El Gobierno andaluz ha asumido la defensa judicial del delegado socialista de Medio Ambiente, imputado por un presunto delito de prevaricación
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| José Manuel Ortiz Bono, delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. |
EUROPA PRESS / 25·06·2015
La juez que investiga si existió prevaricación en el cambio de uso de suelo forestal a agrícola autorizado en 289,5 hectáreas de Tabernas para el cultivo de olivo ha rechazado decretar sobreseimiento de la causa contra el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Manuel Ortiz Bono (PSOE).
La providencia de la magistrada Alejandra Dodero indica que no ha lugar a decidir sobre el archivo solicitado por la Junta de Andalucía, que ha asumido la defensa de Ortiz Bono, ya que la instrucción aún no ha concluido y no sería, por tanto, el «momento procesal oportuno». Alude, de esta forma, a que están «aún pendientes de practicar algunas diligencias».
La Junta argumentó para solicitarlo que su defendido «no se apartó en ningún momento de lo informado por los técnicos», dos de los cuales están también imputados en las diligencias previas. En concreto, se trata de dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural.
Ortiz Bono está imputado por un presunto delito de prevaricación después de que la Fiscalía pidiese la apertura de procedimiento penal al apreciar «irregularidades y omisiones» en la tramitación del cambio de uso de suelo de una superficie total de 289,5 hectáreas a instancias de la mercantil Gespater S.L.U. entre enero y junio de 2013.
En concreto, en su denuncia recaída ante el Juzgado de Instrucción 1 de Almería consideró que la autorización de cambio de uso de suelo hubiese precisado de autorización unificada ambiental según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ya que «la explotación iba a ser de regadío aunque posteriormente se modificase la solicitud inicial a olivar de secano» de acuerdo al análisis de la memoria técnica y a la documentación que acompañaba a la solicitud de la empresa.
En su escrito para pedir el sobreseimiento «inmediato sin pedir ninguna otra diligencia probatoria» de las actuaciones con respecto al delegado territorial, la Junta sostiene que «no existen indicios racionales» de que cometiese prevaricación e incide, en esta línea, en las explicaciones que en su declaración ante la juez dio el propio Ortiz Bono el pasado 21 de abril.
En concreto, la letrada del Gobierno andaluz señala que «ninguno» de los tres expedientes a los que se refiere la denuncia «fue tramitado ni pudo ser examinado» por el responsable de la Delegación, «de modo que no observó ni analizó, ni la solicitud, ni los documentos que la acompañaban, ni los informes obrantes en la misma», al tiempo que subraya que «no tiene además formación técnica en la materia a fin de conocer su corrección».
Indica, al hilo de esto, que lo que se le presentó a Ortiz Bono «fue la propuesta de resolución ya redactada para que se proceda a su firma» y hace referencia a que así lo «confirmaron» en sus declaraciones como imputados los dos funcionarios de Medio Ambiente.
La providencia de la magistrada Alejandra Dodero indica que no ha lugar a decidir sobre el archivo solicitado por la Junta de Andalucía, que ha asumido la defensa de Ortiz Bono, ya que la instrucción aún no ha concluido y no sería, por tanto, el «momento procesal oportuno». Alude, de esta forma, a que están «aún pendientes de practicar algunas diligencias».
La Junta argumentó para solicitarlo que su defendido «no se apartó en ningún momento de lo informado por los técnicos», dos de los cuales están también imputados en las diligencias previas. En concreto, se trata de dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural.
Ortiz Bono está imputado por un presunto delito de prevaricación después de que la Fiscalía pidiese la apertura de procedimiento penal al apreciar «irregularidades y omisiones» en la tramitación del cambio de uso de suelo de una superficie total de 289,5 hectáreas a instancias de la mercantil Gespater S.L.U. entre enero y junio de 2013.
En concreto, en su denuncia recaída ante el Juzgado de Instrucción 1 de Almería consideró que la autorización de cambio de uso de suelo hubiese precisado de autorización unificada ambiental según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ya que «la explotación iba a ser de regadío aunque posteriormente se modificase la solicitud inicial a olivar de secano» de acuerdo al análisis de la memoria técnica y a la documentación que acompañaba a la solicitud de la empresa.
En su escrito para pedir el sobreseimiento «inmediato sin pedir ninguna otra diligencia probatoria» de las actuaciones con respecto al delegado territorial, la Junta sostiene que «no existen indicios racionales» de que cometiese prevaricación e incide, en esta línea, en las explicaciones que en su declaración ante la juez dio el propio Ortiz Bono el pasado 21 de abril.
En concreto, la letrada del Gobierno andaluz señala que «ninguno» de los tres expedientes a los que se refiere la denuncia «fue tramitado ni pudo ser examinado» por el responsable de la Delegación, «de modo que no observó ni analizó, ni la solicitud, ni los documentos que la acompañaban, ni los informes obrantes en la misma», al tiempo que subraya que «no tiene además formación técnica en la materia a fin de conocer su corrección».
Indica, al hilo de esto, que lo que se le presentó a Ortiz Bono «fue la propuesta de resolución ya redactada para que se proceda a su firma» y hace referencia a que así lo «confirmaron» en sus declaraciones como imputados los dos funcionarios de Medio Ambiente.
