El socialista Rogelio Mena se enfrenta a dos años y seis meses de inhabilitación para cargo público por negar información a la oposición
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| Rogelio Mena, alcalde de Albox y miembro de la ejecutiva provincial del PSOE. |
EUROPA PRESS / 04·06·2015
El alcalde electo de Albox, Rogelio Mena (PSOE), será enjuiciado este jueves acusado de denegar presuntamente de «forma sistemática» información a la oposición con respecto a facturas relativas a tres empresas y diversos expedientes de contratación.
Mena se enfrenta, en una vista oral que se va a celebrar en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, a una petición de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por parte de la Fiscalía, que le imputa un supuesto delito contra los derechos cívicos al considerar «que impidió la actividad fiscalizadora» del portavoz del grupo municipal del PP, y que así lo hizo «con total conocimiento».
En la misma línea resolvió el Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa, que ordenó en diciembre de 2014 la apertura de juicio oral al encontrar indicios racionales de que habría «entorpecido la transparencia en la gestión pública». Un mes antes, el regidor solicitó la «suspensión temporal» de su cargo en la Ejecutiva del PSOE-A como secretario de Ideas y Programas para, según argumentó, evitar «la instrumentación política que se estaba realizando de un proceso judicial abierto por el PP».
Según relata el Ministerio Público en su escrito, Rogelio Mena «ha impedido constantemente, con total conocimiento, la labor del oposición» al denegar al portavoz del PP, Juan Pedro Pérez Quiles «de forma sistemática varias peticiones de información remitidas por él».
Desgrana que la primera petición de información de los expedientes de contratación y facturas relativas a las empresas 'Planta de Reciclaje Albox SL', 'Demoliciones y Asfaltos La Calzada SL' y 'Alcaina Estudio de Ingeniería' se efectuó el 7 de febrero de 2013.
Once días después, Pérez Quiles comunicaba al Ayuntamiento, que al haber transcurrido el plazo de cinco días que la ley estipula para contestar a la petición, se iba a personar en las dependencias municipales para acceder a la documentación, una solicitud que era desestimada por resolución de Alcaldía el día 20 de la que se informó al edil del PP cuando se personó al día siguiente en el Consistorio.
El Ministerio Público detalla que el mismo proceso se inició con una segunda petición de información relativa a idénticos documentos elevada el 17 de mayo de 2013. En esta ocasión no fue contestada y cuando el concejal fue al Ayuntamiento «esta no estaba ni preparada ni disponible para su entrega».
El tercer requerimiento se realizó el 7 de junio con idéntico resultado, mientras que ya en noviembre del mismo año, y tras un nuevo cruce de escritos, se le entregó, según recoge el escrito, una diligencia de Secretaria en la que «se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar el mencionado expedientes por no contar con la autorización de la Alcaldía».
Para la Fiscalía, habría «impedido» con su actuación «la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición», y remarca que las facturas relativas a estas tres mercantiles «se encontraban incluidas en el Plan de Pago a los Proveedores del Ayuntamiento de Albox».
Juicio
Rogelio Mena ha indicado durante el juicio que «nunca estuvo en su ánimo conculcar» ningún derecho «ni mucho menos el control y fiscalización» de la gestión municipal, y ha apuntado que las «ingentes» peticiones de información por parte de la oposición ejercida por el portavoz del PP, Juan Pedro Pérez, a lo largo del año 2013 «pretendían la obstrucción de la acción de gobierno».
«Eso es otra cosa», ha manifestado en sala para, a continuación, asegurar que no repartió «instrucciones» para que no se diese acceso a expedientes y facturas a Pérez Quiles, «sino todo lo contrario». Lo ha hecho en respuesta a la interpelación del fiscal con respecto a una diligencia de la Secretaría que obra en la causa en la que «se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar expedientes por no contar con la autorización de la Alcaldía», y a un acta notarial que «corroboraría» la versión del denunciante.
«Este alcalde, si algo tiene, es que es profundamente demócrata y mi disposición ha sido facilitar siempre toda la transparencia y la participación de cualquier concejal. Esas han sido mis directrices y órdenes a todos los servicios técnicos de la corporación», ha apuntillado no sin antes arrogarse haber marcado «un punto de inflexión» en estas prácticas con su llegada a la Presidencia del Ayuntamiento de Albox.
Mena, quien ha aprovechado su derecho a la última palabra en el acto de juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal 1 de Almería para trasladar que desea «que se haga justicia», ya que su familia se ha visto afectada por una situación «moral de indefensión y de condena de banquillo», ha recurrido en varias ocasiones a su condición de «político», que no de «técnico».
