El Defensor del Pueblo andaluz presenta su informe sobre atención a menores infractores en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Almería
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| El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, y el defensor del pueblo, Jesús Maetzu. |
ALMERÍA HOY / 14·07·2015
El informe sobre la atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía ha centrado este martes el debate en los cursos de verano de la UAL con su presentación por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
El Defensor del Pueblo ha destacado que la violencia filio parental ha experimentado un incremento, ya que «ha cambiado el perfil, ahora son familias de clase media y no desestructuradas, donde el no poner límites a los hijos con una educación permisiva ha dado lugar a agresiones, que junto con la actual situación de crisis económica, no la aguantan». En esta misma línea, Maeztu ha resaltado los datos de la memoria de la fiscalía y el consejo del Tribunal Superior del Justicia de Andalucía (TSJA) con 500 sentencias, de las que 258 son penas de internamiento cerrado.
Con respecto al índice de criminalidad, Maeztu ha destacado que «tenemos una media de 750 niños en proceso de internamiento, que dura un año y pico. Según las medidas judiciales, entre el 75% y el 80% de los menores se reinserta, y cerca de un 20% reincide en régimen cerrado. A esto hay que añadir que está habiendo una equiparación de sexos, y un repunte en cuanto a las niñas se refiere.
Las causas de este incremento de la criminalidad son varias. Por un lado, el comportamiento fomentado por adición y la educación permisiva, «casos en los que no hay valores y se ceban contra la madre»; y por otro, pequeños trastornos de conducta, como PDH o autismo, que no se han tratado en la escuela por parte de los padres y termina en comportamiento de patología.
Al valorar estos datos, surge la misma pregunta de si la sociedad quiere un enfoque dirigido a la reinserción del menor o un enfoque represivo con normas para judicializarlos. En su ponencia, Maeztu ha expuesto cómo trabajan los centros de internamiento, y ha resaltado la tendencia de la sociedad de protegerse de una violencia que está generada en la propia sociedad. «Las normas palían y tienen un papel, pero con la judicialización no se consigue la reinserción de un joven. Por tanto, tenemos que usar otros métodos. En estos cursos sacaremos el silencio al debate de esta cuestión para evitar que por miedo o baja autoestima se silencien en la sociedad andaluza», ha insistido.
El Defensor del Pueblo ha destacado que la violencia filio parental ha experimentado un incremento, ya que «ha cambiado el perfil, ahora son familias de clase media y no desestructuradas, donde el no poner límites a los hijos con una educación permisiva ha dado lugar a agresiones, que junto con la actual situación de crisis económica, no la aguantan». En esta misma línea, Maeztu ha resaltado los datos de la memoria de la fiscalía y el consejo del Tribunal Superior del Justicia de Andalucía (TSJA) con 500 sentencias, de las que 258 son penas de internamiento cerrado.
Con respecto al índice de criminalidad, Maeztu ha destacado que «tenemos una media de 750 niños en proceso de internamiento, que dura un año y pico. Según las medidas judiciales, entre el 75% y el 80% de los menores se reinserta, y cerca de un 20% reincide en régimen cerrado. A esto hay que añadir que está habiendo una equiparación de sexos, y un repunte en cuanto a las niñas se refiere.
Las causas de este incremento de la criminalidad son varias. Por un lado, el comportamiento fomentado por adición y la educación permisiva, «casos en los que no hay valores y se ceban contra la madre»; y por otro, pequeños trastornos de conducta, como PDH o autismo, que no se han tratado en la escuela por parte de los padres y termina en comportamiento de patología.
Al valorar estos datos, surge la misma pregunta de si la sociedad quiere un enfoque dirigido a la reinserción del menor o un enfoque represivo con normas para judicializarlos. En su ponencia, Maeztu ha expuesto cómo trabajan los centros de internamiento, y ha resaltado la tendencia de la sociedad de protegerse de una violencia que está generada en la propia sociedad. «Las normas palían y tienen un papel, pero con la judicialización no se consigue la reinserción de un joven. Por tanto, tenemos que usar otros métodos. En estos cursos sacaremos el silencio al debate de esta cuestión para evitar que por miedo o baja autoestima se silencien en la sociedad andaluza», ha insistido.
