RAMIRO TÉLLEZ
04·06·2015
El pasado fin de semana se jugó la final de la Copa del Rey de fútbol. La atención del acontecimiento, que debería haber estado fijada en lo puramente deportivo se centró, por mor de las circunstancias políticas, en el preámbulo. Los independentistas habían advertido de, y cumplido después, su intención de pitar el himno nacional e insultar a España, personificada en la figura de su majestad Felipe VI.Desde entonces los amantes de la ley como garante de la democracia estamos esperando que la primera se cumpla. Es el mínimo exigible en un Estado de derecho. Que la pitada sea sancionable no es opinable, porque nuestro ordenamiento jurídico lo deja taxativamente claro en el artículo 543 del capítulo VI del título XXI del Código Penal:
«Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.»
¿Alguien duda de que se haya ofendido a España a través de sus símbolos, como pitar su himno o insultar al rey? ¿O de que se haya hecho con publicidad? ¿O de que, antes del partido, se estuvieran repartiendo pitos, sufragados con dinero público, para cometer el delito? ¿Alguien en su sano juicio puede creer que, espontáneamente y sin incitación previa, todo un estadio proceda a la pitada como un solo hombre sin el beneplácito de los clubes? Incluso si estos fueses inocentes, ¿no se puede identificar mediante imágenes de televisión a algunos de los delincuentes? Esas imágenes se han utilizado anteriormente para identificar a otros infractores, como los lanzadores de objetos al campo.
Desgraciadamente, parece que una vez más la ley no se va a cumplir. Han transcurrido ya cinco días desde la ofensa a España contemplada en el Código Penal, pero todo parece indicar que los ofensores se van a ir de rositas. Con todo, lo más grave no es esta circunstancia, sino que nos hayamos acostumbrado a ella. El asunto viene de lejos. En Almería, sin salir de casa, tenemos el dudoso honor de que con nosotros se cometiera el primer fraude de ley de la Democracia violando la Constitución de 1978 recién aprobada, forzando la incorporación de Almería a Andalucía contra la voluntad de los almerienses. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Sin salir de Cataluña, lugar de la pitada, recordemos algunas ilegalidades recientes que no han sido castigadas:
La Generalidad de Cataluña no ha cumplido ninguna de las sentencias que la obligan a proporcionar enseñanza en español en la escuela pública catalana. Por supuesto, tampoco la más reciente. No ya es que no se permita a los niños aprender o hablar en español, sino que en algunos casos se ha llegado a vejarlos por expresarse en él. Incluso en Baleares. Privar a un español del uso del español en España es anticonstitucional, porque nuestra Constitución establece, en su artículo 3, que «el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
La Generalidad de Cataluña está en abierta sedición. Repasando el anteriormente citado título XXI del Código Penal, no cabe duda que está cometiendo al menos delitos de rebelión, contra las instituciones el Estado, usurpación de atribuciones y relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Por su parte, Arturo Mas, como cabeza de la misma, es responsable como mínimo de los delitos por los que VOX le interpuso una querella: prevaricación, usurpación de atribuciones, desobediencia a la autoridad judicial, rebelión y, subsidiariamente, sedición. Aunque la querella siga adelante, viendo los precedentes no se puede ser muy optimista con que esta vez sí se cumpla la Ley y el infractor sea sancionado.
La Generalidad de Cataluña está en abierta sedición. Repasando el anteriormente citado título XXI del Código Penal, no cabe duda que está cometiendo al menos delitos de rebelión, contra las instituciones el Estado, usurpación de atribuciones y relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Por su parte, Arturo Mas, como cabeza de la misma, es responsable como mínimo de los delitos por los que VOX le interpuso una querella: prevaricación, usurpación de atribuciones, desobediencia a la autoridad judicial, rebelión y, subsidiariamente, sedición. Aunque la querella siga adelante, viendo los precedentes no se puede ser muy optimista con que esta vez sí se cumpla la Ley y el infractor sea sancionado.
Cuando se tiene la percepción —o mejor, la seguridad— de que la ley no se cumple, y de que los poderosos son inmunes a sus efectos como consecuencia de que el político elige al juez que ha de juzgarlo, la sociedad se harta y reacciona irracionalmente. No debe extrañar, por tanto, el alza en las pasadas elecciones autonómicas y municipales de partidos que pregonan una ruptura total con la ley, llegando al punto de decir que se incumplirán las leyes que parezcan injustas por parte del cargo electo.
De persistir la impunidad de tales conductas, ¿qué fuerza moral le quedaría a un gobernante para castigar el desacato legal por parte de personas del pueblo llano que se sumasen a la moda? Recordemos que estamos en plena campaña de la Renta, y a muchas personas les resulta muy injusta la confiscación estatal del fruto de su esfuerzo —lejos de mí la intención de dar ideas—.
No sé si como sociedad somos conscientes de la gravedad de la situación. En democracia, el respeto a la ley es sagrado y la base de la misma. Sin ley no hay democracia, y en España llevamos demasiado tiempo violándola. Que las consecuencias no nos cojan desprevenidos.
Ramiro Téllez es doctor en Químicas y profesor de la Universidad de Almería, así como vicepresidente provincial de VOX.