«Soy alcalde presidente en el marco de una elección política, no técnica ni administrativa. Cuento con personal técnico propio y externo que da respuesta en el marco de la legalidad vigente», ha afirmado a preguntas del Ministerio Público, que ha elevado a definitivo su escrito de acusación, por el que interesa la pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de un delito contra los derechos cívicos.
Mena se enfrenta, en una vista oral que se va a celebrar en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, a una petición de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por parte de la Fiscalía, que le imputa un supuesto delito contra los derechos cívicos al considerar «que impidió la actividad fiscalizadora» del portavoz del grupo municipal del PP, y que así lo hizo «con total conocimiento».
En la misma línea resolvió el Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa, que ordenó en diciembre de 2014 la apertura de juicio oral al encontrar indicios racionales de que habría «entorpecido la transparencia en la gestión pública». Un mes antes, el regidor solicitó la «suspensión temporal» de su cargo en la Ejecutiva del PSOE-A como secretario de Ideas y Programas para, según argumentó, evitar «la instrumentación política que se estaba realizando de un proceso judicial abierto por el PP».
Según relata el Ministerio Público en su escrito, Rogelio Mena «ha impedido constantemente, con total conocimiento, la labor del oposición» al denegar al portavoz del PP, Juan Pedro Pérez Quiles «de forma sistemática varias peticiones de información remitidas por él».
Desgrana que la primera petición de información de los expedientes de contratación y facturas relativas a las empresas 'Planta de Reciclaje Albox SL', 'Demoliciones y Asfaltos La Calzada SL' y 'Alcaina Estudio de Ingeniería' se efectuó el 7 de febrero de 2013.
Once días después, Pérez Quiles comunicaba al Ayuntamiento, que al haber transcurrido el plazo de cinco días que la ley estipula para contestar a la petición, se iba a personar en las dependencias municipales para acceder a la documentación, una solicitud que era desestimada por resolución de Alcaldía el día 20 de la que se informó al edil del PP cuando se personó al día siguiente en el Consistorio.
El Ministerio Público detalla que el mismo proceso se inició con una segunda petición de información relativa a idénticos documentos elevada el 17 de mayo de 2013. En esta ocasión no fue contestada y cuando el concejal fue al Ayuntamiento «esta no estaba ni preparada ni disponible para su entrega».
El tercer requerimiento se realizó el 7 de junio con idéntico resultado, mientras que ya en noviembre del mismo año, y tras un nuevo cruce de escritos, se le entregó, según recoge el escrito, una diligencia de Secretaria en la que «se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar el mencionado expedientes por no contar con la autorización de la Alcaldía».
Para la Fiscalía, habría «impedido» con su actuación «la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición», y remarca que las facturas relativas a estas tres mercantiles «se encontraban incluidas en el Plan de Pago a los Proveedores del Ayuntamiento de Albox».
Juicio
Rogelio Mena ha indicado durante el juicio que «nunca estuvo en su ánimo conculcar» ningún derecho «ni mucho menos el control y fiscalización» de la gestión municipal, y ha apuntado que las «ingentes» peticiones de información por parte de la oposición ejercida por el portavoz del PP, Juan Pedro Pérez, a lo largo del año 2013 «pretendían la obstrucción de la acción de gobierno».
«Eso es otra cosa», ha manifestado en sala para, a continuación, asegurar que no repartió «instrucciones» para que no se diese acceso a expedientes y facturas a Pérez Quiles, «sino todo lo contrario». Lo ha hecho en respuesta a la interpelación del fiscal con respecto a una diligencia de la Secretaría que obra en la causa en la que «se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar expedientes por no contar con la autorización de la Alcaldía», y a un acta notarial que «corroboraría» la versión del denunciante.
«Este alcalde, si algo tiene, es que es profundamente demócrata y mi disposición ha sido facilitar siempre toda la transparencia y la participación de cualquier concejal. Esas han sido mis directrices y órdenes a todos los servicios técnicos de la corporación», ha apuntillado no sin antes arrogarse haber marcado «un punto de inflexión» en estas prácticas con su llegada a la Presidencia del Ayuntamiento de Albox.
Mena, quien ha aprovechado su derecho a la última palabra en el acto de juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal 1 de Almería para trasladar que desea «que se haga justicia», ya que su familia se ha visto afectada por una situación «moral de indefensión y de condena de banquillo», ha recurrido en varias ocasiones a su condición de «político», que no de «técnico».
«Soy alcalde presidente en el marco de una elección política, no técnica ni administrativa. Cuento con personal técnico propio y externo que da respuesta en el marco de la legalidad vigente», ha afirmado a preguntas del Ministerio Público, que ha elevado a definitivo su escrito de acusación, por el que interesa la pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de un delito contra los derechos cívicos.
