El Juzgado de Huércal-Overa remite a la Audiencia el caso 'Costurero' para enjuiciamiento

El exalcalde Trabalón se enfrenta a penas que suman 180 años de cárcel y 1.050 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, con una fianza civil de 571.147 euros


Imagen de archivo de Cándido Trabalón a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería.

EUROPA PRESS / 18·09·2015

El Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa ha completado el procedimiento del caso 'Costurero' por presunta corrupción urbanística en Zurgena con la práctica de la veintena de diligencias que le solicitó la Audiencia Provincial. Así, ha comenzado a devolver la causa a la Sección Segunda para el enjuiciamiento de los 24 acusados, entre ellos el exalcalde Cándido Trabalón y el exconcejal de Urbanismo Manuel Tijeras.

Las actuaciones, que constan de 14.789 folios divididos en 27 tomos y 15 cajas con piezas de convicción, se han comenzado a remitir de forma «escalonada» tras dar cumplimiento a la diligencia de ordenación dictada en marzo por el tribunal que debe señalar ahora la vista oral y designar nuevo magistrado ponente tras la marcha del presidente de la Sección Segunda, el magistrado Juan Ruiz-Rico, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la citada diligencia, la Sección Segunda solicitó que se practicasen diversas diligencias encaminadas a subsanar 19 omisiones detectadas tras el examen de las actuaciones por parte de la sala. Para ello, resolvió devolver el procedimiento al juzgado instructor.

Entre las omisiones, detallaba la notificación a algunos de los acusados del auto de apertura de juicio oral, la designación de letrados para la defensa o la personación, en calidad de acusación particular, de posibles perjudicados. En total, son 13 ciudadanos extranjeros que compraron viviendas presuntamente fuera de ordenación.

El tribunal también reclamó los siete CD de escuchas telefónicas aportadas por la Guardia Civil, advirtió de que no le constaba como transferido a la cuenta de Consignaciones del dinero intervenido e interesó que se terminasen las piezas de responsabilidad civil «con arreglo a derecho», practicándose las medidas de aseguramiento oportunas.

Como consecuencia, la juez de instrucción dictó una providencia en la que ordenaba la práctica de 15 de las diligencias solicitadas, y que ya se han completado, según han informado fuentes judiciales.


Seis delitos

Los encausados en el caso 'Costurero', que explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde y el concejal de Urbanismo, irán a juicio por la supuesta comisión de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, contra la ordenación del territorio y desobediencia.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez resolvió imponer a Trabalón, quien se enfrenta a penas que suman 180 años de cárcel y 1.050 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, una fianza civil de 571.147 euros.

El fiscal, que acusa al exregidor andalucista de un total de 120 delitos aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces «irregulares».

Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo «a cambio» de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran «sin cobrar precio» un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.

Para Tijeras, el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión, mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno, y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no.

Para el exconcejal de Urbanismo, el juez instructor ha fijado la fianza civil en 8.630 euros, aunque el Ministerio Público destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero «cuya cuantía y número no ha podido determinarse», así como un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles 'Antonio de la Jacinta' y 'New Horizon Villas', y principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera «irregular».