «modificación del contrato de gestión» del servicio de conservación y mantenimiento de los espacios verdes, así como del arbolado del término municipal de Almería que se aprobó en junta de gobierno.
La modificación se fundamentó en la ampliación de zonas verdes no inventariadas en el registro oficial cuando se hizo la licitación y en el «cambio» de las tipologías de mantenimiento de las zonas verdes.
Así, según recoge la denuncia del Ministerio Público, se «elevaron las frecuencias de tres a cinco días» por semana, lo que derivó, a su vez, en el «incremento del precio» del contrato «anualmente en 557.106,70 euros».
UPyD presentó la denuncia, de febrero de 2015, al considerar que ambas modificaciones «estaban previstas en el contrato» celebrado con la empresa Cespa en julio de 2013 y, por tanto, según concluían, «no deberían haber conllevado tal aumento en el precio del contrato».
La formación magenta mantiene, asimismo, que con estos actos administrativos «se establecieron transgresiones de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y de toda la legislación que obliga a los poderes públicos a vigilar el empleo de los fondos públicos».
Según manifestó al elevar el escrito, la argumentación de la empresaria concesionaria, aludiendo a «un error municipal de medición de zonas verdes para reclamar más dinero por la prestación del servicio», no sería válida ya que en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, «se indicaba que la superficie prefijada era aproximada y orientativa».
«Los licitadores aceptaron que este pliego englobaba la totalidad de los jardines existentes en la actualidad en el término municipal de Almería y de responsabilidad de mantenimiento municipal, por lo que el error contable municipal no daría derecho a incrementar el canon», sostuvieron en sus declaraciones ante los periodistas los respresentantes de UPyD.
La denuncia, remitida al Decanato de los Juzgados de la capital, interesa que se oficie a la Policía Judicial para que elabore un informe sobre los hechos que puso en conocimiento del Ministerio Público UPyD Almería, y que, de acreditarse, podrían ser constitutivos de delitos de fraude contra la administración pública, prevaricación y malversación.
Al procedimiento penal que se incoe deberá incorporarse, asimismo, el escrito que presentó UPyD, al que se le hace ofrecimiento de acciones, y los dos expedientes del contrato; el primero, de julio de 2013, por el que se adjudicó el contrato a la empresa Cespa S.A. y el segundo, de noviembre de 2014, tramitado para modificar el citado contrato, según han indicado fuentes cercanas al caso.
La investigación penal se va a centrar en el proceso de aprobación, que se hizo de urgencia, de la «modificación del contrato de gestión» del servicio de conservación y mantenimiento de los espacios verdes, así como del arbolado del término municipal de Almería que se aprobó en junta de gobierno.
La modificación se fundamentó en la ampliación de zonas verdes no inventariadas en el registro oficial cuando se hizo la licitación y en el «cambio» de las tipologías de mantenimiento de las zonas verdes.
Así, según recoge la denuncia del Ministerio Público, se «elevaron las frecuencias de tres a cinco días» por semana, lo que derivó, a su vez, en el «incremento del precio» del contrato «anualmente en 557.106,70 euros».
UPyD presentó la denuncia, de febrero de 2015, al considerar que ambas modificaciones «estaban previstas en el contrato» celebrado con la empresa Cespa en julio de 2013 y, por tanto, según concluían, «no deberían haber conllevado tal aumento en el precio del contrato».
La formación magenta mantiene, asimismo, que con estos actos administrativos «se establecieron transgresiones de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y de toda la legislación que obliga a los poderes públicos a vigilar el empleo de los fondos públicos».
Según manifestó al elevar el escrito, la argumentación de la empresaria concesionaria, aludiendo a «un error municipal de medición de zonas verdes para reclamar más dinero por la prestación del servicio», no sería válida ya que en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, «se indicaba que la superficie prefijada era aproximada y orientativa».
«Los licitadores aceptaron que este pliego englobaba la totalidad de los jardines existentes en la actualidad en el término municipal de Almería y de responsabilidad de mantenimiento municipal, por lo que el error contable municipal no daría derecho a incrementar el canon», sostuvieron en sus declaraciones ante los periodistas los respresentantes de UPyD.
