El fiscal del Tribunal Supremo pregunta al CSN, al CIEMAT y a la Junta de Andalucía qué se ha hecho y se está haciendo por la restauración medioambiental
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| Recinto en el que cayó una de las 3 bombas en 1966 / Pedro Marín. |
EUROPA PRESS / 16·09·2015
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) mantiene abiertas diligencias informativas para conocer el estado de «recuperación ambiental» y el nivel de «residuos» en los parajes de la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora, sobre los que cayeron en enero de 1966 dos bombas termonucleares procedentes de un B-52 de EEUU que chocó en pleno vuelo con otra aeronave procedente de la base aérea de Morón (Sevilla).
El fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha solicitado informes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y Junta de Andalucía con el fin de conocer qué se ha hecho y se está haciendo por la restauración, así como «la existencia de posibles residuos», según han informado fuentes del Ministerio Público.
Por el momento, el único de los tres organismos que ha dado respuesta al requerimiento ha sido el CIEMAT, por lo que se está a la espera de que remitan los suyos tanto Junta de Andalucía como el CSN.
Las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía con fecha 7 de julio no se dirigen a determinar responsabilidades penales, según han precisado las mismas fuentes, aunque la denuncia de Ecologistas en Acción que dio lugar a su apertura sí solicitaba que se «depurasen» entre los que habrían «permitido la existencia durante medio siglo de un cementerio nuclear al aire libre».
El colectivo conservacionista interesaba, incluso, que se citase al presidente del CNS para que explicase porqué este organismo «no avisó hace cincuenta años del peligro que supone remover tierras contaminadas», así como el por qué de que el Plan de Rehabilitación de Palomares «esté parado desde hace cinco años», y también que se investigase a los miembros de los diferentes gobiernos desde 1966.
50.000 metros cúbicos
La denuncia indicaba que, en 1966, los estadounidenses hicieron «sólo una limpieza publicitaria» y señalaba que, de los nueve kilos de plutonio que cayeron sobre Palomares, «sólo se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur, EEUU) un 3%, lo que se traduce en un total 1.000 metros cúbicos de tierra contaminada». Recordaba, en esta línea, que «ahora el Ciemat reconoce que hay que limpiar 50.000 metros cúbicos más».
Hacía alusión en su cronología a que el 13 de agosto de 1968, el presidente de la Junta de Energía Nuclear envió una carta al entonces ministro de Industria en la que aseguraba: «No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como usted sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio».
«Todos los responsables de la Junta de Energía Nuclear, el Ciemat, el CSN, y los sucesivos gobiernos de la dictadura y de la democracia sabían desde el principio que la mayoría de los nueve kilos de plutonio continuaban esparcidos por Palomares pero, a pesar de saberlo, han negado su existencia y han permitido durante más de cuarenta años que los agricultores y obreros de la construcción pongan en peligro sus vidas levantando al aire tierras contaminadas de plutonio», sostenía el colectivo en su escrito.
Última respuesta del Gobierno
En una respuesta parlamentaria remitida al portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, también el pasado mes de mayo, con el objetivo de saber cuándo piensa el Ejecutivo adoptar las medidas oportunas para la descontaminación total y definitiva de Palomares, el Gobierno justificó que se esté demorando un acuerdo con Estados Unidos.
En su texto, Centella incidía en que los alrededores de estas localidades «necesitan ser descontaminadas radiológicamente de plutonio y americio» ya que se trata de dos elementos «extremadamente radiactivos concentrados en cuatro parcelas de casi 20 hectáreas».
El Ejecutivo recordó al portavoz de la Izquierda Plural que durante su visita a España en 2010, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó constituir un grupo de trabajo a nivel federal estadounidense para considerar las demandas españolas sobre la descontaminación de Palomares.
El fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha solicitado informes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y Junta de Andalucía con el fin de conocer qué se ha hecho y se está haciendo por la restauración, así como «la existencia de posibles residuos», según han informado fuentes del Ministerio Público.
Por el momento, el único de los tres organismos que ha dado respuesta al requerimiento ha sido el CIEMAT, por lo que se está a la espera de que remitan los suyos tanto Junta de Andalucía como el CSN.
Las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía con fecha 7 de julio no se dirigen a determinar responsabilidades penales, según han precisado las mismas fuentes, aunque la denuncia de Ecologistas en Acción que dio lugar a su apertura sí solicitaba que se «depurasen» entre los que habrían «permitido la existencia durante medio siglo de un cementerio nuclear al aire libre».
El colectivo conservacionista interesaba, incluso, que se citase al presidente del CNS para que explicase porqué este organismo «no avisó hace cincuenta años del peligro que supone remover tierras contaminadas», así como el por qué de que el Plan de Rehabilitación de Palomares «esté parado desde hace cinco años», y también que se investigase a los miembros de los diferentes gobiernos desde 1966.
50.000 metros cúbicos
La denuncia indicaba que, en 1966, los estadounidenses hicieron «sólo una limpieza publicitaria» y señalaba que, de los nueve kilos de plutonio que cayeron sobre Palomares, «sólo se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur, EEUU) un 3%, lo que se traduce en un total 1.000 metros cúbicos de tierra contaminada». Recordaba, en esta línea, que «ahora el Ciemat reconoce que hay que limpiar 50.000 metros cúbicos más».
Hacía alusión en su cronología a que el 13 de agosto de 1968, el presidente de la Junta de Energía Nuclear envió una carta al entonces ministro de Industria en la que aseguraba: «No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como usted sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio».
«Todos los responsables de la Junta de Energía Nuclear, el Ciemat, el CSN, y los sucesivos gobiernos de la dictadura y de la democracia sabían desde el principio que la mayoría de los nueve kilos de plutonio continuaban esparcidos por Palomares pero, a pesar de saberlo, han negado su existencia y han permitido durante más de cuarenta años que los agricultores y obreros de la construcción pongan en peligro sus vidas levantando al aire tierras contaminadas de plutonio», sostenía el colectivo en su escrito.
Última respuesta del Gobierno
En una respuesta parlamentaria remitida al portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, también el pasado mes de mayo, con el objetivo de saber cuándo piensa el Ejecutivo adoptar las medidas oportunas para la descontaminación total y definitiva de Palomares, el Gobierno justificó que se esté demorando un acuerdo con Estados Unidos.
En su texto, Centella incidía en que los alrededores de estas localidades «necesitan ser descontaminadas radiológicamente de plutonio y americio» ya que se trata de dos elementos «extremadamente radiactivos concentrados en cuatro parcelas de casi 20 hectáreas».
El Ejecutivo recordó al portavoz de la Izquierda Plural que durante su visita a España en 2010, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó constituir un grupo de trabajo a nivel federal estadounidense para considerar las demandas españolas sobre la descontaminación de Palomares.
